Mientras parlamentarios llaman a que el Ejecutivo “escale” el asunto y eleve el tono, expertos apuntan a reforzar colaboración conjunta con otros países limítrofes e, incluso, buscar ayuda en órganos internacionales.
La crítica situación que vive Venezuela desde el presunto triunfo de Nicolás Maduro en las urnas, el domingo 29 de julio, ha llevado a que la comunidad internacional ponga sus ojos en las posibles olas migratorias que puedan producirse en las próximas semanas o meses.
Distintos sondeos que realizados antes de las elecciones proyectaban que un 44% de los ciudadanos de ese país decía estar “dispuesto” a emigrar si el líder chavista ganaba las elecciones. La proyección es que podría darse un éxodo de 2 a 5 millones.
Y aunque la cifra real la dará los siguientes meses, lo cierto es que ya varios países han tomado algunos resguardos, entre ellos, Chile. A fines de julio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció “preocupación” por este tema, y anunció que ya se habían comenzado a analizar medidas respecto a lo que pueda ocurrir en el norte del país.
Posteriormente, la ministra precisó que el Ejecutivo está desarrollando una estrategia conjunta con el resto de países de la zona, a fin de contener el impacto del flujo de migrantes. “La vez pasada nos pilló totalmente de imprevisto, sin que hubiera ninguna condición mínima para abordar eso. Ahora tenemos mejores condiciones”, dijo Tohá a Radio FM Quiero de Antofagasta.
Y en ese contexto, reconoció que uno de los asuntos a solucionar es la poca colaboración por parte de Bolivia, que hasta ahora no permite reconducir a los extranjeros que son sorprendidos intentando ingresar de manera irregular al país.
Tohá reconoció que han buscado “varios métodos” para un acercamiento con ese país, y que en “esta nueva etapa”, el Gobierno entiende que debe intensificar las gestiones. Aunque han descartado entregar detalles de cómo serían esas nuevas fórmulas, la ministra apuntó a la “corresponsabilidad” en el manejo de las fronteras como “un principio básico en la relación de los países”.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que se evalúa “establecer cuotas” para el ingreso de venezolanos. “Entendemos que cada país está siendo impactado por esta migración y entendiendo obviamente que esto no es llegar y cerrar, sino que ordenar, control y orden. Y en ese proceso de ordenamiento migratorio no hemos descartado, más bien estamos evaluando, si es que se acuerda con otros países, el que se establezcan cuotas”, indicó.
El rol clave de Bolivia
La nueva Ley de Migraciones, promulgada en febrero de 2022, establece, entre otras medidas, el mecanismo de reconducción en la frontera.
Es decir, cuando las personas se detectan intentando cruzar de manera ilegal, se les conduce a puntos específicos donde está la PDI, se hacen los registros correspondientes, y luego son entregadas a efectivos de las policías respectivas: ya sea, si cruzaron desde Perú, o si cruzaron desde Bolivia.
No obstante, es con Bolivia donde se han generado los mayores obstáculos para hacer dichos procedimientos y es la frontera de Colchane la que acumula los mayores intentos de paso irregular, con hasta un 93%. El Presidente Gabriel Boric ha instado en varias oportunidades a su par boliviano, Luis Arce, a que se retomen las relaciones diplomáticas que se rompieron en la década del ’70; pero la respuesta desde ese país ha estado condicionada a darle “solución al tema marítimo pendiente”.
En estos últimos años han existido conversaciones, hojas de ruta consular, mesas de trabajo, encuentros, y varias otras acciones desde Cancillería que más bien han resultado tibios.
Por eso, ahora que se reactiva el debate por una eventual diáspora, son varias las voces que apuntan a la urgencia de que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric acelere las conversaciones con Bolivia y se refuercen las fronteras. Asimismo, expertos descartan que un eventual “acuerdo por cuotas” sea realmente efectivo para resolver el problema.
Parlamentarios apuntan a “escalar” controversia
Consultados por Emol, parlamentarios de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, no descartan como opción que el Gobierno “escale” el tema con Bolivia, aún cuando esto implique “quitar” algunos beneficios que el vecino país mantiene respecto a Chile. Otros apuntan a reforzar de mejor manera la frontera.
El diputado RN, Diego Schalper, plantea que el Gobierno “tiene que escalar la controversia con Bolivia, porque Bolivia en la práctica no está resguardando adecuadamente su frontera. Esa es la verdad. Porque saben que el destino final son otros países”.
