Reconocidos expertos en economía minera, sistemas tributarios y el alcalde de Freirina, quien también es presidente de la Asociación de Municipios de Atacama, entregaron sus perspectivas con respecto a la actual propuesta de Royalty Minero. En la actualidad el eje del debate se centra en las diferencias entre las cifras presentadas por el gobierno de aquellas que calculan consultores independientes.
Bajo la organización de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), y con el apoyo de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA), se desarrolló el Foro “Royalty para el Territorio y Condiciones para el Crecimiento”, donde se revisó el aporte de la minería a los territorios con las actuales indicaciones al proyecto de Royalty Minero.
El gerente general de GEM y docente de la Universidad Católica, Juan Ignacio Guzmán analizó el aporte fiscal de la minería, así como la competitividad de la industria nacional en un contexto en que hay que contemplar el largo plazo. Guzmán enfatizó que entre 1990 y 2020 “la industria minera del cobre ha hecho una contribución neta el país de US$ 810.000 millones. Eso si sumamos no solamente las utilidades que han ganado las empresas, sino que también los encadenamientos productivos y empleos. Por cada US$ 1 que han recibido los accionistas de la minería privada, el Estado de Chile ha recibido US$ 4,5 en términos de recaudación fiscal”.
El experto en economía minera expuso que, de aprobarse la propuesta de Royalty, “hacia el 2035, muchos de los proyectos que estaban como caso base ya no entrarán. Este royalty acumularía una recaudación fiscal adicional, es decir, la promesa de recaudar más es cierta hasta 2035. Posteriormente, la tensión con la caída de la producción haría que, con las menores utilidades sostenidas en el tiempo, conlleven que después de 2035 el efecto neto en términos de recaudación fiscal desaparezca”. También existiría una merma en el PIB a partir de ese año, “del orden US$ 6.000 millones anuales, lo que representa dos puntos del PIB”, sostuvo Guzmán.
Cabe señalar que la actual propuesta con sus últimas indicaciones contempla un impuesto ad valorem sobre ventas de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50.000 toneladas. En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen. También se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo del margen operacional se podrán descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.
Además, el gerente general de GEM explicó que la participación de Chile en el mercado cuprífero tuvo crecimiento hasta el año 2004, donde alcanzó un tope de 37%, para estar hoy en una cifra cercana al 25%. Lo anterior demuestra que el país ha perdido terreno y competitividad como principal productor de cobre. Existe menor producción por mayores costos.
Perspectiva tributaria y regional
En su ponencia, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos y consultor tributario, Michel Jorratt explicó que “si nos comparamos con Perú, podríamos pensar en un mayor aporte fiscal sin dañar la competitividad. El inconveniente es que el actual Impuesto Específico a la Minería (IEAM) es poco progresivo”. De acuerdo con Jorratt, el máximo que puede recaudar es de 12,3% con precios muy altos de cobre. Por ejemplo suponiendo que la libra de cobre llegará a transarse a US$ 7 dólares la libra el IEAM recaudaría solo 8,8%.
El experto tributario sugirió combinar tres instrumentos: (i) un impuesto sobre las utilidades, como gravamen normal de primera categoría (ii) un royalty ad valorem de tasa baja para permitir más estabilidad en la recaudación y (iii) un impuesto sobre la renta, es decir, un royalty sobre utilidades que permita recaudar una mayor proporción.
Por su parte, el alcalde de Freirina y presidente de la Asociación de Municipios de Atacama (ARMA), César Orellana comentó en su presentación que “proponemos que las comunas mineras reciban una mayor parte de la recaudación minera, ya que debe funcionar como una compensación a la extracción de recursos en las comunas”.
El edil comentó que “el ejemplo de Freirina -donde en algún momento se trató de imponer un proyecto agroindustrial- desde ahí nosotros concluimos que nunca más se tomaran decisiones de proyectos a espaldas de ciudadanía”. Por esto último, respecto a la discusión de Royalty, Orellana considera que hay que desplegar más información para que lo comprendan sobre todo los habitantes de las regiones mineras.
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