La iniciativa, que se revisaría hoy en la Cámara Alta, no contaría con el respaldo de todo el oficialismo. De ser rechazada, se archivará por un año.
Este miércoles se espera que la Sala del Senado vote el proyecto de ley que busca otorgar un indulto a los denominados “presos de la revuelta”, personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social y que permanecen en prisión preventiva y a la espera de un juicio por su presunta implicancia en delitos ocurridos en la crisis de 2019. Según comentan los propios senadores, es probable que no se llegue a votar ya que se encuentra como cuarto punto de la tabla.
La iniciativa, que fue ingresada por parlamentarios oficialistas y permanece sin avances en su tramitación desde diciembre de 2020, necesita de 26 votos para ser aprobada, los cuales aún están en duda luego de la reticencia que genera en algunos legisladores del sector, pese al respaldo que el Gobierno le ha otorgado a la medida.
De hecho, una de las primeras decisiones del Presidente Gabriel Boric tras asumir el mando de la nación fue aplicar urgencia al proyecto, lo cual le costó una serie de reproches al ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien dio cuenta de la determinación después de una cita con jefes de bancada en marzo.
Sin embargo, al constatar que no existía apoyo unánime, el Mandatario decidió retirar la urgencia a la espera de mayor acuerdo. Mientras, por otro lado, cuenta con la presión de la senadora Fabiola Campillai, quien ha insistido en varias oportunidades al propio jefe de Estado sobre la necesidad de sacar adelante la iniciativa.
Con todo, fueron los comités de Chile Vamos los que colocaron en tabla el proyecto, como una forma de presionar al Ejecutivo y a sus legisladores a tomar una posición sobre el tema, en medio de la campaña de cara al Plebiscito de salida del proceso constituyente, que se desarrollará el próximo 4 de septiembre.
De hecho, ante la tensión que genera la medida, el oficialismo votó en contra de la idea de que el tema se aborde en el hemiciclo y aspiran a que el debate, que está en cuarto lugar de prioridades para este miércoles, se postergue hasta conseguir un mayor consenso en entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
Cabe recordar que, durante la carrera a La Moneda, Boric se mostró favorable a una amnistía. De hecho, Jackson, su entonces jefe de campaña llegó a afirmar que las querellas “van a ser retiradas en el minuto que Gabriel asuma como Presidente. Eso es un compromiso”, lo cual luego fue matizado por el propio Mandatario.
En esa línea, el entonces candidato, que incluso visitó a algunos presos, dijo después que no cabe indultar a personas que hayan quemado iglesias, Pymes o saqueado supermercados. En su programa de Gobierno, incluyó la necesidad de contar con un proyecto “de indulto para quienes injustificadamente siguen privados de libertad”.
A esos gestos se sumó la declaración realizada por la Convención Constitucional. En uno de sus primeros acuerdos, la asamblea aprobó por 105 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones, una declaración pública en la que emplazó al poder constituido a legislar “con celeridad” sobre la materia.
Dificultad para obtener votos
En la centroizquierda no hay consenso sobre la materia. En la DC, por ejemplo, hay dos senadores, Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, que han participado de la redacción de la iniciativa, mientras que Ximena Rincón y Matias Walker están en contra y promueven otra propuesta.
Al respecto, este último señaló que “nosotros tenemos una propuesta distinta a la del Gobierno, se la presentamos a la ministra de Justicia y al ministro Jackson. Nosotros creemos que la alternativa del indulto o la amnistía, no es una buena alternativa, porque borra el delito y el reproche penal a la violencia”.
“En el caso de los condenados, el presidente puede aplicar indultos y estudiar caso a caso, y en base al caso a caso, determinar un indulto particular, pero en el caso de las prisiones preventivas, no se saca nada con establecer un indulto, porque se aplica a los condenados“, añadió.
En esa línea, Walker expresó que “por eso nosotros propusimos una salida alternativa, que era poder aplicar por ley, una suspensión condicional del procedimiento. Para aquellos casos de delitos, que no son violentos”.
En la otra vereda, el senador del PS, Alfonso De Urresti, señaló que la iniciativa “la hemos respaldado como senadores del PS, creemos que es importante avanzar en la medida. Incluso hicimos una indicación sustitutiva en la comisión de Constitución”.
“Lo importante es que se tomen todas las medidas necesarias, que exista una política integral para resolver de una vez por todas, los daños y ayudar a las victimas del estallido, el PS ha estado respaldando esa iniciativa”, sostuvo, junto con advertir que “yo creo que es labor del Gobierno ordenar y conseguir una mayoría”.
Uno de los autores del proyecto es el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien indicó que ponerlo en tabla para mañana fue solo con la intención de hacer un punto político por parte de la oposición.
“Más que interesarle el problema de fondo de los presos de la revuelta lo que les interesa es hacer un punto político electoral de cara al plebiscito. El gobierno ya había dicho que están redactando una alternativa a un proyecto que pueda tener mas beneficios (…) y que al mismo tiempo tenga mas consenso social”, dijo el parlamentario.
Y precisamente desde la oposición, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) defendió que se haya puesto en tabla el proyecto -aunque sea de último punto- ya que le parece positivo que “que se transparente qué es lo que se piensa respecto a acciones (delitos) de esa naturaleza”.
Delitos que, según Coloma, “hoy día son más complejos, que son los que alteran el oren público y la seguridad de las persona”. “De alguna manera da una lógica de impunidad (…) Generan precedentes que son muy complejos cuando uno habla de tener una visión más justa respecto de aquellas cosas que tanto nos están afectando a los chilenos”, agregó el congresista.
Fuente: Emol
