Un grupo de ex estudiantes de la Universidad Arturo Prat, junto a la diputada Cristina Girardi (PPD), pidieron a la Contraloría que no haga toma de razón del nombramiento del rector Alberto Martínez hasta que no finalice el sumario administrativo que debe iniciar en su contra y de otros tres directivos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura acusados de plagio.
La denuncia por plagio realizada por ex estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Arturo Prat se encuentra judicializada en contra de Hugo Rodríguez, director de carrera; Evadil Ayala, director de calidad; Marianela Llanos, directora de docencia y del ex decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Alberto Martínez, quien hoy ocupa el cargo de rector del plantel estatal.
Willybaldo Saavedra, uno de los denunciantes, señaló que presentaron una querella por asociación ilícita, apropiación indebida de propiedad intelectual y falsificación de instrumento público contra quienes resulten responsables.
Asimismo,señaló que existe temor de parte de otros afectados de sumarse a la acción judicial, debido al nivel de influencias que tendría el rector Martínez.
“Hoy en día existe una gran cantidad de estudiantes, dentro de los que han sido afectados, que tienen miedo de sumarse a las acciones judiciales porque este individuo, el electo rector, tiene mucho poder en la región”, aseguró.
Agregó que además “es consejero regional de Tarapacá, es ahora rector y además de eso es presidente de la asociación de industriales y muchas otras cosas más, entonces, los estudiantes saben de que ir en contra de eso, eventualmente te puede jugar en contra en un futuro trabajo, o en una futura postulación a alguna institución de la región”.
Según la querella presentada por los exestudiantes, el reglamento de la carrera señala que los alumnos podrán optar a la titulación siempre que desarrollen una publicación indexada como autor principal y en conjunto con un académico.
Sin embargo, Saavedra explicó que cuando la revista aceptaba el trabajo, los directivos -incluido el actual rector– cambiaban el orden de la autorías, para figurar ellos como los autores principales.
Debido a esta denuncia, la diputada e integrante de la Comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD), solicitó al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que de curso al sumario administrativo que no pudo realizarse en la Universidad Arturo Prat, ya que al asumir uno de los acusados como rector del plantel estatal, el fiscal del caso tuvo que inhabilitarse, quedando la indagatoria en manos de la Contraloría.
Además, pidió que no se curse el decreto de nombramiento del rector Alberto Martínez, hasta que la Contraloría no termine la indagatoria, pese a que éste ya asumió en el cargo.
“Está asumido desde el 30 de diciembre. Se reservó número de folio para el decreto nombramiento, pero no ha sido todavía nombrado y a pesar de esto, está ejerciendo funciones, pero en el caso de que la Contraloría tome razón, nos gustaría que él tuviera en antecedente todas estas situaciones para ver la posibilidad de no dar curso a ese decreto nombramiento”, sostuvo.
Del mismo modo, explicó que “cuando asume como rector no hay ningún funcionario que pueda asumir como fiscal de mayor o igual jerarquía que el rector, por lo tanto ese sumario se solicitó a la Contraloría General de la República”.
Los cuatro directivos, en tanto, demandaron a la Universidad Arturo Prat por 40 millones de pesos por daño moral, ya que según ellos no las autoridades no los escucharon ni defendieron de las acusaciones.
Consultado el plantel estatal sobre esta solicitud a la Contraloría, señalaron que estaban analizando una eventual respuesta.
Fuente: BioBioChile
