El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) solicitó al presidente Gabriel Boric que destituya al juez de Ovalle que, hace algunas semanas, liberó a una banda de narcotraficantes.
El congresista señaló que la Constitución entrega facultades a la primera autoridad del país para solicitar a la Corte Suprema la remoción de un magistrado, tras la evaluación de su comportamiento y decisiones tomadas en los procesos que están bajo su facultad.
Fue exactamente el 3 de septiembre del presente año que el juez Luis Muñoz Caamaño dejó en libertad, tras el pago de una baja fianza, a 23 integrantes de una banda de narcotraficantes acusados como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas y el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
Todos ellos fueron detenidos una exitosa investigación desarrollada por la PDI en la denominada operación “Diamante Verde”, en virtud de la cual se decomisaron importantes cantidades de droga y dinero en efectivo, vehículos, armas y municiones.
La decisión provocó profundos cuestionamientos en diferentes esferas del país y que hoy llevó al diputado Juan Manuel Fuenzalida a solicitar la destitución del magistrado desde el Poder Judicial.
El parlamentario señala que cuando el narcotráfico y el crimen organizado está matando el alma y el futuro de niños y jóvenes, cuando se observa que hay más de 50 mil infantes que han abandonado el sistema escolar y que son potenciales soldados del narco, cuando se ven plazas, calles, avenidas y poblaciones son tomadas por este flagelo, se deben tomar medidas drásticas.
“Creo que tenemos la obligación, legal, moral y ética de ocupar todas las herramientas que nos entrega el Estado de derecho, y, por tanto, le exijo al primer mandatario que utilice la facultad que le entrega el artículo 80, inciso 3, de la Constitución Política de la República, en virtud del cual la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”, enfatizó el parlamentario.
Una solicitud que también va en la línea de los propios cuestionamientos que ha expresado el Gobierno, en que su vocera, Camila Vallejo, señaló que hablando en nombre de la “administración” costaba entender esta decisión, que, de paso, fue desestimada por la Corte de Apelaciones, quien en un fallo unánime acogió la petición de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los involucrados.
Por último, Fuenzalida reitero que el presidente debe ocupar todas las herramientas y las facultades para continuar en esta lucha que se está perdiendo, contando con la voluntad política y de toda la bancada para que en este tema se logre una unidad y se rescate al país del flagelo del narcotráfico y crimen organizado.
Fuente: biobiochile.cl
