El Comité de Ministros -cuya conformación está en suspenso- debe votar a más tardar el martes 31, a no ser que el Tribunal Ambiental o la Corte Suprema señalen lo contrario. Los tiempos, de todas formas, son acotados.
El proyecto minero-portuario Dominga que Andes Iron quiere poner en marcha en la comuna de la Higuera, en Coquimbo, no ha dejado de generar movimiento en el Gobierno.
Es que ayer hubo dos anuncios clave por parte del Ejecutivo. Primero, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) comunicó la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Esto, con el objetivo de que se eche pie atrás en la resolución que invalidó la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023, de rechazar la iniciativa.
El segundo anuncio llego por parte de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien informó la inhabilitación de los secretarios de Estado que votaron en la primera instancia en las futuras votaciones por Dominga. Esto, considerando que una de las razones del Tribunal Ambiental para estipular que debían volver a pronunciarse apuntó a las expresiones previas de las autoridades sobre el proyecto.
Junto con ello, la secretaria de Estado indicó que el Gobierno envió un ofició a la Contraloría para “que nos ayude a resolver tanto la composición como la presidencia de un nuevo comité que deba resolver este fallo”.
Tras los anuncios, surgieron una serie de preguntas. ¿Qué viene ahora? ¿Cuánto podría demorar Contraloría en pronunciarse? ¿Cuáles son los escenarios que se abren?
Los escenarios
“La Contraloría, para este tipo de temáticas, demora un promedio de 45 días hábiles”, explica Rosa Gómez, académica de la Facultad de Derecho de la Uandes.
Al respecto, Raúl Campusano, director Académico del Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, explica que “si la Contraloría no responde en los próximos días, el Gobierno enfrentará una decisión compleja: avanzar sin su pronunciamiento o esperar a que se resuelva la consulta. Este último escenario podría retrasar aún más la deliberación del Comité”.
“Además -añade- cualquier decisión tomada sin claridad sobre la composición o presidencia del Comité podría ser cuestionada legalmente, y la Contraloría podría eventualmente desaprobar el proceder del Gobierno, generando un conflicto institucional que añadiría mayor complejidad al caso”.
Graciela Martínez; Analista de Sostenibilidad en BDO Chile, también ve que podrían existir dificultades para el Gobierno. Esto, en el escenario de que la Corte Suprema tampoco se pronuncie esta semana sobre la impugnación de la sentencia del Tribunal de Antofagasta, considerando que el martes vence el plazo para que el Comité de Ministros se reúna.
“Sería un escenario complejo, porque permitiría al proyecto continúe su curso administrativo, al menos temporalmente, lo que además de mantener un grado de incertidumbre para el proyecto, también lo haría a la comunidad y presentaría un antecedente nada positivo ante la comunidad sobre la capacidad real de SEA respecto de la evaluación y sanción en caso de que no se cumplan los requisitos ambientales”, dice.
A ello, agrega preocupación por la “incertidumbre que puede generar para el sistema completo, más allá de los intereses particulares de cada lado. Un fallo tardío permite avanzar en tramites que pueden ser rechazados posteriormente, costando tiempo y recursos tanto a los interesados en el proyecto como a los organismos encargados de la evaluación, por lo que habría más presión para su aprobación al jugar con más recursos de los inversionistas”.
“Si no se ve esta semana, el Comité debe sesionar de todos modos, puesto que no existe una suspensión decretada”, dice por su parte la académica Gómez.
“Si la Corte Suprema demora su decisión y el Gobierno decide no convocar al Comité, el proyecto quedaría en un estado de incertidumbre administrativa. Esto podría llevar a los promotores del proyecto a argumentar que sus derechos han sido vulnerados por la falta de resolución dentro de un tiempo razonable, lo que podría derivar en nuevas acciones legales por demoras injustificadas”, explica, en tanto, Raúl Campusano.
Iván Poklepovic, director de Recursos Naturales de Aninat Abogados, en tanto, afirma que en el caso de que el Tribunal Ambiental no se pronuncie, hay dos esenarios.
Plantea a El Mercurio que si el Tribunal otorga la suspensión solicitada por el SEA, quedan suspendidos los efectos de la sentencia hasta que la Corte Suprema resuelva la casación. Pero “si no otorga la suspensión, podría entenderse que hay un desacato si el Comité de Ministros no resuelve el proyecto Dominga dentro del plazo que indicó la sentencia”, dice.
Fuente: Emol
