La minera acusó al consorcio chileno-bielorruso CBM de un atraso de doce meses en las obras del proyecto estructural y no cumplir con medidas se seguridad, llevando a poner término anticipado del contrato y desatando la controversia.
Acusando brechas asociadas a las metas de gestión establecidas, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) decidió rescindir anticipadamente el contrato que mantenía con el consorcio CBM –integrado por la chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz-, encargada de las obras de movimiento de material para la preproducción (prestripping) y construcción de caminos del proyecto estructural Rajo Inca, que busca extender la vida de División Salvador por 47 años.
En duras incriminaciones emitidas por la minera, se responsabilizó a CBM -entidad que se adjudicó la licitación en marzo de 2021- de producir un retraso de doce meses en la materialización de las obras y un deterioro en la producción que se calcula podría llegar a un rango de 90 mil a 100 mil toneladas entre 2023 y 2025, elevando la estimación que había de unas 80 mil toneladas.
Asimismo, desde la cuprífera indicaron que hace meses se arrastraban los problemas con el grupo chileno-bielorruso, pero que el punto de quiebre fue el accidente fatal que sufrió uno de los trabajadores de esta empresa, ocurrido en julio pasado. En ese sentido, además del retraso de las obras, Codelco aseguró que CBM incumplió reiteradamente tanto estipulaciones contractuales como disposiciones reglamentarias en materia de seguridad.
“Desde el inicio del contrato la estatal desplegó un intensivo plan de apoyo para proporcionar la continuidad a la operación; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos para mejorar el desempeño, mitigar los riesgos operaciones y de seguridad, no fue suficiente para cubrir la totalidad de las brechas”, afirmaron desde Codelco.
Lo que sí, la estatal apuntó ya estar enfocada en asegurar la continuidad de las obras del proyecto y resguardar la fuente laboral para la mayoría de los trabajadores de CBM y sus proveedores, para lo que se promoverá con los nuevos contratistas que aquellos sean incluidos con prioridad en sus procesos de reclutamiento.
La defensa de CBM
Frente a esta situación fue que CBM presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para solicitar una orden de no innovar y paralizar el cobro de las cuatro boletas de garantía, que sumaban un total de 323.854 UF -y que a la fecha de interposición del recurso ascendían a un total de $11.431.311.051-. Sin embargo, la instancia lo declaró inadmisible.
Conocido el dictamen, la contratista no descarta presentar un recurso de reposición ante la Corte Suprema buscando un destino diferente. Cabe mencionar que el consorcio invirtió unos US$160 millones para servir el contrato de movimiento de tierras.
Pero hasta el momento la estrategia de la firma apunta a lograr un acuerdo con la minera, especialmente, luego de que se hicieran efectivas boletas de garantía por $11 millones. Según explicó a El Mercurio Josip Sekul, dueño de Movitec, está en evaluación si retomarán la vía judicial, dependiendo de cómo vayan sucediendo los hechos.
Eso sí, el también gerente general y socio de CBM manifestó que “hay que ser realistas, el dato duro es que Codelco ocupó una carta de término anticipado de contrato, creo que la única alternativa que tenemos es llegar a un acuerdo en que se satisfagan las partes involucradas”.
“Hay que entender que nosotros representamos a una empresa que es del gobierno bielorruso que está muy preocupada, viajaron dos ejecutivos de alto nivel y lo que queremos saber es cómo seguirá Codelco. Hubo un primer acercamiento donde nos solicitaron una carta formalmente pidiendo una mesa de trabajo, creemos que será una buena instancia para poner nuestro punto de vista y dar una solución lo más amistosa posible”, agregó Sekul.
Respecto del accidente que le costó la vida al trabajador Rubén Trigo, el ejecutivo admitió que se cometieron “errores inconcebibles”, pero que se tomaron medidas, con inversiones en seguridad y tecnología por US$4 millones, además de una renovación de la planta ejecutiva de la empresa, incluidos el gerente general y el gerente de proyecto.
Intervención de Bielorrusia
Producto del origen estatal de la empresa Belaz, propietaria de camiones de alto tonelaje, este jueves se dio a conocer una carta firmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia en la que solicita la intervención de parte de la Cancillería chilena en el conflicto.
“Considerando que la continuación y el desarrollo de la cooperación en el suministro de maquinaria de minería es de interés nacional tanto para Bielorrusa como para Chile, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia agradecería al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile su asistencia en la creación de las condiciones necesarias para resolver las diferencias que han surgido entre los socios de Bielorrusia y Chile“, señala el escrito de dos carillas emanado desde Minsk.
En esa línea, y en un tono conciliador, también se destaca en la misiva que Belaz “siempre se esfuerza por cumplir plenamente sus obligaciones contractuales y resolver los problemas a través de negociaciones amistosas”.
Al respecto, Antonio Saavedra, abogado y asesor jurídico de Belaz, manifestó a este medio que “esta situación generada por la decisión unilateral de Codelco de poner término al contrato y cobrar la boleta de garantía, al menos, causa sorpresa en los inversores que están al otro lado del mundo”.
Junto con ello, el abogado explicó que lo que se busca a través de la misiva es convenir “una salida amistosa a esta situación que se ha instalado en la relación del consorcio con Codelco”, en el entendido de que “el ánimo siempre va a ser, ante cualquier situación de conflicto, buscar las alternativas y las modalidades de solución a través de comunicaciones, a través de mesas, o a través de avisos previos”.
Tras ser consultados por Emol, desde Codelco declinaron referirse a la solicitud del Gobierno bielorruso.
Eso sí, reforzaron que la definición tomada por la cuprífera de terminar con el contrato “se debe al incumplimiento reiterado de las estipulaciones contractuales por parte de CBM, así como también de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad”.
Fuente: Emol
