El abogado y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, se refirió al tema que se ha tomado la agenda durante la última fase del año: la demora en la tramitación de los permisos para implementar proyectos de inversión. Aseguró que “este tema se está convirtiendo en un obstáculo serio en la materialización de proyectos mineros, impactando en un menor crecimiento del sector”.
Más de 309 permisos -de los cuales 63 son sectoriales prioritarios- son los que deben enfrentar los proyectos de inversión en minería para poder implementarse. Frente a esta realidad, diversas voces han coincidido en que esto impactaría en un retraso en la capacidad de concretar nuevas iniciativas, lo que llevaría a que la industria pueda experimentar un estancamiento con efectos negativos en la economía del país.
Ante las críticas realizadas por sectores productivos, inversionistas y expertos, el gobierno presentará próximamente la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la cual busca eliminar el Comité de Ministros, fortalecer los criterios técnicos al momento de calificar los proyectos y permitir la evaluación temprana de los mismos.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, se sumó al debate y analizó esta situación y los desafíos que le deparan a la industria.
Permisología: un obstáculo para los proyectos de inversión
¿Cómo afecta la permisología a la competitividad de la minería chilena?
En nuestra opinión este tema tiene la máxima urgencia, ya que en la práctica se está convirtiendo en un obstáculo serio en la materialización de proyectos de inversión, lo que evidentemente está impactando en los indicadores económicos y, en definitiva, en el menor crecimiento del sector. Hay un alto costo impuesto por las tramitaciones de permisos y autorizaciones, junto con una tremenda falta de certeza en los resultados de estas gestiones.
En el sector minero se han identificado casi 440 trámites, según un informe de la Comisión de Evaluación y Productividad, que se traducen en más de 309 permisos, de los cuales 63 son permisos sectoriales prioritarios. Esto se traduce en un extenso periplo donde participan distintos funcionarios, de diversos servicios y dependientes de diferentes autoridades, cuyas competencias se confunden, duplican o superponen, haciendo de esto un proceso extremadamente desgastante y carente de todo sentido práctico.
Reforma ambiental y el componente político
¿Cuál es su opinión acerca de la reforma a la ley 19.300 que busca eliminar el Comité de Ministros y fortalecer el carácter técnico en la calificación de los proyectos?
Tratándose de un aspecto tan relevante, estimamos que se ha tardado mucho en tomar acciones en pos de reducir los tiempos y los excesivos trámites que se requieren para llevar adelante cualquier proyecto de inversión.
Considerando el débil desempeño de la economía, se requiere con urgencia abordar este tema para atraer nuevas inversiones, reducir la incertidumbre y permitir la concreción de varios proyectos que están en carpeta, los que sin duda alguna traerán beneficios para el país. Hay espacio en el ámbito administrativo para avanzar en la materia.
Creemos que detrás de la idea de eliminar el Comité de Ministros está el objetivo de reducir o eliminar el componente político en la evaluación ambiental de proyectos de inversión. Si bien es necesario avanzar en ese sentido, también es importante mantener un sistema que permita a la autoridad u otro organismo revisar la decisión, previo a la judicialización.
¿Cuál es la postura de Sonami frente a este tema y cuál debiera ser el foco para mejorar el panorama actual?
Los esfuerzos deben centrarse en generar un mejor diseño institucional, para que las decisiones que surjan permitan restringir la discrecionalidad y garantizar la calidad técnica del proyecto, en un procedimiento concentrado, transparente y expedito, que garantice certeza jurídica y resguardos contra la arbitrariedad funcionaria.
FUENTE NUEVA MINERIA Y ENERGIA
