Hace casi 10 años, exactamente a las 03.34 AM, un sismo de magnitud 8,8 remeció la zona centro sur del país, provocando un posterior tsunami que terminó por destruir gran parte de las zonas afectadas por el fenómeno. Si bien el epicentro se ubicó en la región del Biobío (actual región del Ñuble), el terremoto causó daños entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, donde habita cerca del 80% de la población del país.
No fue hasta el mediodía del 27-F, cuando habían pasado ocho horas después del terremoto, que el SHOA constataba que las costas de Chile habían sido afectadas por un tsunami. Todo ello, en medio de una serie de descoordinaciones y desestimaciones entre el organismo y la Onemi, pese a que las advertencias de expertos sí existieron. El saldo fue de 521 personas fallecidas, de las cuales 156 fueron a causa del maremoto, y otras 25 desaparecidas.
A pocos días de conmemorar una década de la tragedia, los organismos técnicos, de investigación y de gestión territorial hacen sus respectivos balances. Aunque las tecnologías han ido avanzando conforme a los tiempos, hay otros aspectos clave que parecen ir unos pasos más atrás.
Por ejemplo, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y el Centro Sismológico Nacional (CSN) hoy en día cuentan con una serie de mejoras en aspectos como sistema de alertas, educación a la población, más dotación de personal, reducción de los tiempos de respuesta, y funcionamiento 24-7, entre otros. Avances que, por lo demás, permitieron enfrentar de manera eficiente los sismos registrados posteriormente, en Iquique (2014) e Illapel (2015).
Sin embargo, las dudas se instalan al momento de evaluar si se ha logrado tener más capacidad preventiva que reactiva, y especialmente cómo se articulan los protocolos de manera que todo el territorio esté preparado para una eventual emergencia de este tipo. Este punto es especialmente relevante si se considera que fue uno de los que falló en 2010.
Las falencias de ese entonces no son una duda para nadie. El actual director de la Onemi, Ricardo Toro, dijo a Emol que “quedó demostrado que falló un sinnúmero de cosas”. Por su parte, el director del Centro Sismológico Nacional (CSN), Sergio Barrientos, recuerda que “la información del tamaño del sismo se demoró poco más de dos horas en llegar a la Onemi, debido a que las comunicaciones se habían cortado, habían pocas estaciones y el sistema de registro era anticuado”.
Por eso, tras el terremoto, la Comisión Internacional de la ONU estableció 75 recomendaciones, entre ellas, aplicar un nuevo sistema de políticas públicas, Gestión de Riesgo y Desastre, un sistema de Alerta Temprana, Sistema de Protección Civil, y mejoras al sistema operativo a través de sus organismos técnicos. La gran parte de ellas, ya han sido implementadas, pero Toro reconoce que, para “cerrar el círculo” aún falta avanzar en el plano legislativo.
La importancia de las políticas públicas
La tarea pendiente se encuentra hoy en la Comisión de Gobierno del Senado en su segundo trámite: el proyecto de ley ingresado el 2011 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. “Esta ley está en el Congreso bastante avanzada y se están realizando los análisis desde el punto de vista económico (…) y se espera que antes de fin de año sea aprobada”, aclara Toro.
Con esta normativa se le entregarían mayores facultades a la Onemi, pues pasaría de tener la facultad de asesorar y coordinar, a sumar responsabilidades como dirigir, planificar y supervisar, viendo su estructura reforzada a nivel central y regional, con profesionales de apoyo, vehículos y desarrollos tecnológicos.
El senador PS, Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, aclaró a Emol que hace más de seis meses terminaron su tramitación en su parte sustantiva. “Estamos parados en que el Gobierno del Presidente Piñera, la Dirección de Presupuesto no ha querido mandar la indicación necesaria que fija la planta (personal) para este nuevo servicio”, destacó.
A su juicio, el Gobierno buscaría que “se mantenga la práctica que los gobiernos de turno estén fijando por sus propios criterios las plantas, las estructuras orgánicas de los servicios que se van creando en el tiempo”, y asegura que “es de una absoluta irresponsabilidad el no darle el mandato legal al nuevo servicio (…) sería adecuado que no se tarde más, es inaceptable y negligente, pues seguiremos estando dentro de los 10 países del mundo con más episodios y emergencias”.
Por ahora, ese organismo solo cuenta con un sistema dependiente del Plan Nacional de Protección Civil, “que es un documento indicativo, que no obliga, sino que depende de las voluntades de las personas y autoridades de turno. Lo ideal es que en un país, todo sea vinculante y sea obligatorio”, dice Toro. Pero eso hoy en día queda a merced del criterio, por ejemplo, de los alcaldes, si el mapa de riesgo ante desastres conversa con su plan regulador, o si están más interesados o no en avanzar en materia preventiva.
Para Carolina Martínez, académica de la Universidad Católica e investigadora de Cigiden -centro de excelencia interuniversitario creado en 2011- “la Onemi sigue siendo una oficina, con un Plan Nacional de Protección Civil quizás más avanzado, pero con tan pocos recursos, que hoy en día nos hace falta una institución robusta que pueda incorporar conocimientos y gestione la reducción del riesgo que, además considere el cambio climático”.
En esa misma línea opina William Arévalo, alcalde de Santa Cruz y presidente de la Comisión de Catástrofe de la Amuch, quien también pone el foco en la manera poco vinculante en que se desarrollan los protocolos, y desde su vereda como alcalde asegura que la actual legislación no les permite utilizar recursos públicos para implementar mejoras en esta línea a nivel local.
