La Fiscalía de Atacama informó que la causa penal abierta por acciones desplegadas entre la Municipalidad de Tierra Amarilla y Minera Candelaria en el marco del plan operacional presentado por la mencionada empresa en noviembre del año 2013, que involucró la contratación por parte del municipio de un estudio jurídico para que presentara acciones legales en contra de la minera para forzar una negociación, continúa vigente con cuatro imputados.
En la audiencia realizada este viernes 01 de septiembre ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, se reactivó la tramitación de la causa penal, la que se encontraba paralizada debido a distintas acciones presentadas por la defensa de Jaime Mulet ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que buscaban que se rechazaran los recursos interpuestos por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, tendientes a continuar con la investigación contra el diputado.
En la audiencia señalada, el juez de garantía de Copiapó resolvió fijar una nueva fecha para el día 16 de octubre en que tendrá que pronunciarse sobre peticiones presentadas por los intervinientes.
SOBRESEIMIENTO
La eventual acusación que presente la Fiscalía no podrá incluir al diputado Jaime Mulet, quien hizo valer su fuero parlamentario impidiendo con ello que se presentara una acusación penal en su contra y ser llevado a juicio oral.
Así, este viernes, el juez de Garantía de Copiapó, en atención a que los recursos presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado fueron declarados inadmisibles al estimar el Tribunal Constitucional inaplicable la norma que permitía al Ministerio Público y al querellante presentar apelación ante el rechazo de la petición de desafuero del diputado, procedió a decretar el sobreseimiento definitivo respecto de Jaime Mulet, lo que impedirá que éste enfrente un juicio oral y, en definitiva, que la ciudadanía pudiera saber si tuvo o no responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público.
Cabe destacar que en la decisión de decretar el sobreseimiento adoptada por el juez, no se indicó que Mulet fuera inocente de los hechos que se le imputaron por la Fiscalía o que éstos no hayan sido constitutivos de delito, sino que dicho sobreseimiento se decretó en virtud de la letra e) Artículo 250 del Código Procesal Penal, disposición que
señala que durante la investigación ocurrió un hecho que, con arreglo a la ley, puso fin a la responsabilidad del imputado. Es decir, el hecho que en este caso sobrevino, fue el rechazo de la solicitud de desafuero por parte de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que puso fin a la responsabilidad penal del diputado y, que como se explicó, impidió que fuera juzgado ante un Tribunal de la república.
En la jornada, además, el Juez de turno rechazó dos solicitudes de la defensa del parlamentario, una de las cuales buscaba condenar en costas al Ministerio Público y a la parte querellante, petición que fue categóricamente rechazada.
En segundo término, el Tribunal no dio lugar a la solicitud de los abogados del diputado en que se pedía que se dejara de mencionar el nombre del parlamentario en futuros actos que se desarrollen como parte de esta investigación.
FISCAL REGIONAL
Por su parte, el Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat, respecto de la querella en su contra, señaló que se encuentra absolutamente tranquilo y convencido de su inocencia, pues cumple únicamente con su deber constitucional de investigar hechos constitutivos de delitos a partir de la evidencia recopilada en la investigación a cargo de los fiscales de Atacama y se encuentra a disposición del investigador del caso para colaborar en todo aquello que se requiera con la finalidad de aclarar los hechos que se le imputan, tal como corresponde a todo ciudadano chileno que no goza de prerrogativas especiales que impidan sea investigado y que la justicia actúe, agregando que no eludirá ni interferirá en la investigación recurriendo a acciones legales ni escudándose en su cargo ni investidura, para asegurar un procedimiento transparente y ajustado a derecho, tal como la comunidad espera de sus autoridades.
Posteriormente, el Diputado Mulet se refirió al tema, a través de un comunicado en el que indicó que: Ayer, después de más de siete años de investigación, en la causa conocida como Candelaria con Municipalidad de Tierra Amarilla, el Juzgado de Garantía de Copiapó, dictó el sobreseimiento definitivo en mi favor. Desde lo humano y familiar ha sido un proceso extenuante, basado en una injusticia que hoy se revela como tal. Ha quedado clara mi
inocencia, acreditada de modo indubitable.
Tal como lo sostuve desde un principio soy absolutamente inocente, razón por la cual se otorgó el sobreseimiento definitivo.
En esta causa fui objeto por algunos fiscales de una persecución feroz, que faltó a los deberes de objetividad, donde se usaron pruebas falsas, se filtraron documentos parciales a la prensa, pidieron mi formalización en medio de elecciones solo para dañarme políticamente y que luego suspendían para alargar el caso.
Durante estos años siempre sostuve que confiaba en los tribunales de justicia, por cierto, no en los fiscales. Como estaba sometido a una investigación amañada, pedí yo mismo la formalización para que pidieran mi desafuero y poder llegar a un tribunal. Y así fue. La Corte de Apelaciones de Copiapó, se pronunció y obtuve sentencia favorable, derrotando con claridad a los fiscales.
