A mediados de marzo, y en medio de la escalada de violencia que afectaba a la zona de Rosario, en Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que enviaría al Congreso la “ley antimafia” o “antibandas”, como parte de las medidas para enfrentar el crimen organizado que afecta al país, pero principalmente a esa ciudad portuaria.
Entre las medidas anunciadas en una conferencia de prensa, Bullrich y su par de Defensa, Luis Petri, detallaron que eran cinco los proyectos de ley que, entre otras cosas, permitirían la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el aumento de controles y el endurecimiento de penas.
Esa última dimensión es a la que apunta la “ley antimafia”, consistente en que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, “van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa“, explicó Bullrich.
Es decir: la pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización. Esta fórmula está inspirada en la jurisprudencia italiana, modificada y aplicada para atacar a las mafias en los años ’90.
En Argentina, eso sí, no han dudado en tildar de “terrorismo” o “actos terroristas” las acciones del crimen organizado. Esa jornada, el ministro Petri comentó sobre la modificación de la Ley de Seguridad Interior que “a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.
Ayer, durante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, Bullrich sostuvo que el Tren de Aragua no realiza acciones “al azar”, sino que “son golpes que tienen el sentido de generar lo que yo llamaría una organización criminal que tiene las características del terrorismo, porque el golpe tiene como objetivo generar terror en la población”.
Envío de las propuestas
Fue el 8 de abril, mediante pedido expreso del presidente Javier Milei, que el Gobierno envió al Congreso el paquete de leyes anunciadas y según dijeron, esperan que sean tratadas de manera inmediata.
Junto con castigar con la misma pena a un miembro de una organización criminal, independiente del rol que tuviese, la ley antimafia muestra otras características, como la calificación de una organización criminal como “aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos” de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos.
De acuerdo a El Cronista, la ley también apunta a que haya detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia.
Asimismo, contempla un esquema de procedimientos de investigación criminal más ágiles y menos burocráticos, para dar respuesta rápida ante los delitos de los narcos.
Fuente: Emol
