Desde una mejor gestión de la llegada de migrantes hasta trabajar en la percepción social, son parte de las tareas pendientes que enfrenta el país ante esta nueva realidad.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó su estudio con proyecciones de la población extranjera en el país: hasta diciembre de 2023, había 1.918.583 los extranjeros residentes.
Lo anterior significa que si se consideran las proyecciones del INE de habitantes en el país hasta junio de este año (20.086.377), un 9,91% de la población que habita en Chile es de otra nacionalidad, en concreto: Venezuela (38,0%); Perú (13,6%); Colombia (10,9%); Haití (9,8%); Bolivia (9,4%) y Argentina (4,3%), los que en conjunto suman el 86,1% del total de la población extranjera estimada.
Al mirar por distribución geográfica, la mayoría está en la Región Metropolitana, con un 58,6% del total estimado para 2023, es decir, 1.089.049 personas. En segundo lugar está Antofagasta, con 6,7% (129.744 personas) y Valparaíso, con 6,4% (122.433 personas).
El informe también considera a las personas en situación irregular y las contabiliza dentro de los datos de extranjeros residentes, lo que abrió fuertes críticas hacia el Gobierno, donde varias voces, especialmente de parlamentarios de la zona norte del país, apuntaron a que se estaba “naturalizando la clandestinidad”.
Para el 2023 se estimó un total de 336.984 personas extranjeras residentes de Chile en situación irregular, lo cual corresponde al 17,6% de la estimación de ese año. De esta población, 186.276 son hombres representando un 55,3% sobre el total de personas extranjeras en situación irregular.
En conversación con Emol, expertos desglosan las implicancias sociales de que Chile ya tenga un 10% de su población extranjera y los desafíos que se abren ante esta realidad.
“Efectos” de ese 10%
Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, comenta que uno de los efectos o consecuencias que se evidencian en este 10% de población extranjera es que “pareciera ser que Chile ya está sumándose a lo que pasa en la realidad global de los países en vías de desarrollo y desarrollados, que es tener una tasa de población migrante consistente”.
“Los países de la OCDE tienen una tasa de migración de un 12-15% y efectivamente, entre ellos, hay países muy desarrollados, particularmente muy desarrollados económicamente, que tienen unas tasas de migraciones muy superiores. Entonces, eso sería una primera cosa como un criterio de realidad de que Chile ya forma parte de, digamos, ya tiene un número realista de flujos migratorios como sucede en el mundo en los países que tienen similares características a Chile”, sostiene.
Por su parte, el ex jefe de Migraciones, Álvaro Bellolio, subraya que tener un 10% de la población constituida por migrantes “no es un fenómeno positivo o negativo en sí mismo; de hecho, muchos países desarrollados han alcanzado cifras aún mayores. Sin embargo, el proceso que lleva a esa integración es clave”.
En ese sentido, comenta que en el caso de Chile, este cambio ha ocurrido de manera acelerada y con una distribución regional y social dispareja, “lo que ha generado impactos desproporcionados en regiones vulnerables y en servicios esenciales como salud, educación y vivienda”.
“A diferencia de los países desarrollados, que han tomado décadas en alcanzar estos niveles de población extranjera con políticas claras de integración y control, en Chile este cambio ha ocurrido en menos de una década, lo que ha dificultado la planificación y adaptabilidad de las instituciones”, añade.
En cuanto a la inclusión de migrantes en situación irregular en el reciente informe del INE, Bellolio comenta que “los 337 mil extranjeros en situación irregular al 2023, que triplica los números de 2021, pone de manifiesto una gestión migratoria deficiente. Esto no solo impacta en términos de cohesión social y percepción de justicia, sino que también exacerba problemas estructurales en la educación, como lo demuestra la inscripción de 65 mil niños extranjeros sin RUN en el sistema escolar, y políticas como la resolución de la JUNJI que prioriza a hijos de migrantes clandestinos sobre hijos de madres adolescentes chilenas”.
Desafíos
Para Vargas, existen bastantes desafíos por delante en atención a esta realidad, pero un primer y quizás el más importante es “trabajar en la cohesión comunitaria, cohesión social, de modo tal de superar todo lo que sucede hoy en día a fuertes índices de xenofobia, de racismo y de aporofobia“.
“Considero que desde ese desafío podemos construir una sociedad mejor y un país mejor, no sólo aceptándonos los unos a los otros y aprendiendo a convivir, sino que también relacionándonos desde lo mejor de cada uno para lo mejor para todos”, agregó.
