A pocos días de dejar la presidencia de la comisión de Constitución, al senador Felipe Harboe (PPD) la Sala de la Cámara Alta le encomendó la misión de responder al requerimiento hecho por diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en el que solicitan saber si existe procedimiento para declarar inhábil al Presidente de la República por impedimento físico o mental ya que esto no estaría claro en la Constitución.
Además de eso, dice tener una última preocupación al terminar ese liderazgo- aunque continuará siendo integrante-. Que el Gobierno le ponga discusión al proyecto presentado por él junto a los senadores Jaime Quintana (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y José Miguel Insulza (PS), en que exigen transparencia, límite y control de gastos en la campaña del Plebiscito ya vigente, debido a que esto no quedó considerado en la reforma que permitió el proceso y por ende el Servicio Electoral no sabe y no tiene cómo solicitar de dónde proviene el financiamiento de los comandos del Apruebo y el Rechazo.
¿Qué señala específicamente de la solicitud que hicieron los diputados Esteban Velásquez, Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet respecto de la inhabilidad del Presidente?
Le piden al Senado que aclare cuál es el procedimiento para el caso contemplado en el Artículo 57 número 3 de la Constitución que es la declaración de inhabilidad presidencial por incapacidad física o mental o la dimisión de él y el Senado lo que tiene que hacer es responderle cuál es el procedimiento. El problema es que la Constitución del ’80, dentro de muchos otros errores que tiene, tiene un vacío en esta materia. No hay una Ley Orgánica que regule esto, no está en la Ley Orgánica del Congreso ni tampoco en el reglamento del Senado, entonces lo que ha hecho la Sala del Senado es que lo manda a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que nosotros digamos si hay o no procedimiento y en el evento de que no lo haya, lo más probable es que nos van a encargar que hagamos un procedimiento. Eso es todo.
¿Cuál es el procedimiento que usted estima que debe seguirse ante este vacío?
Lo único que dice la Constitución a este respecto es que la inhabilidad la declara el Senado previo a oír al Tribunal Constitucional, pero no es una opinión vinculante. Usted comprenderá que tratándose de la inhabilidad de un Presidente de la República o Presidenta de la República es una situación extremadamente delicada porque es la primera magistratura de la Nación.Y por tanto, el procedimiento que nosotros propongamos a la Sala tiene que ser un procedimiento muy reglado, adicionalmente debe ser un procedimiento extremadamente técnico y científico porque no se trata de una acusación constitucional, se trata de inhabilidad física o mental y por tanto quien es el encargado de determinar si no tiene las capacidades físicas o mentales no puede ser ‘la política’, tiene que ser un conjunto de exámenes médicos. Vamos a tener que mirar el Derecho comparado, si es que existe alguna experiencia a este respecto o cómo lo han resuelto otros países.
¿Qué opina de que la Constitución no se haga cargo de esto?
Este es uno más de los errores que tiene la Constitución del ’80. Si cuando planteamos una nueva Constitución no es solo porque esta sea una Constitución excluyente ideológicamente sino porque además es una mala Constitución. No es solo un tema ideológico, que también lo es en una parte importante, sino que también es técnicamente muy mala. Por ejemplo, la Constitución regula de muy mala forma la relación entre el Tribunal Constitucional y el Congreso; entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema; entre el Tribunal Constitucional y la Contraloría; entre la Contraloría y la Corte Suprema. Entonces tiene un conjunto de errores y este es uno, que hay un vacío. Porque la Constitución contempla esa regla, pero no hace mención al procedimiento ¡Tratándose del Presidente de la República! Debió haberse establecido incluso en la Constitución el procedimiento dada la importancia porque es una forma de afectar gravemente a la autoridad soberana elegida por los ciudadanos.
“Daño a la democracia”
¿Qué le parece el momento político en que se hace esta solicitud de parte de los diputados de la FRVS, considerando que ellos apuntan directo al Presidente Sebastián Piñera según lo han manifestado?
