Uno de los elementos que solemos destacar en torno al 8M es cómo las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas en la sociedad.
Invisibles: porque, hasta hace poco, la economía no valoraba en absoluto las labores de cuidado, mayoritariamente realizadas por mujeres.
Invisibles: porque la medicina ha construido sus diagnósticos y tratamientos asumiendo que el cuerpo masculino es el estándar del cuerpo humano.
Invisibles: porque nuestros nombres, nuestras historias y nuestro rol social están subrepresentados en la historia oficial, en las calles, en los libros y en los monumentos públicos.
En la justicia juvenil, al igual que en el sistema penitenciario adulto, se repite el patrón: en un sistema mayoritariamente masculinizado —el 93% de quienes cumplen una medida o sanción bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente son hombres—, las mujeres han sido, por mucho tiempo, prácticamente inexistentes en las políticas y programas de intervención.
La reforma a la justicia juvenil que hoy estamos implementando es una oportunidad inmejorable para cambiar esta falta de visibilidad. Esta transformación, impulsada con amplio consenso político, tiene como eje el desarrollo de un trabajo personalizado, donde cada decisión judicial busca la mejor opción para la persona involucrada. Para ello, seguimos avanzando en la especialización de todos los actores del circuito de justicia y en la implementación de herramientas claves, como el Informe Técnico, que proporciona información esencial para tomar las decisiones adecuadas a cada caso.
El modelo de intervención que estamos desplegando desde el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, junto a quienes ejecutan medidas y sanciones, sigue la misma lógica: planes de intervención ajustados a la historia y realidad de cada joven, considerando los factores que pueden influir en su camino hacia la reinserción. Aquí, el género es una variable fundamental: las expectativas sobre el futuro, la maternidad, el ejercicio de la vida sexual y la identidad, a menudo vinculada al cuidado de otros, deben ser abordadas explícitamente para garantizar una reinserción efectiva.
Este enfoque individualizado no solo es un acto de justicia al reconocer la diversidad de experiencias dentro del sistema, sino que también responde a la evidencia internacional: la personalización en la intervención es clave para un sistema de justicia juvenil más eficaz y, en consecuencia, para una sociedad más segura. Las soluciones únicas no solo invisibilizan, sino que además tienen bajos resultados. Avanzar en la dirección correcta implica aplicar las herramientas más pertinentes para cada caso. Ese es el compromiso con el que trabajamos cada día, con sentido de urgencia y responsabilidad.
Rocío Faúndez García
Directora Nacional
Servicio de Reinserción Social Juvenil