La Fiscalía de Atacama formalizó una compleja causa de delitos de carácter penaladministrativo que indaga en Copiapó y que tuvo su origen en el año 2017, año en que comenzaron distintas solicitudes de parte de la Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan por obtener las autorizaciones ambientalesque permitieran iniciar su proyecto de ampliación de su vida útil y que contemplaba relaves filtrados. Diligencias a cargo del fiscal adjunto de la capital regional, Luis Miranda Flores.
De acuerdo a los antecedentes conocidos en la formalización, frente a las mencionadas solicitudes el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) solicitó pronunciamientos a la Dirección General de Aguas (DGA) y al jefe regional de Fiscalización y Medio Ambiente. En uno de estos informes, emanado en el año 2018 el director (s) de la DGA informaba que dicho proyecto generaría efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos renovables, en particular el agua, por lo que, su vía de ingreso debía ser un Estudio de Impacto Ambiental.
De acuerdo a la investigación, y en relación a los imputados en esta causa, en mayo del año 2018 se designó a contrata a uno de los imputados quien comenzó a desempeñarse como asesor legal de la DGA, mientras que en junio del mismo año, sin mediar proceso de reclutamiento y selección, fue designada en el cargo de directora regional de la Dirección General de Aguas a la segunda imputada en esta investigación. De la misma manera, en julio de ese año el hasta entonces gerente general de Atacama Kozan fue designado en calidad de intendente de la Región de Atacama.
Según la investigación, una vez asumidos los imputados en sus respectivos cargos en agosto del año 2018, se desvinculó al funcionario que suscribió los oficios de la DGA que se oponían a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto mencionado y se confeccionó un nuevo oficio dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental completamente distinto.
Imputados
En la audiencia de formalización se conoció que el 28 de agosto de 2017 en horas de la tarde, el asesor legal imputado envío un correo electrónico a la segunda imputada en la causa, remitiendo el proyecto de oficio con sus observaciones y señalando que el Servicio (DGA) expresaba su conformidad con el DIA, con lo que incorporó autorizaciones sectoriales al proyecto minero, modificando la opinión técnica que indicaba que era necesario un Estudio de Impacto Ambiental.
A partir de este mail, la imputada, sin tener autorizaciones de la Unidad de Conservación y Mantenimiento de la DGA respectiva, suscribió un nuevo oficio que informaba en lo particular que este Servicio “se pronuncia conforme en la Declaración de Impacto Ambiental y se pronuncia conforme sobre los permisos ambientales sectoriales”.
Respecto de la calificación jurídica de estos hechos, la Fiscalía de Atacama argumentó que los hechos descritos configuran el tipo penal de prevaricación administrativa previsto y sancionado en el artículo 228 del Código Penal.
