Ante el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, serán presentados los antecedentes y conclusiones de la comisión que investigó irregularidades en procesos de licitación ocurridos en la división El Salvador, de Codelco, donde se licitaron procesos de movimiento de material mina por 104 millones de toneladas, donde solo era necesario mover 20 millones de toneladas, lo que en Codelco justificaron como un error de cálculo cuyo perjuicio fiscal podría ascender a más de 130 millones de dólares.
La comisión investigadora de las presuntas irregularidades en procesos de licitación en la División El Salvador de Codelco, estableció responsabilidades administrativas y políticas por la pérdida aproximada de 90 mil millones de pesos, por fallas de cálculo en la licitación del movimiento de 104 millones de toneladas de material mina y que según los trabajadores de la Cuprífera y parlamentarios que formaron parte de la instancia investigadora, es un despilfarro millonario de recursos.
La presidenta de la comisión investigadora, Daniela Cicardini, subrayó que la instancia determinó irregularidades en los procesos de licitación, hay responsabilidades políticas y administrativas por parte del presidente de Codelco, Nelson Pizarro y también de Cochilco que ha fallado en su rol fiscalizador.
El diputado de la UDI, Sergio Gahona, cuestionó el rol de Cochilco en esta falta de fiscalización a procesos que Codelco denominó “errores de cálculo”, con una perdida patrimonial de 130 millones de dólares, pero que en opinión del legislador no es más que el pago de sobreprecios en la División El Salvador, que la cuprífera insistentemente se negó a transparentar.
El diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, aseguró que este escándalo, cuyo perjuicio para Codelco aún no logra ser cuantificado, es responsabilidad directa del actual directorio de Codelco y Cochilco, pero principalmente del expresidente ejecutivo de Codelco Nelson Pizarro y el expresidente del directorio de la cuprífera, Oscar Landerretche.
Los antecedentes y conclusiones recabados por la comisión investigadora serán puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ya que en opinión de quienes integraron la instancia investigadora de la Cámara, dado el perjuicio fiscal en este despilfarro de recursos, no se descartan eventuales conflictos de interés, que podrían tener el carácter de delitos.
Fuente: BioBioChile
