- El think tank evaluó 15 años -de 2008 a 2023- de transferencias de recursos a regiones y concluyó que “no han logrado un cambio drástico en el perfil de las actividades económicas”.
Uno de los fundamentos del royalty es recaudar recursos para impulsar la diversificación productiva en las zonas mineras y si se acaba el cobre, tener una industria robusta que sustituya a esa actividad. En regiones no mineras, la idea es que los recursos que vienen de ese rubro impulsen el desarrollo en otras áreas. ¿Se han cumplido estos objetivos? No, concluyó el think tank Libertad y Desarrollo (LyD), tras analizar 15 años de implementación de este tributo a la principal actividad del país.
El centro destacó que resulta relevante hacer esta evaluación porque el 1 de enero de 2024 partió un nuevo impuesto a la actividad minera y en 2025, empieza a operar el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que va tanto a zonas mineras como no mineras.
La investigadora de LyD, Francisca Toledo, indicó que desde 2008 hasta 2023 se han transferido a las regiones mineras US$ 2.393 millones. “Los datos demuestran que los recursos entregados no han logrado un cambio drástico en el perfil de las actividades económicas desarrolladas por cada región”, concluyó.
La experta enfatizó que “esto no es malo per se, pues significa que algo en la ventaja competitiva que tienen las regiones sobre recursos que son valiosos se impone y tratar de avanzar en sentido contrario, dejando de explotar las ventajas que se poseen, sería absurdo”.
Pero el escrutinio de dos décadas de impuesto específico a la minería indica que el mecanismo no ha sido efectivo respecto de los propósitos que se les exigen, señaló Toledo.
Tres fondos
La investigadora explicó que la minería alimenta tres instrumentos: Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que nació en 2006 y el Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR), que surgió por el terremoto y tsunami de 2010. Y a partir de 2025 comenzarán a ingresar a los presupuestos regionales un nuevo aporte de este tipo: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo creado en el royalty a la minería aprobado en 2023.
Dada la cuantía de los recursos involucrados, “cabe cuestionarse la eficiencia de estos mecanismos y la efectividad del gasto”, dijo Toledo. “Se podría ponderar la factibilidad de transformar estos fondos de modo de reencauzarlos a necesidades más urgentes de la región”, argumentó Toledo.
Efecto en zonas mineras
LyD señala que en regiones como Tarapacá, Antofagasta y Atacama, los recursos del royalty no han cambiado significativamente el perfil productivo de la zona.
Por ello, Toledo insistió en que sería mejor redoblar la apuesta por el sector como lo hacen Canadá y Australia, que han aumentado la participación del sector minero en su matriz exportadora.
En Tarapacá, la participación de la minería en el PIB regional pasó de 35% el 2013 a 29% en 2022. Sin embargo, el volumen de la actividad de este sector creció en ese periodo en 5,3% real.
En Antofagasta, la participación del sector minero en la actividad regional se mantuvo prácticamente sin variación al comparar 2013 con 2022, cayendo solo dos puntos porcentuales (de 58% a 56%), y con un comportamiento bastante estable dentro de esos años.
Para Atacama, prácticamente no varió la participación de la minería en su PIB regional al comparar 2013 con 2022 manteniéndose alrededor de 32,5%. Ahora bien, al revisar el volumen de recursos, éste creció 21% real entre 2013 y 2022.
Diferente es el caso de Coquimbo en que hay una caída significativa del sector minero en su PIB regional, pues éste correspondía al 28% el 2013, y alcanza el 14% el 2022.
La Región de Valparaíso presenta una baja en la partición de la minería, ya que pasó de representar el 8,3% del PIB en 2013 a 4,8% el 2022, pero con una caída real del volumen a precios encadenados de un 36%. Mientras que en O’Higgins la actividad minera en el PIB regional bajó de 17% el 2013, al 13% el 2022.
El nuevo royalty
El nuevo royalty que partió el 1 de enero recaudará, en régimen, 0,45% del PIB, lo que equivale a cerca de US$ 1.350 millones, de los cuales US$ 450 millones se distribuirán para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
Sobre el destino de la recaudación, el punto más relevante responde a los US$ 450 millones para regiones y comunas. Según Hacienda, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo contará con US$ 225 millones, que serán distribuidos a los gobiernos regionales para proyectos de inversión productiva.
A nivel comunal, se crea el Fondo de Comunas Mineras que contempla US$ 55 millones, recursos que se destinarán entre las comunas mineras, o sea, aquellas que tengan faenas o actividades relacionadas a ese sector como yacimientos, relaves, fundiciones o puertos mineros.
Finalmente, al alero del nuevo royalty se creó un Fondo de Equidad, que considera del orden de US$ 170 millones, los cuales se destinarán a aquellas comunas más vulnerables del país.
FUENTE DIARIO FINANCIERO
