Con una destacada experiencia académica y un relevante rol como investigadora del cambio climático, Maisa Rojas asumió como ministra del Medioambiente en marzo del 2022 para darle prioridad y contenido a uno de los más importantes compromisos de campaña del presidente Gabriel Boric: convertirse en el primer gobierno ecológico de Chile.
Despachar al Congreso el proyecto de Ley para la incorporación de Chile al Acuerdo de Escazú a sólo días de haber asumido fue una señal clara del gobierno en este sentido. Pero ¿qué tanto más se ha avanzado en estos dos años y medio de gestión de la ministra Rojas?
En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, la también doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford aborda estos temas y otros como la compatibilidad de los grandes proyectos con un modelo de desarrollo sostenible, la tramitación de la esperada reforma al SEIA y el rol que tendrá el Ministerio del Medio Ambiente en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio.
El programa de gobierno del presidente Boric planteaba convertirse en el “primer gobierno ecológico de Chile”. Tras dos años y medio de gestión, ¿cómo evalúa esa promesa de campaña? ¿Se le puede calificar verdaderamente como un gobierno ecológico?
Nuestro gobierno ha tenido una agenda clara: avanzar hacia un desarrollo sostenible que ponga en el centro el cuidado de las personas y del medioambiente. Estamos convencidos de que la idea de un gobierno ecológico va más allá de lo que haga un ministerio en particular y que requiere una mirada sistémica, de manera que todos los ministerios consideren las variables ambientales al momento de generar políticas públicas, algo en lo que sin duda hemos avanzado.
Dicho eso, desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos impulsado relevantes normativas que permiten robustecer la gestión ambiental del país. Un claro ejemplo es que, luego de 13 años de tramitación en el Congreso, logramos la aprobación de la Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), clave para enfrentar las crisis de pérdida de biodiversidad y climática. Por fin contaremos con un organismo exclusivo para gestionar de manera integrada las áreas protegidas, completando el diseño institucional ideado en la reforma ambiental de 2010.
También estamos implementado la Ley Marco de Cambio Climático, publicada en junio de 2022, que pone la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, estableciendo instrumentos para que el país impulse la mitigación de gases de efecto invernadero, pero de forma muy importante la adaptación, es decir, que seamos un país más resiliente a los impactos que ya está generando este fenómeno en nuestro territorio.
Asimismo, nos encontramos implementando la ley del Reciclaje o de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que nos permitirá fomentar la economía circular, disminuyendo los residuos que terminan en rellenos sanitarios y abriendo nuevas opciones de negocios innovadores asociados al uso de materiales secundarios o reciclaje en el país.
Modelo de desarrollo
Usted ha planteado que Chile tiene la oportunidad de transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible. En términos concretos, ¿cómo entiende usted ese modelo?
Como país tenemos una tremenda oportunidad: dejar atrás la forma de crecer económicamente del siglo pasado y avanzar hacia la nueva manera de desarrollarnos, una del siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Primero debemos entender que, a nivel global y Chile no es la excepción, enfrentamos una tiple crisis ambiental: de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Estas tres crisis están interrelacionadas y fueron provocadas por una forma de crecer poco amigable con la naturaleza. Entonces, un desarrollo sostenible debe hacerse cargo de este contexto.
¿Y cómo se enfrentan estas tres crisis?
Por ejemplo, para hacernos cargo de la crisis climática debemos dejar de quemar combustibles fósiles, es decir, cambiar la forma en que producimos energía o nos movemos. Para hacerlo tendremos que invertir en energías renovables o en formas sustentables de transportarnos, lo que requiere de inversiones importantes. Asimismo, como país tenemos un rol que jugar en la transición energética. Poseemos minerales estratégicos que permitirán avanzar en la descarbonización y alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050. Esto, eso sí, se debe hacer con los más altos estándares y sin hipotecar nuestro patrimonio natural.
¿Es compatible el modelo de desarrollo sostenible como el que usted plantea con los grandes proyectos que se han desarrollado o que están por desarrollarse, como los proyectos mineros?
Primero, debemos tener claro que crecimiento económico y cuidado del medioambiente no son objetivos opuestos, sino que deben integrarse para que, de manera efectiva, avancemos hacia un desarrollo sustentable que se haga cargo de las crisis ecológicas que mencioné anteriormente, mejore la calidad de vida de las personas y resguarde el patrimonio natural del país, clave para nuestro futuro.
En ese sentido, los grandes proyectos deben diseñarse, construirse y operar con los más altos estándares existentes, escuchando y respetando a las comunidades aledañas y pensando siempre en disminuir sus emisiones, reducir el consumo de agua o minimizar su impacto sobre la biodiversidad.
¿Cuál es el rol que le cabe al sector privado en este modelo de desarrollo? ¿Le parece que la industria en general, y en particular la minera, está alineada con un modelo de desarrollo sostenible?
