Distintas empresas constructoras e inmobiliarias mantienen millonarias deudas conforme no mejora la situación económica del país, sube el dólar, los combustibles y fletes, se encarecen los materiales, unido a la escasez de mano de obra -que presiona los sueldos-, la menor demanda de viviendas por la inflación y trabas crediticias. Todos estos factores sumados a la incertidumbre político económica nacional, ponen en riesgo la continuidad de una gran cantidad de iniciativas de infraestructura pública, generando un déficit de más de 600 mil viviendas. Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), afirmó hace unas semanas: “Como industria estamos viviendo un momento muy complicado por distintos factores. Y estos factores comienzan en la pandemia que a nuestro sector afectó con una paralización de proyectos por cerca de cuatro meses, en los que se perdieron del orden de 400.000 empleos”, dijo. Posteriormente, para lograr retomar la actividad, Errázuriz menciona que fue necesario “incurrir en costos adicionales en los proyectos, sumando una escasez de trabajadores disponibles, lo que significó un atraso de los proyectos en construcción traduciéndose en mayores costos. Una vez saliendo del momento más álgido de la pandemia, enfrentamos el quiebre de stock de algunos materiales de construcción, situación que ha llevado a un alza de 37% del precio de los materiales en un año”.
El timonel de la CChC advirtió que la crisis que enfrenta el sector podría seguir teniendo graves consecuencias para las firmas que lo integran, no obstante, aseveró que “es urgente la necesidad de disminuir el déficit habitacional”. Para ello, menciona que “se requieren soluciones extraordinarias”.
A raíz de este complejo escenario – que se dejó ver con más fuerza tras la solicitud de quiebra de la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela- el Gobierno anunció un paquete de medidas para ir en apoyo del rubro. En oportunidades anteriores, el Ejecutivo había argumentado que el rubro aún no supera las consecuencias de la pandemia, período en que no se pudieron desarrollar muchos proyectos por los protocolos sanitarios.
En concreto, se trata de cuatro medidas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel indicó que la primera “tiene que ver con el seguro de remate para viviendas sociales, en el cual ese seguro va a cubrir el 100% de la diferencia entre el valor de la propiedad y el precio en el que eventualmente se remate”. Explicó que “eso no significa que uno esté tratando de rematar más propiedades, si no que significa que el costo del crédito, asociado al riesgo que se genera por una eventual diferencia en el precio del remate de una vivienda, se reduce y con eso se reduce el costo del crédito”.
La segunda medida ya fue anunciada hace unas semanas atrás como parte del plan Invirtamos en Chile. En esta oportunidad Marcel explicó el mecanismo de implementación. Se trata de la garantía estatal para el 10% del valor de la vivienda, para viviendas de valores entre 2.800 y 4.500 UF. “Esto va a permitir que familias que se estaban quedando cortas en el pie, dado los aumentos en las tasas de interés y el aumento en los precios de la vivienda, ahora van a tener ese apoyo adicional a través de la garantía al crédito que le entregará el banco por ese 10% adicional. Dado que ese 10% va a estar garantizado por el Estado, va a contribuir a abaratar el crédito hipotecario”, sostuvo el jefe de la billetera fiscal. En tercer lugar, “hay una serie de beneficios tributarios para facilitar la donación de terrenos por parte de empresas, para programas de viviendas para sus propios trabajadores”, indicó Marcel. Específicamente, “esos beneficios tributarios van a consistir en eximirlos de los impuestos a las donaciones y que el costo del terreno pueda ser considerado gasto para producir renta”, agregó. Finalmente, el ministro de Hacienda mencionó que “en lo que se refiere a la eliminación del crédito especial de IVA a las empresas constructoras, se va a extender por dos años la transición, de tal manera que luego de reducirse al 50% en el 2023 y 2024, se va a reducir al 25% en 2025 y 2026, por lo tanto la eliminación completa se va a postergar hasta el año 2027”.
Desde el sector privado, Jorge Contreras, director ejecutivo de Dominus Capital -que cuenta con un área de negocios enfocada en el apoyo al sector inmobiliario reconocida en la industria- señala: “Debido a que el financiamiento para este sector se ha vuelto escaso y complejo, asesoramos a clientes del rubro público, enfocándonos en levantar financiamiento en distintas instituciones e inversionistas , en conjunto con las pólizas de seguros que requieren estos proyectos en las etapas iniciales de su desarrollo. Estas últimas también están muy restrictivas, pero las hay”. Añade que “a través de la experiencia que hemos recogido en el mercado respecto a las ventajas, prácticas y políticas más adecuadas para resguardar los intereses tanto de los acreedores como de los inversionistas que buscan rentabilidades atractivas en este nicho de mercado, es que ofrecemos un esquema de captación de recursos que mantiene una sana posición de deuda para este tipo de proyectos”. Y recalca: “Estimamos que se trata de un mercado que se puede dinamizar en el corto plazo, y para esto existen distintas estrategias que son aplicables”.
Es así como, en este sector económico, tanto el Estado como los privados buscan implementar estrategias para volver a dinamizarlo, de tal manera que se mantenga en movimiento un rubro tan relevante para el desarrollo y crecimiento del país.
Fuente: Agencia La Llave
