El proyecto entró en etapa de definiciones en la comisión de Energía de la Cámara. La oposición no apoyará todos los ejes de financiamiento propuesto, mientras que el oficialismo respaldará íntegramente la iniciativa.
Para explicar el proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico -actualmente en días clave en la comisión de Energía y Minería de la Cámara- es necesario retroceder al año 2019, cuando, en medio del estallido social, el Ejecutivo propuso congelar las tarifas eléctricas. Ese congelamiento se extendió bajo la administración del Presidente, Gabriel Boric, acumulando una deuda de US$6.500 millones.
Cuando se decidió descongelar las tarifas eléctricas, se produjo un aumento en las cuentas, lo que llevó a la implementación de un subsidio dirigido a los hogares más vulnerables, alcanzando aproximadamente 1,5 millones de beneficiarios. Este primer subsidio se financió principalmente a través de los aportes generados por el propio sistema, con el objetivo de recaudar US$120 millones. De esa cifra, US$100 millones provienen directamente del sistema; los consumidores que superan los 350 kWh al mes deben pagar un excedente, que se destina a un fondo solidario.
Para ampliar este subsidio a 4,7 millones de personas, el Ejecutivo presentó el proyecto que actualmente se discute en la Cámara Baja.
La iniciativa propone recaudar los recursos necesarios a través de cuatro pilares, cuya revisión está programada para este miércoles en la comisión. El monto estimado en el proyecto inicial para financiar esta ampliación era de aproximadamente US$900 millones es en tres años. Sin embargo, con las modificaciones introducidas por el Ejecutivo, la cifra se redujo a unos US$700 millones.
Aunque el presidente de la comisión, Marco Antonio Sulantay (UDI), busca acelerar la tramitación para que el grupo pueda abordar otros temas, los miembros de la instancia ven difícil que el proyecto sea despachado esta semana a la sala de la Corporación. Mientras que desde el Ministerio de Energía apuntan a que en enero el proyecto comience su discusión en el Senado.
En general, la oposición ve con recelo el avance del proyecto tal como lo plantea el Ejecutivo. De hecho, parlamentarios critican -en privado- que se trata de una “reforma tributaria encubierta”. Por su parte, varios personeros del oficialismo expresan su apoyo al proyecto.
La oposición acusa al Ejecutivo de basarse en “premisas falsas”, ya que, aunque se busca beneficiar a 4,7 millones de personas, en los llamados para inscribirse al subsidio no se ha superado los 2 millones de beneficiarios.
Critican que en lugar de retirar el proyecto y proponer una recaudación más limitada, centrada en los beneficiarios existentes, el Ministerio de Energía, encabezado por Diego Pardow, insiste en los cuatro pilares de recaudación y con el excedente de esta recaudación, el Ejecutivo ha propuesto financiar la compra de paneles solares.
Los pilares de recaudación incluyen: el aumento del IVA debido al alza en las tarifas eléctricas; un incremento transitorio del impuesto al CO2; la recaudación de las multas impuestas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; y el pilar de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), que establece un “cargo FET” a los retiros de energía. Este cargo será descontado de la compensación por precio estabilizado que reciben los PMGD inscritos en el Decreto Supremo 88, lo que ha generado duras críticas de parte de la industria e inversionistas internacionales.
Ya se aprobó el impuesto al CO2, y los otros tres pilares de recaudación serán revisados este miércoles, con la posibilidad de continuar su análisis en las próximas sesiones. De forma transversal, se aprobará la recaudación a través del IVA, y se espera incluso una votación unánime al respecto.
El diputado Sulantay (UDI) explicó que con la recaudación del IVA sería suficiente para financiar el subsidio. “Durante la tramitación, varios expertos nos indicaron que, en el pilar del IVA, se puede recaudar entre US$80 millones anuales, como sostiene el Gobierno, que es la cifra base, hasta US$130 millones”.
A esos se deben sumar los US$120 millones ya existentes. “Con esa cantidad, solo con esos recursos, podríamos financiar a más de 3 millones de personas”, detalló.
El diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano), quien, al igual que Sulantay, solo votará a favor del pilar de recaudación del IVA, criticó la propuesta de destinar el excedente de la recaudación a la compra de paneles solares: “Es una mala idea que es fácil de venderla bien. Hoy día nuestro país tiene un excedente de producción solar, donde varias de las instituciones, de las generadoras que vierten la energía solar en los bloques solares, son empresas que respaldaron esas inversiones en cierto tipo de contratos regulares o cierto tipo de estabilidad legislativa de nuestro país, y que hoy día la pueden ver interrumpida por una idea de no sé quién, que cree que es buena idea aumentar el número de paneles solares en nuestro país cuando el problema que tenemos es que nos están sobrando cantidades de paneles solares, o sea, nos está sobrando producción de energía en los bloques solares, y el gran problema que tenemos son la acumulación de esa energía vía batería u otro tipo de generación de energía en los bloques que no son solares”.
Postura del oficialismo
Una visión diferente compartió el diputado Cristián Tapia (Ind.-PPD), quien recordó que se creó una mesa técnica para trabajar en este proyecto, el cual ya se discute desde hace casi siete meses. Tapia se mostró a favor de todos los pilares de recaudación propuestos.
Señaló que “en principio se veía que eran 4,7 millones de familias que se habrían beneficiado, yo creo que no vamos a pasar más allá de las 2,2 millones familias (…) con ese excedente, podríamos tener cerca de 175 mil techos solares. Estamos claros que los subsidios son provisorios, pero definitivamente tenemos que ir buscando la alternativa que beneficie realmente nuestra gente. Yo no entiendo por qué seguir defendiendo a los que han ganado tanta plata en Chile con la generación de energía y no entregarle una porción también a la gente más vulnerable que necesita, a lo mejor definitivamente en los próximos años, no pagar ningún peso por la generación de energía a través de estos techos solares”.
Asimismo, el diputado Jaime Mulet (FRVS) planteó que a través de este mecanismo de recaudación “todos los actores del sistema contribuyen: El Estado, las empresas y los propios consumidores, que son los más afectados que deben pagar una electricidad más cara”.
En relación al uso de los excedentes para la compra de paneles, dijo que “los regionalista verdes somos promotores activos de los techos solares, ello contribuye al calentamiento global, con menos emisiones de gases efecto invernadero y además baja las cuentas de manera permanente”.
Mientras que el ministro de Energía, Diego Pardow, lamentó que la discusión “ha estado centrada en el cargo FET y su impacto en los PMGD. Ello, en desmedro de, por ejemplo, la discusión sobre cómo reducir los costos de la energía para pymes y APR, o cómo llegar con políticas de ayuda para la clase media”.
“Nuestro compromiso con las organizaciones de la sociedad civil es corregir esta deficiencia en la próximas etapas de la tramitación legislativa”, añadió el secretario de Estado.
Fuente: Emol
