El tributo fue visado por la comisión de Hacienda de la Cámara, en el marco de la propuesta del Ejecutivo que busca modificar el sistema impositivo vigente.
Tras varios meses de tramitación, y luego de una extensa jornada, la comisión de Hacienda de la Cámara despachó este lunes la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno, quedando lista para el próximo paso, que es la votación en la Sala de dicha corporación.
Y si bien el objetivo del Ejecutivo era poder tenerlo aprobado en dicha instancia antes del receso legislativo, no es seguro que se logre, dada la abultada agenda legislativa que tiene el hemiciclo.
De esta forma, la instancia que preside el diputado Jaime Naranjo (PS) dio luz verde a una de las iniciativas claves de la actual administración sin sufrir cambios que desdibujaran su corazón del proyecto con el que busca recaudar 3,6% del PIB una vez en régimen. En la ocasión, se discutieron y votaron hasta el total despacho los últimos tres puntos que quedaban pendientes: los ajustes a los beneficios DFL2, las normas de beneficiarios finales de las empresas, y el impuesto patrimonial.
Este tributo busca gravar a aquellas personas naturales con domicilio o residencia en Chile cuando su patrimonio es superior a 6.000 UTA (Unidades Tributarias Anuales) -US$4,9 millones- en dos tramos. El primero comprende ese umbral hasta 18.000 UTA, y se les aplicará una tasa marginal de 1%; mientras que el segundo contempla una tasa de 1,8% para quienes excedan los 18.000 UTA.
Se trata de un impuesto que se determinará anualmente el 31 de diciembre, debiendo ser declarado y pagado en junio del año siguiente. Además, se estableció en el texto que en 2024 empezará a regir el segundo tramo y posteriormente el primero.
En ese sentido, el debate estuvo marcado por la dudas sobre su aplicación, pese a los sufragios a favor de los parlamentarios oficialistas y los cuestionamientos de la oposición. Al respecto, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) comentó que se trata de un gravamen “difícil de implementar, hay muchas cosas que van a tener que ser muy bien regladas y vamos a tener una discusión muy fuerte en la implementación de esta parte de la reforma cuando apruebe”.
“Estamos afectando a quienes tienen más capacidad técnica y jurídica para influir en este tipo de cosas, esta pelea no se acaba aquí”, añadió.
En tanto, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) advirtió que “en política hay demasiadas cosas que suenan bien, pero hacen mal. Esta es una de esas cosas. Yo entiendo que para tener una especie de relato político el Gobierno establece esta idea dentro de su reforma tributaria, pero los costos de este tipo de medidas se los va a comer entero este Gobierno”.
La visión de expertos
Andrés Martínez, socio líder de la consultoría tributaria de KPMG Chile, explica que en rigor se trata de “un impuesto que grava al stock de activos y capital que tiene una persona. Si la persona tiene más de US$5 millones aproximados se le aplica el impuesto, independiente si los bienes se encuentran o no en Chile, el impuesto aplica igual”.
“Dentro de lo que tenemos hoy en Chile, esta modificación al impuesto al patrimonio considerada en el proyecto de ley rompe con la lógica de gravar las rentas o el aumento de la riqueza, ya que establece que se debe pagar nuevamente solo por el hecho de conservar dicho patrimonio, algo que claramente es contrario a lo que busca un impuesto a la renta”, añadió Martínez.
En ese sentido, Claudio Bustos, abogado tributario y socio fundador de Bustos Tax & Legal, sostiene que este es un impuesto que “se percibe negativamente, porque da lugar a una tributación múltiple, puesto que grava rentas que ya tributaron en su momento con Impuesto Global Complementario”.
“La experiencia internacional ha demostrado que recauda poco y que incentiva la fuga de capitales. Me parece altamente inconveniente que un impuesto como este se apruebe en Chile en la situación actual”, acotó.
Junto con ello, el abogado manifestó que “la gran dificultad de este impuesto estará en su implementación y fiscalización por parte de la autoridad, ya que existen patrimonios sumamente diversificados, en los cuales la aplicación de las normas de valorización puede ser muy compleja, lo cual dificultará también la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII)”.
Hugo Hurtado, socio líder de Tax & Legal de Deloitte, en tanto, expuso que “este tributo hace menos rentable invertir en Chile, ya que puede costar hasta un 1,8% más invertir en nuestro país versus otros países. Esto puede ser especialmente relevante, considerando lo importante que será la inversión este 2023 para controlar la recesión y el bajo crecimiento esperado para los años siguientes. A mi juicio, deben verse otras alternativas para aumentar la recaudación”.
Finalmente, el abogado tributario de Arteaga Gorziglia, Gonzalo Guerra, abordó la aplicación del tributo, señalando que “se tiene que tener mucho cuidado en las normas de tasación de los bienes que conforman los patrimonios, debiendo establecer procedimientos y reglas claras para poder declarar y calcular el impuesto”.
Asimismo, indicó que “la controversia está en la falta de respaldo técnico en la efectividad de la norma, sus efectos negativos a nivel incentivos a la reinversión, como castigar el ahorro. En general se puede observar que es una norma que tiene una razón más política que técnica”.
Fuente: Emol
