La crisis carcelaria va, ineludiblemente, de la mano de la actuación de Gendarmería. El tema no reviste novedad en cuanto a materias como hacinamiento y el cambio de paradigma que ha significado el crimen organizado transnacional, pero sí va mostrando, cada cierto tiempo, episodios inéditos que dan cuenta de nuevas fisuras que requieren ser contenidas.
Hace meses se viene debatiendo el problema de las plazas disponibles para los reclusos; un tema que lejos de sólo implicar falencias en el “espacio”, trae aparejada una serie de elementos nocivos: contaminación criminógena, operaciones delictuales desde la cárcel, e incluso alza de licencias médicas de gendarmes.
De hecho, expertos ya han señalado en varias oportunidades que todo esto pasa por fortalecer a Gendarmería, puesto que hoy es un servicio a cargo de Justicia. Se ha hablado de que pase a ser una institución -como Carabineros o la PDI-, aislarlo de lo “politizado”, y mejorar su formación.
Hoy, estas necesidades han vuelto a quedar en el centro del debate, pese a los nuevos insumos tecnológicos o departamentos que se han reforzado para evitar estos hechos. Así lo grafican los desórdenes en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, donde reclusos rompieron infraestructura; y la eventual red de secuestros descubierta en la ex Penitenciaría de Santiago.
A eso, se suma y la reciente detención de nueve gendarmes -y uno en retiro- tras un megaoperativo que apuntaba a una red de corrupción desde diversas cárceles, tanto en la Región Metropolitana como en la Región de Coquimbo.
“Conjunto de desórdenes” de “Satanás”
La madrugada del miércoles 5 de junio, el sicario del Tren de Aragua, Hernán Landaeta -conocido como “Satanás”– protagonizó un intento de motín en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago. En el patio de la cárcel, el recluso se enfrascó en una pelea con otros internos, que involucraron la intervención de Gendarmería.
Como resultado, varios funcionarios resultaron lesionados, además de que algunos acusaron amenazas de muerte y graves daños a las instalaciones del recinto penal.
El diputado republicano Cristian Araya acudió al recinto en su calidad de integrante de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Cámara, para luego evacuar un oficio al Ministerio de Justicia, donde acusa de “descontrol” al interior, crisis en Gendarmería y condiciones alejadas de la “máxima seguridad” de la que se precia el recinto.
Ayer, el ministro Cordero, junto con subrayar que “no es motín” sino que fue “un conjunto de desórdenes, porque obedece a una demanda específica, de mejorar las condiciones en el recinto”, dijo a Radio Universo que son 17 reos los que iniciaron la gresca, y a la fecha, hay 22 involucrados, todos de nacionalidad extranjera. “Esos desórdenes se han mantenido, y a su vez, se tradujeron, en iniciar la destrucción de la infraestructura”, acotó.
De todas formas, el titular de Justicia fue enfático en señalar que “esta situación, Chile no la había tenido antes; es grave lo que ha pasado ahí, es muy grave. No sólo porque ha mantenido en tensión al centro, por el tipo de perfil de las personas que han participado y porque ellos han destruido la infraestructura pública”.
Asimismo, Cordero relató que la noche del martes, Gendarmería comunicó que, en adelante, se adoptarán medidas adicionales en relación a estos reclusos. “Esto es bien relevante, porque las medidas van a ser bastante más severas”, puntualizó, mientras que se procurará proteger a los funcionarios.
Red de secuestros y dudas por inhibidores de señales
El pasado 18 de abril, el ministro Cordero confirmó que desde la semana anterior que el sistema de inhibidores de señales se encontraba en plena ejecución en tres cárceles del país: la cárcel de máxima seguridad, Santiago 1 y la ex Penitenciaría.
Pero recientemente, esa tecnología que tuvo un costo -en esta primera fase- de $10 mil millones quedó en duda, a raíz de la investigación que permitió vincular a un interno de la ex Penitenciaría de Santiago -y a otros cinco sujetos en el exterior- con el secuestro de una mujer en la comuna de Talagante, en la RM.
Fue en medio de las diligencias que ordenó la fiscalía, donde Gendarmería descubrió que el recluso mantenía teléfonos celulares en su poder.
Sobre esto, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, tildó como “inaceptable” que hayan encontrado aparatos telefónicos “después de todas las promesas de cambios que hizo este Gobierno en relación al control de las cárceles”.
Añadió que “se nos aseguró que se implementarían inhibidores de señales de comunicación con una inversión millonaria financiada por todos los ciudadanos. Sin embargo, a través de la propia fiscalía, hemos descubierto que estos dispositivos no están funcionando, y peor aún, las cárceles siguen siendo en centros operativos para organizaciones criminales”.
Otros parlamentarios de oposición, como Mauro González (RN) y Marlene Pérez (Ind-UDI), insistieron en la urgencia de que se mejore la infraestructura carcelaria, para evitar que las cárceles terminen siendo “centro de operaciones delictuales subvencionadas por el Estado”.
Gendarmes imputados por red de corrupción
Fue el año pasado cuando Justicia, Interior, Gendarmería y Carabineros conformaron un equipo para trabajar en distintos aspectos vinculados al sistema penitenciario, especialmente para el combate del crimen organizado al interior de los recintos. De ahí, se focalizaron en nueve establecimientos penales, considerados los más críticos, entre ellos, el de Coquimbo (Huachalalume) y Colina.
En dichos recintos, los gendarmes involucrados participaban de los ilícitos “o dejando hacer” o “derechamente recibiendo beneficios por el hecho de permitir la entrada a celulares u otros elementos prohibidos”.
Así lo planteó ayer el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a 24 Horas, junto con apuntar a las razones por las que estos sujetos decidían operar en estas cárceles en específico; esto, junto con dejar entrever el nexo que existe entre la alta población y los riesgos de criminalidad en el interior.
“Son cárceles grandes, donde hay más de 2 mil personas personas privadas de libertad, que significan un ‘gran mercado’. Son cárceles donde tenemos personas privadas de libertad que son altamente peligrosas, y que de una u otra manera, mantienen sus contacto con las bandas criminales de las cuales formaban parte”, añadió.
Por su parte, el lunes, Cordero dijo a CNN sobre este caso que “Gendarmería tiene suficientemente claro que una de las formas en las cuales se expanden las organizaciones criminales, no es solo cometiendo sus ilícitos, sino que también corrompiendo funcionarios, y que uno de los lugares de riesgo habitualmente son los centros penitenciarios, y por eso tiene un plan con ese fin”, ahondó Cordero.
En esa línea, el secretario de Estado dio a entender que este tipo de situaciones podría replicarse. “Hay investigaciones que se están desarrollando también en la actualidad y que están en proceso“, cerró.
FUENTE EMOL
