El excomadante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre (2002-2006) es indagado por la ministra en visita como presunto autor del delito de malversación de fondos públicos, poniéndolo en el foco de las pesquisas de la jueza, quien podría procesarlo durante esta jornada. Quienes fueran sus colaboradores más cercanos durante su gestión como jefe militar ya fueron interrogados, dando cuenta de cómo se usaban los dineros cuestionados y que tenían su origen en “gastos reservados”.
“Esto no nació ni con el general Óscar Izurieta ni con el general Juan Miguel Fuente-Alba”.
Luego de exponer qué se hacía con cada uno de los ítems asignados para el uso de los gastos reservados, el coronel (R) Sergio Vásquez -jefe de Contabilidad y Remuneraciones en la Comandancia en Jefe del Ejército, entre 2010 y 2014, y luego jefe de Finanzas hasta 2018- le dijo a la ministra en visita Romy Rutherford que el mecanismo para sacar estos fondos de la institución uniformada tenían un origen y un engranaje que venía de años.
Más concretamente, advirtió que “esta forma de proceder respecto de estos recursos que provenían, por lo menos, desde la época del general Juan Emilio Cheyre”. De esta manera, quien fuera comandante en jefe del Ejército, entre 2002 y 2006, se instalaba en el radar de la jueza Rutherford, quien indaga el fraude en la entidad militar y donde ya ha procesado a tres exjefes de la institución por el delito de malversación de gastos reservados.
El primero en caer fue Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), a quien se le encausó por la utilización fraudulenta de $ 3.500 millones. Luego vendría su sucesor, el general (R) Humberto Oviedo (2014-2018), a quien Rutherford le imputó la malversación de $ 4.500 millones por el mismo ítem, dando cuenta de una metodología similar, y casi calcada a quien lo antecedió en el Ejército. Óscar Izurieta (2006-2010) no pudo zafar y también fue procesado, ahora por $ 6.500 millones.
Ahora, distinto es el caso del general (R) Ricardo Martínez (2018-2022), pues a él se lo procesó en la arista “empresas de turismo” -luego revocado por la Corte Marcial y confirmado por la Corte Suprema- y no en el cuaderno separado que la jueza mantiene por el uso de gastos reservados.
Bajo este escenario, la lógica para los intervinientes del caso era que esos fueran los únicos comandante en jefe procesados por la magistrada, pues el periodo de Cheyre alcanzaba a “gozar” de la prescripción del delito (10 años). Sin embargo, el 13 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió a la ministra Rutherford tomarle declaración al general (R) y tramitar su encausamiento, dado que “obran en la causa elementos probatorios, múltiples, precisos, concordantes y graves, que permitieron a su señoría ilustrísima tener por justificada la existencia de sendos delitos reiterados de malversación de caudales públicos”.
El CDE, además, deslizó, en su escrito ante la magistrada la hipótesis de que la prescripción se frenaba una vez iniciada la causa judicial, la cual tuvo su origen en el año 2014. A esa fecha solo habían pasado ocho años de los presuntos ilícitos cometidos por quien también fuera procesado en el caso Caravana de La Muerte en La Serena.
Así, Cheyre fue citado, primero para el martes recién pasado, donde declaró en calidad de inculpado ante Rutherford, y también para esta jornada, donde ha estado desde las 9 de la mañana con la magistrada. Según distintos intervinientes en la causa, hay muchas posibilidades de que el general (R) sea procesado.
Las pistas que surgieron en los interrogatorios
Además de la declaraciones del coronel (R) Vásquez, también otros uniformados que pasaron por la institución han dado luces de cómo se manejaban los gastos reservados durante la administración Cheyre.
Es el caso del exasesor jurídico de la Comandancia en Jefe del Ejército, entre 2003-2018, Diego Cortés, quien expuso ante la jueza que “a fin de año en la Comandancia en Jefe se entregaba un obsequio a todo el personal, oficiales, suboficiales y personal civil. Se contaba que años atrás en el periodo del general Cheyre, las personas salían con televisores y otros regalos, lo que se veía muy mal, por lo que se resolvió entregar Giftcard en su segundo año en el DAG, en el año 2008″.
Quien también integrara posteriormente la Corte Marcial agregó que él se “encargaba junto con el personal con el que trabajaba de cotizar las tarjetas y los regalos que se entregaban, lo que proponía al secretario general”.