El sector privado es esencial. Los gobiernos establecemos las reglas, pero son las empresas las que toman las acciones que permitirán, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, son las empresas las que pueden identificar oportunidades de migrar hacia nuevos modelos de negocios que se hagan cargo de las crisis ambientales que enfrentamos.
¿Y la minería?
Respecto al sector minero, valoramos que tengan compromisos para abordar el cambio climático que incluye varias empresas con metas cuantitativas de reducción de emisiones. Algunas empresas también tienen metas para reducción de uso de agua y minimización de impactos sobre biodiversidad. Avanzar en estas líneas de seguro que aumentará la competitividad del sector a nivel internacional.
Reducción de emisiones
¿Cuáles son las principales medidas que está tomando Chile para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero?
Tal como lo mencioné al principio, desde junio de 2022, Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático que establece la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, independientemente del gobierno de turno. Su puesta en práctica permitirá reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y así hacernos más independientes de los combustibles fósiles y la incertidumbre de precios por vaivenes internacionales. La ley también dotará de mejores herramientas a los territorios para que sean más resilientes a los efectos negativos del cambio climático que, con fenómenos como incendios e inundaciones de los últimos años, se han hecho más patentes que nunca y que han resultado en desastres socio-naturales con cuantiosos impactos.
¿En qué plazos esperan alcanzar estas metas?
Esta ley establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el año 2050. Para conseguir la meta propuesta, la ley establece facultades y obligaciones a nivel central y también a nivel regional y local. Es decir, involucra y obliga a acciones concretas para enfrentar al cambio climático a 17 ministerios, a los gobiernos regionales y a todas las municipalidades de Chile.
La ley también reconoce la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que contiene los compromisos de Chile ante la comunidad internacional en mitigación y adaptación al cambio climático, estableciendo en qué avanzaremos.
Además, establece la Estrategia Climática a Largo Plazo (ECLP), hoja de ruta que detalla cómo el país cumplirá sus compromisos a través de acciones concretas, considerando un horizonte de 30 años. En esa línea, la ley obliga la elaboración planes sectoriales de mitigación y adaptación con medidas y acciones concretas para cumplir estas metas.
¿En qué estado se encuentra la tramitación de la reforma al SEIA? ¿Están satisfechos -como gobierno y como Ministerio de Medio Ambiente- de la forma en que ha avanzado en el Congreso?
En enero de este año ingresamos un proyecto de reforma a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que busca fortalecer y hacer más eficiente la institucionalidad del país. Actualmente está en su primer trámite constitucional en el Senado, donde fue aprobado en sala por unanimidad. En este momento nos encontramos ad-portas de iniciar la discusión en particular y estamos convencidos de que, gracias a un trabajo serio, podremos enriquecer la iniciativa.
No podemos olvidar que, con esta reforma, como país tenemos una gran oportunidad. La tramitación de este proyecto nos permitirá alcanzar un gran acuerdo país para proteger a las personas, el medioambiente y dar certezas a las comunidades y a los inversionistas.
Litio
¿Qué rol tendrá el Ministerio del Medio Ambiente en los pasos que vienen para implementar la Estrategia Nacional del Litio?
Como parte de la implementación de las medidas comprometidas en la Estrategia Nacional del Litio, estamos iniciando el trabajo para la creación de una red de salares protegidos, en línea con el marco global para la biodiversidad, adoptado en la COP15 de las Naciones Unidas en 2022 y del que nuestro país es parte, que fijó la meta de proteger al menos el 30% de los ecosistemas representativos del planeta en 2030, coloquialmente conocida como meta 30×30. Es inédito que una estrategia productiva integre una acción decidida, en línea con la protección de los ecosistemas y eso es parte del sello de nuestro gobierno.
Como parte de la Estrategia Nacional del Litio, se ha establecido una red de salares protegidos. Sin embargo, hay otros salares que no tienen esta condición y podrán ser explotados. ¿Qué criterios se usan para definir si un salar será un área protegida o una zona para explorar y explotar litio?
Tenemos claro que el litio es un mineral estratégico para el país, pero también sabemos que los salares son ecosistemas frágiles y únicos. Por eso, la Estrategia Nacional del Litio, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de esta industria, tiene un sello distintivo: compatibilizar la producción y la protección. Para ello, la estrategia plantea minimizar el impacto ambiental en aquellos salares en que exista exploración y explotación e incluye, diría que de manera inédita en una estrategia productiva, la protección de al menos un 30% de los salares pre y altoandinos. Esta cifra es coherente con los compromisos que Chile ha adquirido a nivel internacional en la Convención de Diversidad Biológica respecto a la meta mundial de proteger el 30% de los ecosistemas al año 2030.
Como país tenemos la oportunidad de avanzar en la agregación de valor en las diversas etapas de la cadena productiva del litio. Es decir, esperamos que el proceso de transición energética sea una posibilidad de instalar las bases para un modelo de desarrollo sostenible para el país, que aspira a complejizar y diversificar la matriz productiva y que hoy ofrece múltiples opciones de negocios e inversiones verdes.
FUENTE NUEVA MINERIA Y ENERGÍA
