Fue en diciembre de 2018, cuando las alarmas se encendieron en Fiscalía Centro Norte. Desde la Unidad de Análisis Financiero llegó una alerta sobre un presunto caso de corrupción al interior de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), mismo que casi un año después implicaría la detención de una veintena de personas.
La investigación del caso quedó a cargo del persecutor fiscal de Alta Complejidad Francisco Ledezma, quien trabajó desde el comienzo con detectives de la Brigada investigadora de delitos de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.
Fue este mismo equipo el que la mañana del viernes llegó a distintas dependencias estatales para incautar información y detener a personas que aún se desempeñan en el Minvu.
Conocedores de la investigación aseguraron que ésta se llevó adelante en completo hermetismo a fin de no arruinar los resultados. De hecho, las autoridades ministeriales se enteraron de la indagatoria al momento en que se desarrollaban las incautaciones y aprehensiones.
También indicaron que durante los casi 12 meses que duraron las pesquisas que permitieron las detenciones, se realizaron distintas diligencias, entre ellas análisis de información contable. Era importante, agregaron, establecer qué dineros provenían efectivamente del Estado y cuáles no.
De la cartera a tribunales
Eran cerca de las 14:30 de ayer cuando, desde el frontis del centro de documentación del Minvu, ubicado en calle Serrano, el fiscal Ledezma entregó más detalles.
“Hemos hecho algunas diligencias, particularmente en el Minvu, a propósito de una investigación por delitos de corrupción en los que se habrían visto involucrados funcionarios públicos de este ministerio”, explicó.
Aseguró que los delitos investigados hasta el momento son fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, los que se habrían configurado cuando los trabajadores del departamento de informática de la cartera favorecieron y aseguraron las adjudicaciones, por servicios vinculados a dicha área, a ciertas empresas y carteras.
Entre estas últimas estarían las de Educación, Obras Públicas y Segpres.
Fuentes de Emol también señalaron que los mismos trabajadores habrían creado “sociedades fachadas” para ser ellos mismos los que prestaran los servicios informáticos.
Entre los veinte detenidos se encuentran funcionarios con cargos como jefes de proyecto y evaluadores técnicos de ofertas.
Así también, otros civiles no vinculados al ministerio: representantes legales de las empresas que se adjudicaron las licitaciones y familiares de los funcionarios. Este último grupo, precisó Ledezma, están “principalmente vinculados al delito de lavado de activos”.
Los detalles del caso se entregarán durante esta jornada, cuando el grupo de imputados pase ante el 7° Juzgado de Garantía para su formalización. Por su parte, el ministro de la cartera, Cristián Monckeberg, dio algunas luces: “Lo que se detectó es un enriquecimiento ilícito y una poca justificación de los ingresos de ciertos funcionarios. Estamos hablando de $800 millones, $900 millones”.
Fuente: emol
