El promedio de homicidios en Chile es de 74 casos al mes, la tasa de estos delitos ha aumentado en un 40% en cinco años y la presencia de armas de fuego en la comisión de estos ilícitos es cada vez mayor. Presentadas así, el escenario es -al menos- difícil.
“Nos estamos haciendo cargo de todos estos temas a través de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, la que es primera vez que se hace. La gente no quiere que haya impunidad y, para eso, las policías tienen que tener tecnología para identificar el arma que se utilizó en un homicidio, tienen que tener herramientas para recabar información y los medios para identificar la droga que se está traficando”, dice el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
¿Pero esto es algo más macro y menos operativo, como se espera para bajar los niveles de violencia?
Es que no es nada de macro. Por ejemplo, en el eje de armas, estamos capacitando a la gente de- Aduanas para que no entren armas a Chile. Eso es algo concreto. Además, instalamos portales escáner para que en las cargas que entren al país se pueda detectar si vienen armas. También, acá viene la compra de un sistema de identificación balística para las policías y un plan de fiscalización que busca aumentar los controles en armas legalmente inscritas. No tiene nada de macro.
¿Esta política se concretará a través de proyectos de ley?
Hay cosas que requieren ley y otras que ya están en el eje de agenda legislativa, como la ley de narcotráfico, crimen organizado, la de ciberseguridad (presentada por el gobierno anterior), la de inteligencia, la de sicariato y la iniciativa que aumenta las sanciones al porte de armas. Cada una de estas iniciativas está en distintas etapas de tramitación, donde esperamos que entre enero y marzo sea despachado, por ejemplo, la de crimen organizado, porque entrega distintas facultades a las policías y al Ministerio Público para mejorar sus técnicas investigativas.
¿Por qué acá no están incorporadas las modificaciones a la Ley Antiterrorista?
Esta es una Política Nacional contra el Crimen Organizado y nosotros, paralelamente, estamos buscando un acuerdo en seguridad, y en esa construcción del acuerdo me ha tocado dirigir la “comisión de persecución y sanción penal”, donde la Ley Antiterrorista ha sido un tema. El gobierno está disponible para tener una legislación que cumpla con estándares internacionales y lo que conversamos con los parlamentarios es que había que darse el primer semestre del 2023 para construir una propuesta más transversal y así, en el segundo semestre, tener un proyecto de ley o una indicación a las iniciativas que ya hay en el Congreso para tener una nueva norma. Necesitamos una Ley Antiterrorista que sea moderna y eficaz.
¿Cómo podría ser eficaz?
En el último gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se constituyó una comisión de expertos, de donde recogería algunas ideas, como, por ejemplo, que el terrorismo es un tipo de crimen organizado. Es decir: hay crimen organizado con fines terroristas. Me parece que se necesita un catastro de delitos base para que aplique la Ley Antiterrorista y en eso tenemos que seguir trabajando.
¿Cuáles sería estos delitos base?
La instalación de bombas podría ser un delito base. O quien hace un ataque químico, o que busca alterar los servicios básicos de la población para causar daños.
¿Y los delitos que ocurren en contexto de reivindicación de tierras?
No, la reivindicación de tierras no puede ser considerada un delito terrorista en sí mismo, pero si alguien coloca una bomba, a propósito de eso, es un delito terrorista.
La inteligencia también es un factor en materia de seguridad y allí ya se trabajan algunas ideas. ¿Qué rol tendrá el encargado nacional de Inteligencia?
Lo que se busca es tener una institución civil que dependa del Presidente que esté a cargo y que tenga tareas concretas de seguridad, como estar obligado a dotar -con consulta a otros estamentos- de una propuesta de Política Nacional de Inteligencia. Eso lo tiene que construir alguien y será esa repartición la que estará a cargo de hacerlo. Además, deberá coordinar los servicios de inteligencia de los otros organismos, como las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y las policías. Todas esas funciones son indispensables, pero no puedo decir más.
¿Ese rol no lo cumple la ANI?
Las instituciones que fijan la política y que coordinan no pueden tener labores, a la vez, operativas.
¿Cuándo se presentarán las indicaciones a la Ley de Inteligencia?
Durante la primera quincena de enero, pero queremos conversar antes con la Comisión de Defensa de la Cámara. Teníamos una reunión agendada, pero ellos no pudieron concurrir.
¿Incide el ingreso ilegal de migrantes en la expansión del crimen organizado?
No quiero vincular a los migrantes con la comisión de delitos, pero sí quiero vincular a la crisis migratorias. Las organizaciones se instalan en la frontera para traficar migrantes para tener un negocio donde cobran $1 millón por ingresar a una persona, y si ingresan 130 mil, entonces son $130 mil millones. Es un negocio ilícito enorme, donde, además, los métodos de acción que usan son más violentos.
En 2020, usted como diputado y también el hoy Presidente Boric, presentaron un recurso al TC para frenar la ley migratoria del gobierno anterior. Sin embargo, ha sido duro al cuestionar a esa administración por no tener una iniciativa en esta materia. ¿Hay una autocrítica de usted y su conglomerado por no tener un conocimiento cabal de lo profunda que era esta crisis?
Cuando entra un arma a Chile, lo razonable es que se dispare y quede registrada su huella balística para saber quién la percutó. La huella balística que tiene el país, que son 200 mil, la tiene en papel. En papel. No hay una base digital. Si yo quiero ver un casquillo utilizado en un homicidio y saber si el arma de la cual fue disparada entró ilegalmente al país, tengo que ir a buscar entre 200 mil papeles. ¿A quién le parece razonable eso?
Otro cosa: el Labocar de Carabineros tiene un sistema de identificación balística. Uno en todo Chile. Entonces, he sido duro, porque esa es la condición en las cuales este gobierno recibió la seguridad fronteriza del país. Sumado a eso, las condiciones del personal que custodia la frontera, son indignantes. Es por eso que cuando veo a gente hablar de cerrar la frontera, del ingreso irregular, de los migrantes sin control, y uno va a ver los controles fronterizos que dejaron sin agua, sin calefacción, en una situación miserable. Eso no requería ninguna ley para ser solucionado.
Fuente: La Tercera