Otro desafío para la directora de la Clínica Jurídica de la UDP tiene que ver con “avanzar hacia poder lograr una migración segura, ordenada y regular, utilizando los mecanismos más eficaces para ello, que es algo que consideramos no está ocurriendo hoy en día. Y desde allí fortalecer los ecosistemas migratorios, mejorando la ley de migraciones para que sea efectivo que las personas puedan acceder a un visado y o a regularizar su situación migratoria, buscando mecanismos para que las personas utilicen las vías regulares de ingreso al país y no sean captadas o empujadas hacia las vías irregulares por falta de posibilidades jurídicas de obtener una visa, que es lo que tenemos hoy”.
Conectado con lo anterior, sostiene que es importante mejorar el sistema de asilo y hacerlo un sistema que efectivamente funcione, mejorar el acceso a la protección complementaria. “Entonces, con eso conseguimos que las personas que están aquí y que van a seguir viniendo y que van a seguir llegando -porque eso responde a las características de los flujos migratorios en nuestro continente-, puedan hacerlo en las mejores condiciones para ellos y también para la sociedad en su conjunto, o sea, para los nacionales también”.
Bellolio subraya que si bien Chile podría estar avanzando hacia una sociedad más diversa, los desafíos radican en el cómo se gestiona este proceso. “La falta de planificación y control, sumada a políticas que favorecen la irregularidad, genera tensiones sociales y afecta a las poblaciones más vulnerables, marcando una diferencia clave con los países desarrollados”, comenta.
“La solución no está en naturalizar la irregularidad, sino en avanzar hacia políticas migratorias responsables que promuevan un flujo razonable, una la integración bajo el respeto a la ley y la cohesión social”, zanjó.
Rodrigo Sandoval, ex jefe de Migraciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet, comenta que todo cambio importante en la matriz demográfica tiene implicancias y desafíos que los Estados deben atender, pero es mucho más urgente cuando, como ocurre con el factor migratorio en nuestro país, ese cambio está sucediendo con una excepcional rapidez e intensidad.
“Los desafíos que plantea esta disrupción migratoria son múltiples: en lo que toca a la identidad nacional y a la cohesión social, el desafío está en que la presencia significativa de población extranjera puede generar tensiones derivadas de los discursos del tipo ‘nosotros/ellos’, llevando a un aumento en fenómenos como el racismo, la xenofobia o la discriminación”. Agrega que, ante ello, “los Estados se ven obligados a repensar y reformular la identidad colectiva de una manera más inclusiva, asumiendo la diversidad cultural como parte integral de la sociedad”.
En cuanto a la integración cultural y social, “se trata de lograr una integración efectiva entre la población autóctona y alóctona lo que demanda políticas públicas sólidas que promuevan el respeto mutuo, el aprendizaje intercultural y la igualdad de oportunidades”.
“Esto incluye – obviamente – acceso a educación, salud y empleo sin discriminación, pero es importante que el relato político considere que este acceso no sea confundido con privilegios. Si se logra integrar de manera adecuada, la diversidad cultural puede enriquecer las prácticas sociales y culturales del país, fortaleciendo la creatividad y el dinamismo social”, precisa.
Mercado laboral, relación con el Estado y seguridad
Otros elementos relevantes para Sandoval son, por ejemplo, la transformación del mercado laboral que implica la incorporación de extranjeros, puesto que ” puede generar percepciones de competencia desleal, especialmente en sectores vulnerables, y exacerbar tensiones entre grupos socioeconómicos”.
“Ante ello, a largo plazo y en la medida de que el Estado sea quien conduzca este proceso proactivamente, la presencia de trabajadores extranjeros puede dinamizar sectores económicos, diversificar las habilidades disponibles y, en algunos casos, contribuir a la sostenibilidad de sistemas de seguridad social en envejecimiento”, precisa.
Otro factor a tener en cuenta es la relación con el Estado y la ciudadanía, donde “los sistemas legales y administrativos deben ajustarse para garantizar derechos y deberes a la población extranjera, lo que incluye la regulación de la nacionalización, el acceso a servicios públicos y la protección frente a abusos o explotación”. El experto destaca que esto es clave, porque la inclusión de extranjeros en el tejido político y social puede fortalecer las prácticas democráticas, enriquecer los debates sobre ciudadanía y participación, y fomentar un modelo de convivencia más pluralista.
En tercer lugar, está la percepción de seguridad y convivencia. Para Sandoval, “es innegable que narrativas que asocian la migración con el aumento de la criminalidad pueden ser utilizadas para justificar políticas restrictivas, generando un clima de desconfianza y segregación, pero la evidencia muestra que, en contextos de buena integración, los índices de convivencia pacífica tienden a mejorar, promoviendo un entendimiento más profundo entre diferentes grupos sociales”.
Fuente: Emol
