El gremio dijo que están a la espera de que la Superintendencia de Salud “en los próximos días, dicte una normativa para retomar el proceso de adecuación” de precios de los planes. En tanto, el superintendente reconoció que dicho fallo “complica aún más” situación de las Isapres, pero indicó que hacer de nuevo el proceso “no es tan simple”. También confirmó que la adecuación no será retroactiva.
Este lunes el superintendente de Salud, Víctor Torres, se refirió finalmente al decisivo fallo que dictó el jueves pasado la Corte Suprema, donde por cinco votos a cero la Tercera Sala frenó las alzas de precios de los planes de salud que habían hecho las Isapres.
Y este martes fueron las isapres las que salieron a alzar la voz por primera vez desde que se conoció la decisión del máximo tribunal. “El futuro inmediato de las isapres depende de las decisiones que tome el gobierno, la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud en el cumplimiento del fallo, y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento, son cruciales, de ello depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas, e indirectamente a 10 millones de usuarios de la red privada de salud”, dijo el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon.
De esta manera, tanto las isapres como la Superintendencia de Salud ya mostraron sus primeras cartas respecto del fallo, al emitir tales declaraciones. Y este miércoles se verán las caras de manera oficial en la mesa de trabajo que está agendada junto al Ministerio de Salud para las 10 horas.
Adicionalmente y mediante un comunicado, el gremio recordó que la Suprema “mandató a la Superintendencia de Salud a regular un nuevo plazo de comunicación del reajuste de precios de los planes de isapres, para el período correspondiente a junio de 2022 y julio de 2023″.
Agregó que “frente a esta sentencia, la autoridad debe dictar una nueva circular conforme a la Ley 21.350, crucial para el funcionamiento del sistema, y que despeje las incertidumbres jurídicas que gatillaron la inédita judicialización del sector, al punto de poner en riesgo su viabilidad”.
Asimismo, el gremio recalcó que “el futuro inmediato de las isapres y las coberturas de sus beneficiarios están en manos del gobierno, que ha reconocido la compleja situación operacional, instalando una mesa de trabajo para abordar los problemas. En ese contexto, la Asociación de Isapres está a la espera de que la Superintendencia de Salud, en los próximos días, dicte una normativa para retomar el proceso de adecuación, siguiendo las directrices que ordenó la Corte Suprema”.
Por último, señaló que “la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud al cumplimiento del fallo y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento son cruciales, pues de ello depende la continuidad de los planes y coberturas que benefician directamente a más de tres millones de personas, y el normal funcionamiento de todo el sistema privado de salud, que suma más de 10 millones de usuarios al año”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que “hay una situación de desequilibrio financiero en el caso de las isapres que es importante”, pero comentó que eso más bien lo están viendo “los reguladores del sector”. También dijo que “si uno quiere tener un sistema de salud que dé seguridad y que aún en el contexto de una reforma y de una transición, va a querer una transición ordenada, es importante que se tomen los resguardos para asegurar que la transición ocurra de esa manera”.
La visión del superintendente
Este martes el superintendente de Salud también profundizó sobre el fallo. Dijo mediante un comunicado que “estamos evaluando y analizando el fallo para dar cumplimiento a las instrucciones que el máximo tribunal dictaminó, ya se hizo una revisión de los mecanismos más eficientes para concretar la devolución (de dinero por las alzas que se hicieron en julio y agosto) y ahora corresponde redactar la circular respectiva para instruir a las isapres la fórmula en que deberán reintegrar el dinero del alza, al 100% de las personas cotizantes del sistema”. Ello, por la vía de excedentes.
Torres también reconoció en radio Cooperativa que “la situación de las isapres es una situación compleja, previamente al fallo, obvio. Pero es una situación compleja que no tenía hoy día, o en ese momento que conversamos, un riesgo mayor de que cayeran de manera inminente en una insolvencia o pudiera haber una quiebra. Obviamente, la situación del fallo complica aún más, pero hay una segunda instrucción que nos entrega la Corte: nos instruye como Superintendencia a establecer un nuevo plazo para que las isapres puedan volver a notificar un alza que sea debidamente fundada para el proceso 2022”.
Eso sí, luego matizó en el comunicado: “Entendemos que la situación de las isapres es compleja. No obstante, seguimos trabajando en la mesa que instaló el Ministerio de Salud, precisamente porque nuestra prioridad es evitar que cualquier eventualidad llegue afectar a las personas afiliadas. En ese sentido, hemos estado colaborando en varias acciones con la Asociación y con las propias Isapres, para darle garantía a las personas de que seguirán recibiendo atención y cobertura de sus prestaciones de salud”.
Torres dijo que se mantendrá el techo del indicador que en marzo definió la Superintendencia, de 7,6%, porque argumentó que “no ha sido cuestionado por la Corte”.
Sobre el plazo en que se podría realizar el nuevo proceso de adecuación, el superintendente sostuvo en la radio que “no es tan simple, porque la instrucción de la Corte lo que estableció fue que nosotros determinemos un plazo en un tiempo razonable, el punto es que la ley dice que son 15 días después de ser publicado el indicador, y eso fue en marzo, entonces tenemos que revisar efectivamente la legalidad del acto administrativo nuestro. Estamos mandatados por la Corte, si no cumplimos con eso, caemos en desacato, y bajo ningún punto de vista queremos (caer en desacato)”.
Y consultado respecto de si el alza podría hacerse de manera retroactiva, es decir, desde junio, Torres dijo que “no. A pesar de que la ley dice que parte en junio de 2022, efectivamente hay una instrucción de la Corte Suprema de hacer devolución de los recursos ya cobrados. No tendría sentido retroactividad si la Corte instruyó devolución de los dineros ya requeridos, sino habrían quedado en un pozo”.
Fuente: La Tercera
