En septiembre se publicó un borrador del reglamento de la Ley 21.553, conocida como “Ley Uber”, donde estipula una serie de requisitos técnicos y operativos para la prestación de servicios a través de empresas de aplicaciones de transporte.
Tras lo anterior, un informe del OCEC-UDP, señaló que 35.992 personas podrían ver su fuente laboral afectada, entre las cuales 18.787 son de nacionalidad chilena y 17.135 extranjeros. Producto de esto, según el reporte, la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales (pp).
¿Cómo afectaría la “Ley Uber” a los conductores de aplicaciones de transporte?
Según dio a conocer el diario La Tercera, entre las principales exigencias de la ley se establece lo siguiente:
- Contar con una cilindrada mínima de 1,4 litros para los vehículos con motor de combustión interna.
- Durante los primeros 6 meses de entrada en vigencia del reglamento se podrán inscribir solo aquellos vehículos con una antigüedad máxima de 7 años.
- Posterior a los primeros 6 meses de entrada en vigencia del reglamento, solo podrán ser inscritos vehículos nuevos.
- Respecto a las exigencias a los conductores, estos tendrán que contar con licencia clase A.
De acuerdo al análisis realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), la implementación del reglamento, tal como está en el borrador, implicaría, por tanto, que el 88,9% de los conductores de aplicaciones de transporte no podrían seguir trabajando en ellas.
No obstante, acotan que “no necesariamente todos aquellos conductores pasarían al desempleo, ya que hay varios posibles efectos laborales”.
Según el informe, las cifras muestran que al trimestre agosto-octubre 2023, el 27,3% de quienes realizan su ocupación principal a través de aplicaciones de transportes reguladas por la Ley 21.553, se encontraba activamente buscando otro empleo, lo que implica un fuerte incremento respecto al 19,1% registrado en el trimestre móvil inmediatamente anterior (julio-septiembre 2023).
Desde el Gobierno, Jorge Daza, ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, puso paños fríos al impacto que esto puede generar, considerando que la implementación de la legislación será gradual.
“La ley estableció plazos razonables para que conductores y empresas puedan adaptarse. Estamos hablando de casi 3 años desde su aprobación. Por lo tanto, no es bueno confundir a las personas con que la regulación cambiará el panorama de un día para otro”.
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