De acuerdo a expertos, si bien la medida del gobierno trasandino puede tener un impacto positivo en el corto plazo, también puede derivar en desabastecimiento y la aparición de mercados negros, entre otras complejidades.
La alta inflación no es una problemática que solo afecta a Chile. Muy por el contrario, fue precisamente para frenar el incremento en el costo de la vida que el Gobierno de Argentina anunció esta semana que congelará los precios de 1.482 productos.
En concreto, las autoridades trasandinas resolvieron retrotraer al 1 de octubre pasado y congelar por 90 días -hasta el 7 de enero-, los precios de alimentos y otros artículos de consumo masivo para hacer frente a uno de los principales contratiempos macroeconómicos que afectan al país suramericano. Esto considerando que, según los últimos datos disponibles, la inflación en Argentina creció hasta un 52,5% interanual en septiembre y en los nueve primeros meses del año acumuló un alza de 37%.
Según el análisis que hace David Kohn, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, “la idea es simple: congelo precios para que no suban”. Sin embargo, hizo un alcance y explicó a Emol que “Argentina tiene una inflación anual arriba del 50%, con una pobreza por encima del 40%”.
Además, si se considera que “el Gobierno acaba de tener una muy mala perfomance en las elecciones primarias para el Congreso”, por lo que arriesga “perder mayoría en el Senado y primera minoría en la Cámara de Diputados”, si se confirma este resultado en las elecciones legislativas fijadas para el próximo 14 de noviembre en Argentina.
Por ello, a juicio de Kohn, la Casa Rosada “busca generar impacto mediático, por un lado, y maquillaje estadístico, por el otro, ya que muchos de esos precios forman parte del costo de la canasta básica de consumo que afecta la línea de pobreza”.
¿Es efectivo fijar los precios?
Según indicó a este medio Víctor Salas, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, “el objetivo de congelar precios es contener las presiones inflacionarias, cuando estas se vuelven descontroladas”.
Esto quiere decir que “se produce un ‘acuerdo’ voluntario u obligatorio con los empresarios, productores y comerciantes de fijarles precios a un número determinado de productos de primera necesidad, 1.482 productos en el caso de Argentina, sobre los cuales se establece control estatal para evitar la evasión de la medida”.
Ante esta situación, Salas comentó que el problema en el caso de la nación vecina, radica en que “esta fijación de precios es un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados, que representan sólo el 30% de los vendedores de esos productos, mientras que los acuerdos de precio no están presentes en el 70 % de los comercios restantes”.
Consultado por la efectividad de la medida, el economista de la Universidad de Santiago afirmó que “en general, tiene efectos positivos en el corto plazo, pero desata respuestas de productores y consumidores que terminan en el mediano plazo provocando mayor inflación y problemas a la ciudadanía”.
De hecho, Kohn subrayó que “esto lo decide un burócrata que no conoce nada de los costos de producción de cada empresa, que además difieren entre sí, y que ahora mismo están expuestos a presiones de costos externas a las empresas como la suba del petróleo que afecta costos de transporte”.
Es entonces que, desde su perspectiva, se podría producir “lo que en economía llamamos el ‘efecto cobra’, medidas que pueden ser bien intencionadas pero que terminan con efectos indeseados. No solo no será efectivo, sino que generará más distorsiones de precios – junto al atraso de tarifas y del dólar oficial- que más pronto que tarde terminarán en una devaluación desordenada y una peligrosa espiral creciente en la carrera de salarios contra precios”.
Y acotó que “el único contexto en el que un acuerdo de precios podría funcionar es para coordinar expectativas como parte de un plan más amplio que contemple medidas monetarias y fiscales más ortodoxas. Mientras más focalizado y más corto, más chances que funcione“.
Los perjuicios
Varias organizaciones han manifestado reparos contra la medida. De hecho, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), acusó una “falta de voluntad por parte de las autoridades para llegar a un acuerdo con el sector”.
Además, el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, expresó que el argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos en alimentos y bebidas “pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima” de esa categoría y del índice general de precios al consumidor.
Y añadió que “la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias”.
Bajo este escenario, Carlos Smith, investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, señaló a Emol que el problema está en que la fijación de precios “genera desincentivos“.
“Si la demanda crece, y el precio está fijo, lo que sucede es que se generan desincentivos, porque los costos están subiendo también, entonces, eventualmente, ese precio puede quedar incluso debajo del costo de producción. Por lo tanto, los productores no tienen incentivos para producir, y eso trae el problema de que finalmente se generan mercados negros, que ya no están dispuestos a producir al precio oficial, pero sí por fuera (…) y pueden cobrar los precios incluso más altos que antes”, agregó.
Igualmente, dijo que “otra idea detrás de la fijación de precios es que la gente más pobre tenga acceso a estos bienes, como han ido subiendo de precio, entonces no tienen acceso, o les cuesta más, o pueden consumir menos”.
Pero este congelamiento, según el experto, puede a la vez aumentar el consumo de sectores con mayor poder adquisitivo, puede derivar en que “esta política termine racionando todo, porque dice como yo no puedo asegurar que los más pobres sean los que realmente accedan a esto y no venga el más rico, y como los productos están más baratos (…) entonces voy a racionar y aparecen las tarjetas de racionamiento”.
En ese sentido, esta disuasión también puede incidir en mayor escasez. De hecho, Kohn subrayó que “además de un ajuste desordenado que generará mas inflación al reajustar los precios cuando termine el congelamiento, los precios máximos generan desabastecimiento de mercaderías, en especial en momentos en que los costos siguen aumentando por razones externas a las empresas”.
“De forzar un aumento de la producción junto a los precios máximos, pueden generar el quiebre de empresas, en especial las pymes, y mas desempleo”, remarcó.
¿Qué política podría ser más efectiva?
Para Salas, los procesos inflacionarios “requieren un control permanente de la autoridad de política económica de un país, eso significa que los bancos centrales deben tener autonomía para controlarlos”.
Y detalló que “esto se realiza básicamente a través del aumento de la tasa de política monetaria, que a su vez provoca un aumento de la tasa de interés de la economía y en consecuencia, reduce el consumo y la inversión (demanda interna)”.
Con todo, detalló que “el control de la inflación debe ir en consonancia con el control del desempleo, porque aumentos desmedidos de la tasa de interés tienen impactos recesivos en la actividad productiva y en la generación de nuevos empleos, lo que también es perjudicial para las personas, tanto como la pérdida de poder adquisitivo que significa una alta inflación”.
Es más, desde la Universidad Católica, Kohn indicó que “en Chile, lo que esta haciendo el Banco Central al subir tasas y quitar estímulos monetarios, que debería ser complementando por una consolidación fiscal a medida que se retiren los estímulos fiscales”.
Pero en el caso de Argentina, dijo que es necesario “tener una hoja de ruta creíble que permita volver a confiar en el peso. Controlar la emisión y el gasto público. Muy difícil que lo logren, la situación probablemente va a empeorar antes que haya un cambio de rumbo”.
Fuente: Emol.com
