Se trata de una querella presentada hace tres semanas por el abogado republicano Raimundo Palamara en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
La Fiscalía Regional de Coquimbo inició diligencias en el marco de la querella de la Fundación Fuerza Ciudadana contra el Presidente Gabriel Boric por presunta malversación de caudales públicos en el contrato con el abogado Jonatan Valenzuela, para que lo represente en la causa por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende.
Según consigna La Tercera, se trata de una querella presentada hace tres semanas por el abogado republicano Raimundo Palamara en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción judicial fue acogida a trámite y la fiscalía accedió a realizar algunas de las diligencias solicitadas por el representante de la fundación.
Entre otras acciones, Palamara requirió que se oficie al gobierno para que acompañe la resolución que sustentó la contratación vía trato del abogado Valenzuela por más de $13 millones, “y toda la documentación que sirvió de antecedente para dicho decreto, así como para que informe sobre el pago al defensor penal privado”.
Además, según el diario, la fiscalía se encuentra analizando detalles del caso para así definir si se cita a declarar al Presidente Boric y si se requiere acceso a su celular y a otros documentos, lo mismo respecto de Valenzuela. Para todo eso, “previamente se recabarán mayores antecedentes”. Por ahora, desde la Fiscalía han descartado agrupar esta indagatoria con la referente al presunto fraude al Fisco en la fallida compra de la casa del expresidente Allende.
“ES UN DELITO”
En tanto, Palamara declaró que “lo que hizo Presidencia, particularmente el Presidente Gabriel Boric, de atreverse a recurrir al presupuesto general para costear su defensa penal privada, configura el delito de malversación de caudales públicos, por lo que se encuentra penado por la ley”.
“Si el mismo gobierno parte reconociendo que fue un error comprarle la casa a su ministra y su tía, quien a la sazón es senadora de la república, reconocen que no fue un acto que se encuentre legitimado por el derecho, de lo contrario hubieren insistido con la transferencia del inmueble, y no lo hicieron”, añadió.
Asimismo, enfatizó que el contrato no se encuentra enmarcado en lo que excepcionalmente permite el artículo 90 del Estatuto Administrativo, que autorizaría costear la defensa de funcionarios públicos cuando se ven indagados por hechos relacionados con la función del cargo que ostentan.
“En consecuencia, por donde se mire aquí se incurrió en un delito que es necesario esclarecer lo antes posible, para lo cual es necesario que el fiscal cuente con todos los antecedentes, entre ellos la información de la Resolución Presidencial N° 75 junto a los documentos que le sirvieron de base para realizar el acto que mediante la querella se reprocha como delictual”, agregó Palamara.
Finalmente, dijo que quedó “expectante” sobre la toma de declaración a los imputados, tanto al Presidente Gabriel Boric como a su abogado defensor penal privado.
FUENTE T13