El fallo fue categórico, no solo dispone que no hay delito, ni participación, sino que dice que la investigación (6 años) es desprolija, vaga. Respecto del voto de minoría, también señala que no hay delito ni participación punible de mi parte, de hecho, también expresa sus reparos por la forma en que se llevó la investigación. Es un voto más bien contrario a la institución del fuero.
Esa sentencia de la corte no obstante ser inapelable, los fiscales apelaron ante la Corte Suprema. Pero el Tribunal Constitucional se pronunció claramente respecto de la improcedencia de la apelación. Nuevamente derroté ampliamente a los fiscales. Luego la Corte Suprema se pronunció con claridad de la improcedencia de la apelación. Gané nuevamente. Y como lo señalé al inicio ayer el tribunal de garantía de Copiapó decretó el sobreseimiento definitivo de esta causa en mi favor. El Juicio terminó.
No obstante, todo ello, ayer la fiscalía regional ha hecho una declaración pública, en la que, si bien reconocen su derrota y que no podrán acusarme, afirman que la sentencia de la Corte de Copiapó no habría acreditado mi inocencia. Eso es una mentira atroz, una injuria, una infamia hecha con el único propósito de seguir afectando mi honorabilidad. Tergiversan la verdad corroborada por los dos más altos tribunales de la República la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los que se pronunciaron con claridad sobre la improcedencia de la apelación al fallo que me favoreció en la Corte de Copiapó.
La declaración pública no aparece firmada por ningún fiscal. Hago presente que Alexis Rogat Fiscal Regional y Luis Miranda Fiscal adjunto están investigados en causa penal por prevaricación administrativa, delito de abuso contra particulares, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, entre otros, querella y ampliación de querella presentada por mi defensa, las que fueron admitidas a tramitación y que están a cargo de un fiscal que no es de la región de Atacama, por haberlo ordenado así el Fiscal Nacional. Es importante que se garantice la obtención de la verdad cuando son los mismos fiscales los investigados. Ese es un desafío.
Hoy se conoce ya el uso político que hacen algunos fiscales de sus atribuciones.
Después de más de 6 años de una investigación indebida, declarada ya mi inocencia defenderé mi honra con todo, no permitiré que afecten mi testimonio político ejemplar de más de 20 años donde he defendido con pasión y corriendo riesgos, los intereses de la mayoría de mis compatriotas especialmente frente a compañías y sectores poderosos, como las colusiones y abusos a consumidores, los desastres provocados por la gran minería y otras industrias y los mínimos aportes que hacen a las comunidades donde están.
Es así como soy autor de leyes tan relevantes como la del Royalty a la gran minería, que aportará a Chile US$1.350 millones cada año, de los cuales más de $20.000.- millones llegarán año a año a Atacama. Autor también del primer retiro de fondos de AFPs en medio de la pandemia, donde hubo más de US$20.000.- millones de dólares que pasaron a los afiliados en momentos muy difíciles.
Hago presente que lideré una demanda colectiva contra Movistar (08/2006) por el mal funcionamiento del servicio. Fui parte en requerimiento de FNE contra Movistar, Entel y Claro, para eliminar barreras de entrada a los operadores móviles virtuales que se gana en la C. Suprema y se bajan las tarifas de la telefonía celular. Me opuse a la entrega de recursos del estado para subsidiar el Transantiago. Con ello sale la llamada “ley espejo” que equipara recursos a las regiones. Denuncié y se me querellé (2009) por delito de adulteración fraudulenta de precios a las cadenas de farmacias, etc.
Soy un diputado de una región pequeña, ningún poder fáctico de Chile me defendería, he hecho leyes que han molestado a mineras, a las AFPs, a las compañías de seguros, a los bancos, pretendo ahora un royalty a las forestales y salmoneras, no soy comodo para los poderosos y tengo mucha independencia. Hago mi trabajo como diputado, no recibo minutas, no digo en el hemiciclo lo que me mandó una empresa, nunca he aceptado un viaje de empresas. Recuerdo esto porque, han pretendido destruir mi honor, mi prestigio achacándole por la vía del invento conductas contradictorias con mi acción pública de vida. ¿Cuál fue la motivación de esta investigación? ¿Hubo alguien detrás? Sinceramente no lo se.
Pero creo que el sistema está en crisis. Espero el nuevo Fiscal Nacional se haga cargo. Preocupa la situación de los fiscales y la falta de supervisión sobre ellos en regiones. Eso puede abrir la puerta a problemas serios ante el crimen organizado que es un fenómeno que recién empezamos a conocer. Están fuera de la fiscalía personas buenas que terminan renunciado o siendo sacados de manera abusiva y están dentro personas que considero que son un peligro en esos cargos.
Espero que lo que to sufrí no le toque a otros y por cierto, no aceptaré que vengan a sembrar dudas de mi inocencia plena después del fallo, que insistan en lo mismo. No lo aceptaré.