Si la preocupación por el daño en el crecimiento económico que está provocando el estallido social y los actos de delincuencia ya era creciente al interior del gobierno, esa visión aumentó aún más luego de conocer que la actividad cayó 3,4% en octubre.
«Los resultados son muy negativos y son preocupantes. El Imacec anotó una caída de 3,4% se trata de la mayor baja desde julio de 2009. Estimamos que la cifra de noviembre también será negativa, y con la nueva información disponible en el ministerio de Hacienda, hemos corregido a la baja el crecimiento de 2019 a un 1,4%, y para 2020 nuestro escenario central también se reduce a un rango de crecimiento entre 1% y 1,5%», señaló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
Además indicó que mientras no se retome la cotidianidad en el país, la actividad económica va a funcionar a media máquina.
Así con este escenario de fondo, el gobierno no tuvo otra salida que echar mano al gasto fiscal y anunció un plan de reactivación económica que considera medidas por US$5.500 millones. El total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por US$3.025 millones, medidas de apoyo a las mipymes por US$1.950 millones y otras iniciativas por US$525 millones.
«Todas estas medidas son mayoritariamente transitorias, enfocadas al 2020 y concentradas en apoyar la creación de empleo de forma directa e indirecta, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño», agregó el secretario de Estado.
Por su parte el ministro de Economía, Lucas Palacios, señaló que «la violencia tiene impacto en la vida de toda la comunidad, pero se expresa con mayor fuerza en las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Muchos de esos emprendimientos no tienen las espaldas para estar un mes sin vender, para reparar sus locales destruidos. A ellos van dirigidos parte significativa de los recursos incluidos en esta agenda».
De acuerdo al gobierno, con estas medidas se proyectan que se generarán unos 100 mil empleos el próximo año.
El paquete de medidas tendría como ejes la inversión pública, apoyo a pymes, empleo y reactivación del consumo. Todo esto, tendría aparejado un gasto fiscal adicional importante.
Por otro lado, el titular de las Finanzas Públicas señaló que para financiar la agenda de reactivación «modifica el compromiso de balance estructural vigente, que contemplaba una reducción del déficit estructural a razón de 0,2% del PIB por año hasta llegar a un 1% del PIB de déficit estructural a 2022. Para el próximo año la meta será distinta, será un déficit estructural de 3% del PIB el cual se reducirá a razón de 0,5 puntos del PIB por año llegando a un 2% de déficit estructural en 2022».
Asimismo, el gasto va a crecer un 9,8% real el próximo año en comparación con la Ley de Presupuesto el año pasado, y es el mayor incremento en una década. Además de acuerdo a cifras del ministerio de Hacienda, la deuda pública bruta tenderá a estabilizarse en torno a un 38% a fines de 2024.
Fuente: portalminero.cl