En la comuna han incorporado un sistema ante estos eventos denominado “Plan Pingüino” que apunta a la educación escolar, pues a juicio del edil, hay que apuntar a las nuevas generaciones. Para ello, dice, “hemos tenido que utilizar recursos de universidades extranjeras e inversión privada”.
El CSN también habla de lo pendiente. Barrientos dice que le gustaría tener mayor flexibilidad como institución pública en materia de recursos, es decir, que puedan ingresar de manera más rápida para mejorar el equipamiento técnico. Y, por otro lado, destaca que “lamentablemente, nosotros sólo podemos responder cuando la situación es más crítica”, pues solo es posible probar con certeza que los sistemas están funcionando cuando ocurre un terremoto de gran magnitud. “Eso a nosotros nos preocupa”.
Planificación territorial: “El talón de Aquiles” de las lecciones
La construcción y reconstrucción también tiene sus puntos de contraste, y también se vislumbra una tarea legislativa por delante. Para Toro, el hecho de que se construya en los bordes costeros “tiene que ver con la realidad geográfica de Chile, por lo tanto la mayoría de las ciudades se construyeron allí, o en el faldeos de volcanes, o a lo largo de los ríos”, explica.
Por eso, la Onemi está asociada al marco Sendai para la Reducción de Riesgos y Desastres aprobado por la ONU (2015-2030), donde se establece que no se debe reconstruir en el mismo lugar afectado, y si se llegara a hacer esto, “debiera realizarse con las obras de mitigación” correspondientes. Sin embargo, nuevamente esto queda a merced de las voluntades.
Para Martínez el punto conflictivo es que en la reconstrucción “siempre se piensa en viviendas, y se localizan en los mismos lugares que un tsunami arrasó”. Para eso, se entrega una serie de argumentos, por ejemplo, que las personas no quieren abandonar sus casas o que no hay suelo disponible, pero al final del día, a su juicio, “nadie se hace cargo de las vidas humanas que se pierden por estas decisiones”.
Por eso la tarea también pasa por el Ministerio de Vivienda y los privados que, al momento de erigir condominios u otro tipo de infraestructura que, consideran ítems como el cableado subterráneo pero, por ejemplo, “no se considera erigir cortafuegos para prevenir emergencias” dice Toro, recordando que Chile es un país azotado por la amenaza de las catástrofes.
Desde la Cigiden, Martínez plantea que la planificación territorial es “el talón de Aquiles de estas lecciones que se han ido vendiendo después de 10 años del 27-F”, destacando que más allá de las características geográficas de Chile, se trata de un problema de enfoque. “Tenemos una reacción desde la emergencia, pero no tenemos todavía una cultura arraigada en la prevención”.
En ese sentido destaca que “muy pocos planos reguladores tienen articuladas las áreas de riesgo como forma de orientar la ocupación en términos de seguridad para la vida humana y de infraestructura crítica”, esto, sumado a que el artículo 2.117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -que hoy está en revisión- tampoco considera el concepto de “área de riesgo”.
Eso, en definitiva, deja vacíos legales que no terminan por regular de manera correcta la ocupación que no sólo tiene que ver con la infraestructura, sino que también con la rapidez con que avanzan los procesos sociales o de urbanización. “No se alcanzan a incorporar los cambios socioterritoriales a instrumentos que son poco flexibles en el tiempo”, puntualiza la investigadora.
“La vulnerabilidad más extrema es la poca preparación de las autoridades”
“Siempre se puede mejorar”, dice Barrientos al ser consultado sobre los aspectos técnicos que aún están pendientes. Por ejemplo, “un sistema de observación submarino, donde podamos poner sensores en el fondo del mar para capturar mejor las ondas, y ayudaría a los sistemas de Alerta Temprana”.
Por ahora, se está trabajando en un prototipo que la Onemi accedió a financiar, que consiste en un sensor terrestre -en la costa y hacia el interior- que permite mayor fluidez en la transmisión de datos de manera permanente, y un análisis de datos en un servidor central, que permite determinar el tamaño del terremoto y anticipe las alertas.
El alcalde Arévalo se detiene en los puntos jurídicos pendientes. Así, sostiene que ha propuesto al Parlamento dos puntos: que las empresas privadas puedan hacer aportes para la reconstrucción bajo la ley de donaciones, y todas las autoridades elegidas por votación popular tengan certificación para una respuesta ante catástrofes. “La vulnerabilidad más extrema que tenemos es la poca preparación de las autoridades en estos hechos”, destaca.
Toro lo resume así: “al ser autoridad, uno no es víctima, sino que es responsable de entender cuál es el riesgo que vive su localidad y realizar acciones preventivas (…) no basta con que un organismo esté a cargo de eso, sino que es todo un sistema que tiene que funcionar y toda su población tiene que estar consciente que tiene que aportar para el desarrollo sea integral”.
Pese a todo, el balance de los organismos técnicos es optimista. Desde la Onemi dicen que “claramente estamos mejor preparados que en 2010”. En tanto, desde el CSN, pese a que los fenómenos de la naturaleza son impredecibles, Chile está preparado quizá en 90% para sopesar una emergencia, “porque siempre hay que dejar espacio para lo inesperado”. Lo que sí esperan los actores involucrados, es que todas las aristas preventivas sean vinculantes, y eso ahora está a tiempos del Congreso.
FUENTE EMOL