Evidentemente hay una intencionalidad política. No solo desde el momento en que presentan esto al Senado sino desde el momento en que los diputados mandan a la prensa la carta que presentaron al Senado. Es de una alta irresponsabilidad y es complejo; se hace cada día más popular generar actuaciones más bien estridentes que actuaciones prudentes y eso es extremadamente delicado y no se dan cuenta que con eso se está generando un daño a la democracia.
Yo no voté por el Presidente Piñera, no votaría por el Presidente Piñera, pero no me parece adecuado que se intente poner una discusión respecto de la forma de declararlo inhábil mental. Me parece que eso no es una fórmula democrática. Me habría opuesto exactamente igual si lo hubieran hecho respecto a la Presidenta Michelle Bachelet. A mí no me parece que sea la forma para poder sacar de juego político a un Presidente electo. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de no prejuzgar sino que más bien crear un procedimiento técnico-científico, con médicos que den garantías para poder hacer un análisis en esta materia porque esto puede ocurrir en el futuro.
¿Qué le parece que el diputado Velásquez ponga en duda las capacidades mentales del Presidente Piñera?
Lamento que se llegue a este nivel de debate político tan pequeño, porque al final del día lo que se está buscando es saltarse la institucionalidad democrática. Insisto en que no estoy de acuerdo en muchas cosas que ha hecho el Presidente, creo que incluso el Presidente es responsable de un conjunto de situaciones que se han producido en el país, la falta de gobernabilidad, pero eso no me habilita a mí para decir que está inhabilitado mentalmente. Eso es extremadamente delicado, yo trataría de hacer una diferencia. Nosotros por lo menos -o en lo personal- siempre intentaré legislar más allá de las personas o de los gobiernos de turno, porque cuando uno hace un procedimiento para declarar la inhabilidad de un Presidente de la República tiene que ser extremadamente riguroso porque tiene que ponerse en la posibilidad de que un presidente que haya sido elegido incluso con el 100% de los votos, cómo la institucionalidad lo afecta. Eso es muy complejo.
No hay procedimiento
¿A qué acuerdo llegaron como comisión?
Vamos a responderle al Presidente del Senado y a la Sala que no existe un procedimiento. Eso lo haremos de forma inmediata. Y si la Sala nos encomienda que hagamos un procedimiento nos abocaremos a eso, sin perjuicio a eso, ya partimos pidiendo información a la Biblioteca del Congreso.
¿O sea que esto podría quedar solo en la respuesta de que no hay procedimiento?
Claro, podría quedar en eso. Pero lo que planteé a la comisión es primero hacer un estudio de legislación comparada, entonces le encargamos a la Biblioteca del Congreso cómo se resuelven las inhabilidades físicas o mentales de los presidentes en las otras legislaciones, nos van a hacer llegar un informe de eso y a partir de eso vamos a consultar con profesores de Derecho Constitucional y Administrativos qué opinan de esto. Si la Sala soberana nos plantea o nos pide a la comisión que elaboremos un procedimiento, tendremos que entrar a conversar y a mirar la legislación extranjera.
¿Qué le han comentado los senadores de Chile Vamos que integran la comisión, Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI), sobre esto?
Lamentablemente hoy (ayer) no vino ninguno ellos a la comisión, había un reemplazo que era el senador José Miguel Durana (UDI) y él estaba de acuerdo en el sentido del procedimiento que estábamos fijando. Además también hacer un llamado a la calma porque ha parecido que se ha presentado un requerimiento de inhabilidad y eso no es así. Eso hasta donde yo tengo entendido, es una consulta
Pueblos originarios
Otro tema que tendrá que discutir la comisión es el proyecto que asegura escaños reservados para pueblos originarios que falta que sea aprobado por la Sala en general, ¿qué harán ustedes después?
Una vez que lo vea la Sala se abre el plazo de indicaciones y habrá que corregirlo, porque lo aprobado por diputados en un principio no establece guarismos, nada, hay que enterar a regular eso.
En el caso de paridad hubo mucha discusión y desacuerdo sobre el mecanismo, incluso dentro de las coaliciones ¿cómo anticipa este debate?