Las sospechas en la investigación apuntan, tal como ocurría en los casos de quienes sucedieron a Cheyre en el cargo, que estos dineros salían desde los gastos reservados, lo cual se alejaba de la norma legal, dado que estos solo podían usarse para fines de Seguridad e Inteligencia. Incluso, anualmente se reportaban de esta manera a Contraloría.
Uno de los testimonios que más podrían complicar al general (R) Cheyre es de quien fuera jefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe, entre 2002 y 2005, el coronel (R), Juan Pablo de la Fuente.
En su declaración ante la ministra Rutherford indicó que “el general Cheyre me daba las instrucciones para que fuera retirando los recursos de gastos reservados en la Dirección de Finanzas del Ejército (…). Había ciertos gastos mensuales que estaban dispuestos para pagar con estos recursos, tales como pago a los excomandante en jefe. En esa época al excomandante Ricardo Izurieta Caffarena, a quien se le entregaban mensualmente $ 400.000, y no recuerdo si también se le entregaba al general Augusto Pinochet”.
El coronel (R) De La Fuente agregó que “también se entregaba una cantidad de dinero para la mantención de la casa de seguridad que estaba al interior de la casa del comandante en jefe. En esa misma línea, expuso que “todos los gastos que se imputaron a fondos de gastos reservados no los autorizaba yo, sino que el comandante en jefe de la época, que era el general Cheyre”.
El oficial en retiro también ratificó el denominado “perdiem” -una especia de viático- que se les daba a los generales que salían al extranjero. Esto, en un comienzo del caso se les imputó a todos los sucesores de Cheyre, pero, según la declaración de De La Fuente, también era algo instruido en el periodo de su jefe directo.
“Por orden del comandante en jefe, general Cheyre, entregaba una cantidad de dinero a razón de USD 1.000 o USD 1.500, según la instrucción que daba él, y se les entregaba a los generales que iban en comisión de servicio al extranjero, pero no a todos, solo los que el comandante en jefe señalaba”, dijo ante la jueza.
Además, expuso que Cheyre “siempre” le aprobó las cuentas que le rindió, que él sabía todos los gastos que “se hacían con fondos de gastos reservados, el 100%. Yo no ingresé ninguno de estos recursos a mi patrimonio, es más, me complicaba mucho tener esta responsabilidad”, agregando que fue “al inicio de la gestión del general Cheyre que este dio las orientaciones sobre el destino de los gastos reservados y me explicó que tenía que entregar los recursos según las instrucciones que él le iba dando”.
Finalmente, le relató a Rutherford que recuerda que $ 3,5 millones de los gastos reservados se los entregaba mensualmente al oficial Marcelo Ocampo, encargado de la casa del comandante en jefe, en Lo Curro.
El testimonio de la residencia militar
Marcelo Ocampo también declaró en el caso, dando cuenta cómo llevaba el funcionamiento de la casa del comandante en jefe, en Lo Curro, en la comuna de Vitacura.
“El general Cheyre vivía con su señora y su hijo Cristóbal, que en esa época tenía unos 21 años”, comenzó recordando para luego agregar que “recibía ese dinero (al que hace mención De la Fuente) una vez al mes, lo administraba, pagaba las cuentas y mantenciones, armaba un legajo comprobatorio con todos los comprobantes de los pagos, el que era revisado personalmente por el general Cheyre, semanalmente, los días domingo en la tarde”.
Además, señaló que se les pagaba a “los jardineros que realizaban mantenciones en los jardines de la casa institucional, que eran de una empresa externa, pagándoseles alrededor de $130.000 mensuales por ese servicio, iban dos veces a la semana. De la mantención de la piscina se encargaba una empresa externa, la que también hacía mantención al espejo o caída de agua que hay en la casa. No recuerda cuánto gastaba por ese concepto, pero en dinero de esa época pudo haber sido unos $ 200.000″.
Por último, el coronel (R) Vásquez se refirió a la mensualidad de los excomandantes en jefe que “eran $ 800.000 mensuales, y la instrucción la dio el general Oviedo, en el sentido de que debía hacer entrega de este dinero al general Izurieta Caffarena hasta que falleció en el año 2015 o 2016; al general Cheyre, al general Izurieta Ferrer y al general Fuente-Alba”.
Expuso, además, que los tres primeros le mandaban a una persona a retirar un sobre que contenía una suma en efectivo. “Me parece que al general Cheyre, según lo que recuerda, se le mandaba a dejar a su casa a través de un conductor de la comandancia en jefe”, detalló.
Fuente: La Tercera