En esa línea, llamó al Gobierno a que junto con otros países que se vean afectados “como Perú, Argentina, seamos capaces de hacerle un planteamiento multilateral a Bolivia, de dejar sin efecto la resolución que ha hecho el director de migraciones de abril del 2022, donde básicamente consolida jurídicamente en un documento chileno esta situación”.
En tanto, el diputado Tomás de Rementería (PS), dijo esperar que “el Gobierno tenga un diálogo con Bolivia y se le haga entender esta situación, porque Bolivia también tiene ciertos beneficios de Chile; que tenemos una frontera que tiene que trabajarse con aquello y espero que podamos arreglar ese problema en las reconducciones”.
“Yo sé que Bolivia no es el destino final, pero obviamente sirve de paso y nos hace mucho para no permitir que las personas pasen de Venezuela a Bolivia o de Perú a Bolivia para después entrar a Chile. Entonces yo creo que tiene que haber ahí un cierto nivel de responsabilidad también por el paso y también nosotros reforzar la frontera para que no puedan ni siquiera entrar“, sostuvo.
Por su parte, el diputado PPD, Raúl Soto, comentó que “para Chile es fundamental y prioritario llegar a un acuerdo que incluya a Bolivia en materia migratoria para viabilizar las reconducciones por su territorio y Bolivia debe entender que esto es para nosotros de suma importancia y urgencia”.
A su juicio, si esto no ocurre, “creo que Chile debiese escalar la tensión diplomática con dicho país al punto incluso de poner en riesgo beneficios que Chile le entrega a Bolivia en materia económica en materia de acceso a los puertos, al Océano Pacífico, por ejemplo, porque sin duda que necesitamos reciprocidad y hoy día no la estamos teniendo de parte de Bolivia”.
Acudir a instancias internacionales
Los expertos plantean respecto a Bolivia que no ha mostrado “ningún interés” en impedir el tránsito de la migración terrestre irregular, y que Chile no sólo debe propender a mejorar las relaciones bilaterales, sino que incluso, debería considerar acudir a instancias internacionales.
Edgar Fuentes, experto en derecho internacional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, comenta que “afrontar esa crisis no va a ser posible única y exclusivamente desde una política migratoria de Chile, más allá de arreciar los controles que existen para las entadas migratorias, que implica procesos mucho más ágiles y necesarios para evitar situaciones de irregularidad”.
A su juicio, la mayor preocupación que tiene en este momento Chile “es que tiene que atender y buscar soluciones a través de los organismos internacionales, desde la propia OEA, además de los diálogos que tienen que entrar con los países vecinos para buscar una manera real y efectiva para atender esa situación”.
“Incluso, me atrevería a decir que una de las cosas que puede ser bastante importante sobre este tipo de medidas y sobre las relaciones diplomáticas es pensar en la intervención de los tribunales internacionales de carácter interamericano. Estoy hablando en esencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de las medidas que tienen de manera profesional para atender este tipo de circunstancias”, afirmó.
La “fantasía” de un acuerdo de cuotas
Por su parte, Juan Pablo Toro, analista de AthenaLab, plantea que la idea del Gobierno de plantear un “acuerdo de cuotas” con otros países para establecer el ingreso de venezolanos al país, “es una fantasía”, y que “cualquier gobierno que acepte eventualmente cuotas, tendrá que hacerse cargo de una medida muy impopular. Por lo cual, las claves internas van a incidir en la decisión final”.
Esto, porque “en toda la región hay posturas muy distintas sobre la crisis política de Venezuela, aceptarlo no es opción para los gobiernos que apoyan a Maduro, porque implica reconocerlo implícitamente como causa del problema”.
“La Unión Europa, que sí está muy integrada, demoró 8 años en sacar adelante un acuerdo de cuotas de migrantes y lo que sacó en limpio en diciembre de 2023 es que se crea un mecanismo voluntario de reparto de migrantes, cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los miembros. Pero los países que se nieguen a acoger migrantes deberán pagar una multa de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda a los afectados por la presión migratoria. Y solo para tener una dimensión, la UE tiene 450 millones de habitantes”, comenta el experto.
Según Toro, lo más “realista” es reforzar la frontera con soluciones tecnológicas eficientes y mejorar el patrullaje.
Fuente: Emol