Este es un debate incluso más complejo, porque hay una discusión respecto primero a qué padrón se va a seguir. Si es el padrón del Servicio Electoral o algunos han planteado que tiene que ser el de la Conadi, también han dicho que tienen que elegirse regionalmente, pero otros dicen que no, que tiene que ser por etnias. Otros dicen que tiene que haber un número asignado previamente para cada etnia, para que cada una tenga representación proporcional. Otros dicen que tiene que aplicarse la paridad interna. Todas esas van a ser materias de discusión en las próximas semanas.
Para iniciar esa discusión necesitamos por un lado que la Sala del Senado apruebe esto, que el Gobierno le ponga urgencia y en segundo lugar que el Gobierno presente indicaciones. Porque si es con un padrón u otro, hay indicaciones que tienen que ser del Gobierno porque nosotros no podemos meternos en un tema administrativo de las indicaciones.
¿Se han autoimpuesto algún plazo considerando que el apuro que existió con paridad y que el Plebiscito es el próximo mes?
Le he planteado al Gobierno, ya en tres oportunidades, que le ponga suma urgencia o discusión inmediata para que lo veamos en la Sala.
¿A quién del Gobierno le ha planteado esto?
Al ministro (de la Segpres) Felipe Ward. Y estamos a la espera que eso ocurra.
El gasto electoral
El Servel ya inició el período de propaganda del Plebiscito, pero no está normado cómo se financian los comandos del Apruebo y Rechazo ¿existe preocupación por aquello y se puede hacer algo aún?
Chile retrocedió en transparencia, creo que retrocedimos mucho. Fue muy doloroso en su oportunidad asumir los errores que muchos cometieron respecto al financiamiento de las campañas, pero fuimos capaces desde el Congreso de imponernos una regulación muy estricta, con sanciones muy estrictas y con límites de gasto muy específicos y eso quedó demostrado en la última elección, donde a diferencia de las anteriores las campañas fueron mucho más austeras, hubo mucho más fiscalización y por tanto la influencia del dinero en la política bajó considerablemente.
Hoy día estamos en el laissez faire, hoy día no tenemos nada. Hoy día incluso es peor que el sistema antiguo de elección parlamentaria, porque puede estar ocurriendo que hayan maletines con plata que vengan de instituciones de narcotraficantes, de asociaciones ilícitas, nosotros no sabemos. O platas que no pagan impuestos y que estén dando vuelta aquí o lavado de dinero que pueda estar circulando
¿Podrían repetirse situaciones como lo visto en los casos Penta o SQM?
Mucho peor ¡mucho peor! porque en el caso de SQM o Penta habían boletas. Ahí había un registro de que se trataba de plata de origen legal, con destino ilegal, platas de empresas. Pero acá puede ocurrir que sean platas negras, podría haber plata de afuera que esté entrando al país y no lo sabemos.
¿Y por qué se evitó antes de que se iniciara la campaña?
Presenté un proyecto de ley en enero para advertirle al Gobierno y decirle pongámosle discusión inmediata y antes de febrero saquémoslo o quedémonos unos días en febrero y lo sacamos. Pero el Gobierno no pescó.
¿Sirve que se tramite ahora cuando la campaña ya está iniciada?
Sí, si lo tramitamos en tres o cuatro días es perfectamente posible porque el Servel tendría que entrar a fiscalizar rápidamente. Pero vamos a ver qué pasa, mi percepción es que es un tremendo problema. Por de pronto, mientras la opción de Rechazo tiene gente con banderas, con pancartas, con poleras, con bolsas y están haciendo una campaña de video en todo el país, el otro lado (Apruebo) la situación es de extrema precariedad.
¿Cree que el Gobierno tiene un interés específico al no darle urgencia a esto?
No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda que el Gobierno no le dio urgencia a este proyecto porque no quería poner límite al gasto, para que volviera la diferencia entre uno y otro. Evidentemente.
Fuente: emol
