El gobierno insiste en que el proyecto de ley de transición energética que se encuentran impulsando no sería un “salvataje” a empresas privadas como acusan conocedores del tema. Especialistas de la industria afirman que “los costos de la iniciativa del ejecutivo podría repercutir en las cuentas eléctricas de los clientes”.
Contexto. A partir del año pasado, algunas generadoras de energía renovables no convencionales (principalmente solares) comenzaron a experimentar situaciones financieras delicadas o directamente se declararon en quiebra. Por ejemplo, la compañía María Elena Solar afirmó que no iba a poder cumplir los contratos de suministro. Debido a esta situación, a principios de febrero, un grupo de 10 empresas generadoras de energía renovable envió una carta al ministro de Energía, Diego Pardow, con la finalidad de modificar los artículos 166 y 167 del DS 125/2017 sobre tarificación. Con esto, buscaban apoyo del gobierno para no caer en insolvencia. La semana pasada, la empresa Mainstream Renewable Power se sumó a las afectadas por problemas financieros.
- Gran parte del problema se debe una sobreoferta de energía en las horas de luz solar. Esto es una consecuencia de las restricciones del sistema de transmisión que no permite evacuar o llevar toda esa energía desde el norte a los grandes centros de consumo (ciudades).
- Se espera que la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre -que estaría lista en 2030- alivie aquella congestión mencionada, distribuyendo la energía desde el norte a los grandes centros de consumo en el centro y sur del país.
Qué observar. Actualmente, el gobierno se encuentra impulsando un proyecto de ley de transición energética. Esta iniciativa se haría cargo de parte de las dificultades financieras de algunas generadoras de energía renovable no convencionales. Especialistas y conocedores del tema han advertido que no tiene justificación rescatar empresas privadas y a sus financistas. Esto especialmente si la quiebra de estas compañías renovables en nada afecta la seguridad de operación del sistema eléctrico chileno. Asimismo, acusan que este “salvataje” podría provocar un aumento en las cuentas eléctricas de los clientes. Añaden que la decisión también pasa por “impulsar la imagen de un gobierno verde”.
- Consultado por este tema, el ministro de Energía, Diego Pardow, negó que se estuviera promoviendo un “salvataje”. Su análisis va por el lado de que en el largo plazo, habría un beneficio para los consumidores.
Aumento de tarifas eléctricas para clientes. Otro punto importante en la discusión tiene que ver con los costos extras que tendrían que asumir los clientes de energía y las empresas debido al proyecto que se encuentra impulsando el gobierno. El ministro Pardow calcula que este valor adicional es demasiado bajo, alrededor de $1/kWh. Por otro lado, el director de la Asociación de Clientes No Regulados (Acenor), Javier Bustos, afirma que todo este proyecto de ley puede llegar a tener un costo extra de $11/kWh, lo que impactaría de forma significativa en las tarifas.
- El jefe de la cartera de Energía dice que esta gran diferencia en los cálculos se debe a que Acenor lo que hace en materia de ingresos tarifarios es considerar el peor escenario, “lo cual es incorrecto”. “La manera correcta de valorarlos es el promedio o valor esperado, no sumar los peores escenarios”, sostiene el ministro.
- El secretario de Estado considera que en este caso también se está velando por la competitividad en la industria, y que como Ministerio no deben ponerse en el caso de un interés particular, sino en el general, “como el planificador social benevolente”.
- Por su parte, Bustos ve que acá hay un riesgo a futuro y que los beneficios son inciertos, y que se pueden estar asumiendo costos ahora a cambio de beneficios que puede que nunca lleguen.
- El director ejecutivo cree que otra solución a compañías que tienen inconvenientes financieros es crear fondos para refinanciar créditos, algo que ya se ha hecho antes. Y con eso no se le aumentaría la cuenta eléctrica a las personas, dice.
Rechazo en el Senado. Parte de los integrantes de la comisión de Energía y Minería del Senado, donde se discute el proyecto, son críticos de la iniciativa gubernamental.
- Juan Luis Castro (PS) dice que urge una política de subsidio a las personas, y el gobierno tiene que abrirse a ese escenario. Me parece razonable, pensando en que las empresas tienen que sobrevivir, pero las personas tampoco se pueden llevar en el costo de bolsillo esta transición energética que se está planteando”.
- Para el RN, Rafael Prohens este proyecto “no es bueno, es demasiado grande y muy complejo, y tal como está, no vamos a ser capaces de sacarlo ahora. Y en la próxima revisión de tarifas, lo más probable es que tengamos un alza que no podremos parar”.
FUENTE EX-ANTE
