A solo 44 días de que se cumpla el plazo definido por la Corte Suprema, aún no hay claridad en la propuesta legislativa que tiene como objetivo viabilizar el cumplimiento del fallo. De hecho, en la última semana los intentos de Salud por zanjar una propuesta no han sido aprobados por el Ejecutivo, motivo por el cual el Presidente pidió a sus equipos hacerse presente en la discusión. En ese contexto, las autoridades sanitarias están trabajando en un nuevo plan.
Ya había comenzado la reunión en el gabinete ministerial de Salud, cuando se abrió la puerta e ingresó un inesperado asistente. En el lugar -citados para conversar sobre una Ley corta sobre isapres que aplique el fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado- se encontraba la jefa de esa cartera, Ximena Aguilera, y parlamentarios oficialistas de las comisiones de Salud. Estos se sorprendieron al ver entrar al jefe de asesores del Presidente Boric, el ex diputado Miguel Crispi (RD).
Su presencia no fue casual. Aunque Crispi -relatan algunos asistentes a la reunión- hizo pocas intervenciones, todos leyeron que lo que ahí se hablara era de suma importancia para La Moneda. Sobre todo, porque los plazos se acortan -quedan sólo 44 días para que se dé cumplimiento al “supremazo”- y porque la semana pasada la ministra Aguilera presentó una primera propuesta de Ley corta que recibió la oposición del oficialismo y de La Moneda.
Esta tensión ha retrasado la presentación de la iniciativa que busca aplicar el fallo del máximo tribunal que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual deben revisar 42 mil planes que tienen 995 tablas vigentes. La jefa del Minsal ya había puesto fines de marzo como plazo para hacerlo, y el jueves pasado aseguró en una entrevista que ello ocurriría esta semana. Sin embargo, no hay luces de que ello suceda en estos días y desde la cartera han asegurado que no descartar solicitar más tiempo a la Suprema para buscar vías de aplicación.
El jueves pasado, Aguilera se encontró con un “portazo” por partida doble. Primero, en el comité político, con cuyos ministros -salvo el titular de Hacienda, Mario Marcel, que se encontraba en EE.UU.- se reunió durante la tarde. Ante sus pares de La Moneda, la jefa de la cartera sanitaria dio cuenta del borrador en que venía trabajando hace meses junto con Manuel Nájera, jefe de asesores, y Javiera Mena, jefa de gabinete.
Según quienes conocieron del tenor de la cita -de la que se restó el Presidente Gabriel Boric por encontrarse de gira en el norte-, varios miembros del comité político advirtieron a la ministra de Salud que no compartían los ejes de la propuesta elaborada por sus equipos. Quien levantó las alertas fue la titular del Trabajo, Jeannette Jara, quien se mostró en desacuerdo. Sin embargo, quienes conocen del tema sostienen que la ministra sí cuenta con el respaldo de Marcel, Carolina Tohá (Interior) y Ana Lya Uriarte (Segpres).
Aunque no forma parte del proyecto legislativo puesto que no precisaría un monto, uno de los nudos principales fue el porcentaje que la cartera calculaba para eximir de pago de estos cobros en exceso a las aseguradoras de salud. Si de acuerdo a los cálculos preliminares, en el peor de los escenarios, las aseguradoras deberían devolver 1.400 millones de dólares, la nueva bajaba este monto a US$ 140 millones, lo que implicaba una rebaja de 90%. También lo era el plazo de pago, pues establecía uno mayor a los 24 meses anunciados ya por el Minsal en una primera ronda informativa a diversas partes involucradas en el tema.
El mismo ánimo se encontró ese jueves en una reunión con los presidentes de partidos oficialistas, que se realizó en la sede de Comunes. Nuevamente -según relatan presentes que prefieren mantener la reserva de su identidad- se le hizo ver a la ministra que no compartían las líneas generales de su propuesta.
En el Minsal quienes supieron de ambos encuentros -tanto con el comité político como con los timoneles oficialistas- aseguran que la negativa recibida fue “devastadora” para Aguilera.
En La Moneda el hecho de descontar en esa magnitud el pago que corresponde a las isapres fue considerado un “perdonazo” y derechamente se le dijo que no a la propuesta de Aguilera, motivo por el cual deberá afinar una nueva proposición.
Fue tras estos intercambios que Boric -recalcan en su entorno- decidió intervenir y solicitar a sus equipos que se apersonaran en la reunión que este lunes Aguilera sostuvo con los parlamentarios oficialistas, a quienes citó el sábado. Fuentes del gobierno, sin embargo, señalan que Crispi acudió a la cita en el rol que le corresponde, que es de gestión y coordinación política.
Parlamentarios en el Minsal
La inquietud por la pronta presentación de una ley corta se planteó también en la reunión de comité político ampliado que se realizó este lunes, ocasión en la que los timoneles de partidos oficialistas plantearon no sólo el tiempo en contra para ello, sino también el efecto que tanto un “perdonazo” como la incertidumbre para los 3 millones de beneficiarios de las isapres pueda tener en las elecciones del próximo 7 de mayo.
En ese sentido, la ministra Camila Vallejo (Segegob) explicó que el gobierno está viendo las vías más adecuadas para resolver el tema y que, de hecho, se zanjará en los próximos días. “Es complejo, pero es el compromiso del gobierno”, sostuvo.
Casi en paralelo, la jefa de la cartera sanitaria recibió a los parlamentarios oficialistas de las comisiones de salud en el ministerio: los senadores Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD) y los diputados Tomás Lagomarsino (IND-PR), Eric Aedo (DC), Karol Cariola (PC) y Ana María Gazmuri (AH).
De acuerdo a varios de los asistentes, la jefa de la cartera sanitaria dio a conocer algunos puntos de lo que podría llegar a ser el proyecto de Ley corta de isapres, pero según algunos de los presentes “aún no está bien definida”.
En ese contexto, uno de los asistentes señaló que “dieron a conocer parte de los elementos del proyecto de esta ley corta para lograr el pago de lo que tienen que devolver las isapres a los usuarios. Pero ni siquiera ese proyecto de ley está listo y además anunciaron que planean presentarlo a través del Senado, pero no saben si tienen los votos para aprobarlo, esa es la duda”.
En ese contexto, los asistentes recalcaron la urgencia que tiene el proyecto, pues es el que habilita el instructivo que la Superintendencia de Salud implementará para cumplir con el fallo. De acuerdo a uno de los presentes, Aguilera expuso que, considerando que este documento esté listo a finales de mayo, en el Ejecutivo sondean contar seis meses desde esa fecha para que las isapres presenten un plan de devolución a la superintendencia, el cual será revisado por un comité asesor. Y aunque no sea una medida definitiva, transparentó que se está evaluando el plazo de pago.
Durante la instancia también hablaron de los montos a devolver, y reafirmaron que la propuesta de rebajar el pago a US$ 140 millones quedó totalmente descartada, pues las autoridades explicaron que “ya no está esa posibilidad, porque la Corte Suprema les dijo que no, porque tenían que pagar lo que correspondía”, aseguró uno de los asistentes al almuerzo organizado por el Minsal. Asimismo, informaron que aún no hay una cifra definida.
La Tercera solicitó una versión al Ministerio de Salud, pero al cierre de esta edición aún no había repuesta.
Fuente: La Tercera
