La ratificación de lo anunciado por Carolina Tohá vino de parte del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien además defendió las palabras de la jefa de gabinete sobre el procedimiento policial en San Antonio que involucró a un funcionario de Carabineros que usó su arma de servicio. “Lo que hizo la ministra Tohá fue estrictamente una precisión jurídica y que forma parte del debate normal de este tipo de sucesos”, aclaró.
Desde la sede del Congreso en Valparaíso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que el gobierno ingresará a trámite este lunes el proyecto de ley que busca regular las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en procedimientos policiales y de orden público.
La noticia ya había sido anunciada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el marco de la tramitación de la ley Nain-Retamal -publicada este lunes en el Diario Oficial-, legislación que entrega un estatuto de protección jurídica en el Código Penal a policías, gendarmes y Fuerzas Armadas que ejerzan labores de orden público para usar su armamento de servicio.
La presentación de esta reforma era el plan original del gobierno para introducir modificaciones a las reglas del uso de la fuerza en el marco de procedimientos policiles. Sin embargo, los asesinatos de funcionarios de Carabineros cambiaron el tablero y, tras jugadas reglamentarias de la oposición el Congreso, obligaron al Ejecutivo a discutir esos cambios a través de la fusión de dos mociones parlamentarias que no contaban con el respaldo de La Moneda: Nain-Retamal.
“Las reglas del uso de la fuerza dan certezas a todo el mundo, a la ciudadanía, a las policías y a los jueces. Tienen principios generales y gran parte de su operatividad está relacionada a los protocolos que se aprueban por reglamento”, puntualizó el abogado de profesión Luis Cordero.
Además, antes de ingresar a la comisión de la Cámara Baja que investiga la concesión de indultos a condenados en el marco del estallido social, el ministro Cordero se refirió a las declaraciones de Tohá sobre el procedimiento policial en San Antonio, donde un funcionario de Carabineros utilizó su arma de servicio y abatió a un sujeto que, posteriormente, había intentado atropellar a otro uniformado y luego se intentó dar a la fuga.
“Si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra. (…) Se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona, o una huida”, hizo hincapié la secretaria de Estado.
Sus dichos generaron controversia, especialmente en la oposición, quienes la criticaron de enviar señales contradictorias en cuanto el apoyo del gobierno a Carabineros. Sin embargo, el titular de Justicia salió al paso de las críticas y aclaró que las palabras de la exalcaldesa de Santiago correspondían solo a una “precisión jurídica”.
“Recuerde que la ley para que opere se tiene que dar ciertos presupuestos y ella hizo estrictamente una precisión. En el uso de un arma de fuego en el desempeño de la función va a aplicar la presunción, una es la que está vinculada a la ley Nain-Retamal, pero hay otra regla específica en artículo 411 del Código de Justicia Militar en el caso del uso del arma en el caso de huída. Se aplica una presunción similar. Lo que hizo la ministra Tohá fue estrictamente una precisión jurídica y que forma parte del debate normal de este tipo de sucesos”, explicó Cordero.
En la misma línea, el ministro planteó que todas formas operará la presunción de uso correcto en el caso de San Antonio. “Si se aplica Nain-Retamal, aplicará la regla de presunción que está en legítima defensa, que está en la norma que se promulgó el jueves y que se publicó hoy. Si es en caso de huída, es la hipótesis del 411 del Código de Justicia Militar”, dijo el ministro y dio por zanjada la controversia.
Fuente: La Tercera
