A la espera de que la Superintendencia de Salud defina cómo se aplicará la tabla de factores de 2019, legisladores de diversas bancadas han impulsado proyectos que buscan resguardar a los afiliados del sistema privado.
Luego de estar un mes y medio en stand by, la semana pasada el Gobierno retomó la mesa de trabajo con las isapres para analizar la crisis que vive la industria, producto de las millonarias pérdidas que arrastran y a propósito del fallo de la Corte Suprema -que les ordenó regirse por la tabla de factores fijada en 2019 y restituir los cobros extra a los afiliados-.
Según ha trascendido, en la instancia la autoridad habría reconocido la complejidad de la situación que enfrentan y se les ratificó a las entidades del sistema privado que tal como se ha dicho públicamente en los últimos días- no se busca dejarlas caer con el objeto de acelerar la transición hacia un nuevo esquema sanitario.
Además, se señaló que en el encuentro de esta semana comenzarán a revisarse las metodologías para cumplir con el dictamen del máximo tribunal.
Sobre esto se refirió el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, en entrevista con Tele13 Radio, quien sostuvo: “nos parece muy importante retomar la mesa, porque eso ya muestra una actitud en cuanto a sentarse a conversar. El diálogo permite, efectivamente, la búsqueda de soluciones”.
“El tono nos parece que fue bueno, en el sentido de que el Ministerio mostró una posición positiva en cuanto a reconocer que existe la crisis, y que hay que buscar salidas y soluciones para no causar daño a los millones de personas que están en isapres, y al sector salud en general”, añadió.
Pero lo cierto es que lo que mantiene al sector en alerta son las definiciones que que entregará la Superintendencia de Salud respecto a la metodología con que se aplicará el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres aplicar la tabla de factores en entró en vigor en 2020 y restituir los cobros en exceso a afiliados, esto en un plazo de seis meses.
A la espera de eso, el superintendente de Salud, Víctor Torres, anunció la semana pasada un pequeño respiro para las aseguradoras, señalando que se emitirá una circular para que las isapres puedan incluir una nota explicativa de sus “pasivos contingentes” en sus reportes financieros, y así no incumplir sus obligaciones.
En medio de una sesión de la comisión de Constitución del Senado, Torres adelantó que “al no tener forma de calcular -porque la autoridad aún no establece el mecanismo de cálculo-, ellos (las isapres) pueden reconocer que existe pasivo, pero que es incuantificable; por lo tanto no requieren aprovisionar, pero sí dejar una nota explicativa. Y así se resuelve el problema sin afectar los indicadores contables y, por lo tanto, sin hacerlas caer en insolvencia por el mero acto de establecer una deuda específica que tendrían que aprovisionar”.
Iniciativas parlamentarias
En paralelo, existen mociones parlamentarias que buscan regular el tema de la tabla de factores y evitar que un eventual colapso de las aseguradoras pudiera desencadenar graves consecuencias para el sistema en su totalidad. Una de ellas, impulsada por el diputado y presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino (Ind.-PR), crea un régimen especial de cobertura en Fonasa, para recibir a los cotizantes de salud privada cuyas isapres puedan declararse en quiebra.
Si bien el congresista calificó el régimen especial como “grupo E” aclaró que “en ningún caso tiene similitudes prácticas con los grupos tradicionales de Fonasa (A,B,C y D), si no más bien es un régimen especial en la cual las personas que estuvieron afiliadas a una isapre que quebró tienen que seguir pagando lo que establece su contrato y recibiendo las prestaciones en dicho plan firmado por cada uno de los afiliados”.
Según la propuesta, esta salida a la crisis terminal de las isapres es viable, ya que se transfieren las mismas obligaciones prestacionales (de salud y SIL) y los mismos ingresos, pero se elimina el gasto de administración del sistema isapre que en promedio es de un 12% del ingreso operacional, eliminando el déficit que estas mantienen en la actualidad.
“Es un régimen especial en la cual las personas que estuvieron afiliadas a una isapre que quebró, tienen que seguir pagando lo que establece su contrato y recibiendo las prestaciones establecidas en dichos planes firmados por los afiliados”, aclaró Lagomarsino.
Por su parte, el jefe de la bancada de diputados DC, Eric Aedo, anunció la presentación de un proyecto que obliga al Ministerio de Salud a asegurar el derecho a la protección de salud y la “libre movilidad de los usuarios” para elegir el sistema al cual acogerse, sea público o privado.
La iniciativa de reforma constitucional, del artículo único, establece que “excepcionalmente, en el evento que una Institución de Seguridad Previsional no mantenga su continuidad durante los dos años siguientes a la publicación de esta reforma y con el objeto de asegurar el derecho a la protección de salud consagrado en el artículo 19 numeral 9, el Ministerio de Salud deberá garantizar la libre movilidad de los usuarios que se encontraren afiliados a éstas, resguardando el derecho de cada persona a elegir libremente el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
El texto también aclara que “el ejercicio de este derecho en ningún caso podrá significar el abuso del mismo por parte de las entidades privadas y no será aplicable respecto de aquellas Instituciones de Salud Previsional que sean objeto de fusión, compraventa o cualquier otro acto jurídico que implique el traspaso de la cartera de afiliados”.
Otra iniciativa de reforma constitucional, presentada por los senadores de Demócratas Ximena Rincón y Matías Walker; además de los RN Francisco Chahuán y Rodrigo Galilea; y el UDI Javier Macaya, pretende hacer cumplir con el fallo de la Suprema pero que al mismo tiempo no signifique terminar con el sistema.
Básicamente el precio de los planes de salud están compuestos por dos ítems: el precio base de cada plan, y lo que se determine según la tabla de factores. En ese contexto, los parlamentarios ingresaron una moción donde afirman que las isapres solo pueden usar la tabla de factores que definió la Suprema -esta es la que fijó a fines de 2019-, y que las nuevas cargas solo podrán modificar el precio final del contrato a partir de los dos años de edad.
Agrega que la tabla de factores solo se aplicará al ingreso del cotizante, y no se utilizará para aplicar ajustes, salvo que sea beneficioso para el cotizante. Otra de las disposiciones que establece, es que las aseguradoras deberán recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril de 2020, de manera tal que el costo final se asemeje lo más posible al precio que cada afiliado estaba pagando a la fecha en que quedó a firme la sentencia del máximo tribunal.
Asimismo, establece que la Superintendencia de Salud regulará un procedimiento de devolución de los eventuales excedentes, a modo que el mecanismo utilizado sea gradual y se realice sólo en forma de beneficios.
Fuente: Emol
