El presidente de Argentina fue imputado en una causa que busca esclarecer su rol en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, cuya abrupta caída provocó millonarias pérdidas.
El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación penal contra el presidente de Argentina, Javier Milei, además de otros varios empresarios vinculados a la criptomoneda $LIBRA, tras múltiples denuncias que apuntan a un posible fraude financiero.
La causa, según lo señala la prensa argentina, busca determinar si existieron delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho.
Las indagaciones se enfocan en esclarecer si Milei y su entorno promovieron la moneda digital de forma irregular y si hubo uso de información privilegiada para beneficiar a ciertos inversionistas antes del colapso de su valor.
Según lo informó Clarín, se estima que más de 40 mil personas sufrieron pérdidas económicas luego de que la criptomoneda pasara de cotizarse en 5 dólares a desplomarse en pocas horas.
Además, la justicia argentina recopiló más de 112 denuncias relacionadas con el caso, y la jueza María Servini delegó la instrucción en el fiscal Taiano. Como parte de la investigación, se incorporó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que trabajará en la recuperación de evidencia digital.
Posibles vínculos internacionales en investigación contra Javier Milei
El Ministerio Público Fiscal también busca determinar el rol de empresarios como Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales en la creación y lanzamiento de $LIBRA.
Además, empresas extranjeras como Kip Network y Kelsier Ventures también están bajo la lupa, especialmente por su participación en la oferta inicial del token.
Asimismo, el fiscal Taiano no descarta la intervención de organismos internacionales como el FBI y Homeland Security si se confirma que fondos vinculados a la criptomoneda circularon en Estados Unidos.
Por su parte, Milei se ha enfocado en rechazar todas las acusaciones a las que se le vincula, asegurando que “solo difundió el proyecto” y que no tiene responsabilidad en el desplome del activo digital.
Mientras tanto, los inversionistas afectados exigen respuestas, denunciando lo que califican como una “estafa piramidal con aval presidencial”.
Fuente: T13
