Una propuesta alternativa a la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales fue la que desarrolló el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Raphael Bergoeing, en medio del debate que ha generado por el impacto que las reformas laborales que propone el Gobierno tendrían sobre el empleo en Chile.
“Se quiere bajar la jornada laboral a 40 horas y eso es algo importante para la calidad de vida y Chile tiene un ingreso que permite pensar en una jornada más breve, pero ¿por qué no aprovechamos entonces de bajar la jornada al mismo tiempo que logramos introducir una flexibilidad de jornada que permita que las empresas sean más eficientes y con esa eficiencia, en paralelo, financien la menor jornada?”, señaló el economista en entrevista con EmolTV.
Así, en vez de tener 45 horas semanales –lo actual-, que se traducen en aproximadamente 200 horas al mes, el economista puso sobre la mesa la idea de reducir la jornada a 180 horas mensuales. “Eso es un 10% menos de jornada, pero ya no hablamos de jornadas semanales, sino que mensuales”, explicó, afirmando además que dicha variante permitiría a las empresas y trabajadores revisar sus cronogramas en función de sus propias necesidades y realidades.
Al ser consultado por el impacto de este modelo en el mercado laboral, David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, comentó que se trata de una medida que “apunta a enfrentar la excesiva rigidez de la norma actual del Código del Trabajo que establece una jornada de 45 horas semanales distribuibles en no más de 6 ni en menos de 5 días y que constituye un traje único que se aplica a distintas realidades de empresas y trabajadores”.
“Permitir que se pueda pactar individualmente una jornada mensual de 180 horas es una ganancia en adaptabilidad laboral que puede tener un efecto positivo en la productividad laboral. Es una medida que podría tener un efecto positivo en la coyuntura actual pero, fundamentalmente, tendría ganancias de mediano y largo plazo”, acotó.
A su juicio, el introducir una jornada laboral de 180 horas mensuales “no perjudicaría la recuperación del empleo sino por el contrario, porque debería ser pactada individualmente y añadiría opciones beneficiosas para las partes en la relación laboral que hoy no existen”.
Por el contrario, Bravo manifestó reparos respecto del proyecto del Ejecutivo – las denominadas “40 horas”- considerando que “rebajar la jornada máxima de 45 a 40 horas semanales con la misma remuneración mensual representa un incremento en el costo laboral de 12,5%”, advirtiendo que en caso de aplicarla “sin gradualidad, representa un contrasentido en el momento actual de crisis en el mercado laboral, con un empleo que no ha recuperado sus tasas previas a la pandemia”.
Junto con ello, señaló que esta “mantiene la misma rigidez de la jornada única para todas las empresas y todo tipo de trabajadores, aunque las partes quisieran pactar de modo distinto”.
Ahora bien, Rodrigo Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, hizo un alcance, argumentando que “la flexibilidad laboral, en principio, no es una mala idea cuando se ejecuta en contextos de relaciones laborales que permitan su aplicación sin caer en un abuso empresarial, y eso significa que los trabajadores tengan cierta capacidad de negociación para poder, efectivamente, resguardar que no se produzcan esos abusos”.
Y continuó diciendo que “en el caso chileno eso no ocurre, porque tenemos relaciones laborales muy precarias donde hay informalidad en muchos casos, donde hay escasa fiscalización administrativa por la Dirección del Trabajo (DT), donde hay un escaso impacto de las sanciones que tiene el incumplir las normas laborales y donde no tenemos un sistema de relaciones colectivas, o de sindicatos, que puedan suplir precisamente esa debilidad que tiene la fiscalización administrativa”.
En ese sentido, el abogado laboralista planteó que “aunque pueda parecer una buena idea, es una idea que genera mucho riesgo de precarización aún mayor de las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso es que se estima que en un modelo precario como es el chileno y como son la mayoría de los modelos latinoamericanos, lo que corresponde es tener derechos laborales claros, reconocidos como mínimos, más que efectivamente estos espacios de flexibilidad que se prestan para abuso empresarial”.
La postura de las pymes
Para el vicepresidente de la Confederación de Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, el “no hablar de horas semanales, sino hablar de horas mensuales y no tener encima la amenaza de las ’40 horas’, creemos que es una opción que da bastante más flexibilidad y permite adecuar un poco a cada pyme con sus trabajadores y ajustar los turnos de tal manera de enfrentar esta nueva realidad”.
Asimismo, mencionó que “es una opción un poco más atractiva en la medida que solo sea esta decisión que hay que tomar y no lleve de la mano el aumento del sueldo mínimo a $400 mil y también el aumento en los costos de las cotizaciones previsionales que tendrá que pagar el empleador. Por eso creemos que es un tema digno de analizar y creemos que es un poco menos difícil de implementar”.
Tras ello, explicó que “las 40 horas no permite adecuar la jornada esencialmente en las pymes y en una actividad muy intensa en mano de obra. Un negocio no es posible dejarlo sin atención y las panaderías también hay que cumplir con la función, por eso es un poco más difícil, en cambio, transformándolo en horas mensuales, da un poco más de flexibilidad”.
Lo que sí, Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), aseguró que la baja a 180 horas mensuales “sigue siendo una ilusión para las empresas mipymes que tienen procesos continuos y que, por lo tanto, para cubrir esas 20 horas adicionales tendrían que contratar más personas, aumentando el costos de producción, generando presión al alza en los precios y finalmente inflación”.
“Las empresas que producen bienes funcionan de forma distinta a las que operan en servicios y por lo tanto, con esa propuesta seguiremos con la problemática de una norma general que no distingue los distintos procesos productivos y aplicando 45 horas a la semana”, añadió.
Por su parte, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, sostuvo que con la propuesta de la CNEP “las mipymes podrían tener mayor capacidad durante el mes para ir definiendo los turnos y si es necesario, contratar nuevos colaboradores. De igual manera, cualquier tipo de reducción, sea semanal o mensual, estaría impactando a las micro, pequeña y mediana empresa, por lo que urge que se avance en medidas aterrizadas que estén vinculadas hacia subsidios y financiamiento por parte del Gobierno”.
Y aseguró que “son las grandes empresas las que están más preparadas para rebajar la jornada laboral, porque ellas tienen más tecnología, generan mayor productividad con sus trabajadores, por lo tanto, el impacto va a ser menor (…). En ese sentido, obviamente hay que ver que las ’40 horas’ van a tener un impacto, sobre todo en industrias que no van a poder cumplir turnos, y efectivamente eso va a tener mayores costos y mayores precios finales para los consumidores”.
Fuente: Emol.com
