En 69 días, dos ministras dejaron sus cargos. Esto, desde que se destapó que el Gobierno adquiriría la casa del ex Presidente Salvador Allende en Guardia Vieja 392 con la intención de convertirla en museo.
¿Cuál fue el problema? Que la nieta del otrora mandatario, y hasta ayer ministra de Defensa, Maya Fernández, junto a su hermano Alejandro, son dueños de la residencia.
La propiedad ubicada en Guardia Vieja tendría un costo de 24.291UF, es decir, $933 millones, según señalaron desde el Ministerio de Bienes Nacional a Fast Check.cl.
Esto obviamente también salpicó a la senadora Isabel Allende (PS), hija de quien fuera Mandatario de 1970 a 1973.
La primera versión del Gobierno
El 3 de enero, y ya con la oposición encima del tema, el Gobierno salió a hablar por primera vez del caso. “El proceso de adquisición es un proceso que tiene muchas etapas, que partió hace muchos meses atrás, hay algunos decretos que autoriza la compra que fue tomado razón por Contraloría, luego viene proceso de tasaciones, la determinación del precio, la escrituración, otros decretos que tienen que firmarse, estamos en ese proceso”, señaló la vocera Aisén Etcheverry.
Agregó que “entendiendo que se trata de dos familias donde existen personas que han ocupado y que ocupan cargos públicos, tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como de las Culturas, están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegado a la ley y por supuesto, con mayor transparencia posible y por eso que se comunicó que esto está en proceso. Entonces en un proceso en curso”.
La compra no va
Sin embargo, y solo horas después de estas declaraciones de la vocera, La Moneda echó pié atrás, desistió de la compra.
“Cada una de las etapas ha sido evaluada en su mérito. Como parte de este proceso, y debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, sostuvo Presidencia.
La entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, complementó que “lo que pretendíamos al adquirir esta residencia es resguardar su legado y poner a disposición de las futuras generaciones, por tanto, la responsabilidad, la prudencia y decisión de tomar en el momento que corresponda estas decisiones, tiene total sentido y hoy creemos que (había) que tomar esta decisión en este momento”.
Y el Presidente Boric también habló del caso. “Que no les quepa duda, y esto quiero decirlo de manera muy clara, nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio, ni enriquecerse a costa del Estado. Eso jamás lo permitiría, jamás lo permitiría”.
Sandoval, la primera damnificada
Antes del mediodía del 6 de enero, el Presidente Boric tomaba la primera drástica medida. “Ha solicitado la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval“, señalaba Presidencia.
Desde la oposición valoraron el hecho, pero también apuntaron a Maya Fernández. “Es llamativo que el hilo se corte por lo más delgado como siempre en el Gobierno. Nosotros nos preguntamos dónde está la responsabilidad política también de la ministra de Defensa, la principal beneficiaria, junto con la senadora Allende”, sostuvieron desde Chile Vamos.
Republicanos avisa que va al TC
El Partido Republicano endureció aún más el tono, y el 7 de enero anunció que recurría al Tribunal Constitucional, para que tanto Fernández como Allende dejen sus cargos.
El Gobierno se defendía. La vocera Etcheverry sostuvo que no se transgredió nada de la Constitución. “Soy repetitiva a propósito de los efectos esperados, los contratos se celebran con un objetivo y en este caso el objetivo es la transferencia de la propiedad de un bien raíz, en este caso de la familia del ex presidente Allende, al fisco, eso no ocurrió, ni estuvo cerca de ocurrir porque faltaban todavía etapas pendientes”.
El TC finalmente acogió lo solicitado por Republicanos. Y en el Congreso, se aprobó la creación de una comisión investigadora.
En lo judicial, el fiscal nacional Ángel Valencia designó al persecutor Patricio Cooper para que lidere la investigación por la fallida compra.
Se citó a declarar a Fernández y Allende, y ambas hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
Esto provocó que Valencia señalara que “el guardar silencio no es una forma de colaborar”. A lo que el Gobierno replicó con que “hemos colaborado en las distintas diligencias contribuyendo con información, explicando procesos”.
“Mea culpa” del Gobierno y la “advertencia” de Sandoval
“Fue una desprolijidad mayúscula la que se generó, y por eso salió una ministra, y no hubo el debido control jurídico ni una atención a la globalidad del proceso, porque desde muy temprano se pudo haber sabido que esto no iba poder llegar a término. Esa es una responsabilidad política y no una responsabilidad administrativa de un funcionario”.
Así se refería el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, a lo realizado por el Ejecutivo.
A fines de enero además se supo que funcionarios de Bienes Nacionales alertaron sobre las consecuencias políticas y comunicacionales negativas que podía acarrear la operación. También lo hizo la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a través de un llamado al asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno.
La respuesta de La Moneda habría sido que era un problema comunicacional del que se encargaría la Presidencia.
Luego, se reveló que existe una minuta firmada por la jefa de gabinete del Servicio de Patrimonio e hija de Lautaro Carmona (PC), Paz Carmona, donde advirtió al Ministerio de Cultura el “efecto jurídico y comunicacional”.
El rechazo del TC y la declaración de Fernández
El 10 de febrero, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inhabilidad presentado en contra de Fernández.
La Primera Sala del TC consideró, en un fallo que no fue unánime, desecharla. Señalaron que el requerimiento no cumplía con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley N° 17.997, por lo que se considerará como no presentado para todos los efectos legales.
Sin embargo, el TC señaló que haría una revisión de un segundo requerimiento que buscaba inhabilitar a la entonces ministra. Y ahí, antes de esto, Fernández declaró ante la Fiscalía por cerca de tres horas.
A esto se sumó el anuncio de Acusación Constitucional que presentaría Chile Vamos contra la secretaria de Estado.
La renuncia
Con todo en contra, ayer lunes 10 de marzo Fernández dio un paso al costado. Presentó su renuncia y el Presidente Boric “le agradeció” su trabajo durante casi 3 años en el cargo.
Fuentes de Defensa señalan que en el Ministerio tuvo una despedida donde se le vio muy emocionada junto a los funcionarios.
Fuente: Emol
