El violento incidente que sufrió la ministra del Interior, Izkia Siches, cuando acudía a Temucuicui, abre la inquietud sobre las ideas del actual Gobierno para mejorar el trabajo de inteligencia.
“Sabíamos que podía existir algún riesgo”, dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, una vez que dio cuenta de los detalles del grave incidente que vivió ayer cuando un vehículo bloqueó el camino en medio de disparos al aire a su comitiva, cuando se dirigía a la comunidad de Temucuicui en la Región de La Araucanía.
El episodio, junto con poner en tela de juicio la preparación del viaje de la jefa de gabinete a la zona, también vuelve a abrir las dudas sobre el nivel y la calidad de la información de inteligencia con el cual cuentan las autoridades políticas del país, la cual por ley debe ser provista por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Dicho organismo, ha sido objeto de numerosos cuestionamientos desde su creación en 2004 bajo la presidencia de Ricardo Lagos, debido a su incapacidad de anticiparse a hechos de alta connotación pública, como la colocación de artefactos explosivos por parte de grupos anarquistas o el origen de los hechos de violencia durante el 18-O.
Debido a las críticas que arrastraba y un año antes de que se produjera el estallido social, el ex Presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto de ley para modernizar el sistema de inteligencia nacional, el cual busca ampliar las facultades de la ANI con miras a enfrentar de mejor forma al crimen organizado y otras amenazas internas.
Dicha iniciativa fue aprobada en el Senado y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en donde no ha registrado avances hasta hoy. De hecho, de las más de 40 renovaciones de urgencia que hizo presente el ex jefe de Estado, la última fue presentada hace 15 días, el 1 de marzo pasado.
Sin embargo, desde el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric aún no existen definiciones sobre esta materia, más allá de que es mencionada en pocas oportunidades en el programa de gobierno. Según comentaron desde el Ejecutivo a Emol, la agenda legislativa del Ministerio del Interior aún está en preparación.
Asimismo, tampoco hay luces sobre la nominación del nuevo director, que reemplazará al ex marino Gustavo Jordán, quién asumió el 15 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Luis Masferrer, que dejó el cargo en medio de reproches por la gestión de la ANI en la crisis social.
Qué dice el programa y la mirada oficialista
Dentro de las 229 páginas que contiene el documento elaborado por el comando del ahora gobernante, se encuentran tres referencias sobre la ANI: Una en el marco de los esfuerzos que realizará la administración Boric para modernizar el Estado y dos sobre la importancia que le da al tema a la hora de hablar de seguridad.
En el cuarto capítulo, el texto señala que “urge despejar las labores políticas de Interior, pero también concentrar la organización y gestión del sistema de seguridad en una cartera técnica que pueda garantizar el control del orden público, recibir información de inteligencia y supervisar el camino de la seguridad desde la prevención hasta la reinserción”.
“Por ello, y como corrección de la utilización política de la gestión del delito, proponemos la creación del Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Serán dependientes de este Ministerio las policías, Agencia Nacional de Inteligencia, Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, Programas de Prevención del delito, SENDA”, enfatiza.
Asimismo, en la sección dedicada al combate al “crimen organizado”, el programa establece “la actualización del sistema de inteligencia del Estado con una nueva arquitectura que permita la integración real de las distintas agencias y unidades de inteligencia bajo el mando y control de una agencia civil con capacidades operativas autónomas”.
Otra medida incluida por Boric es “el mejoramiento de las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero, integrándola como uno de los actores claves del Sistema de Inteligencia del Estado para perseguir el lavado de activos y cortar el flujo económico del crimen organizado”.
Sin embargo, entre los parlamentarios de Apruebo Dignidad ya han tomado algunas decisiones respecto al tema, con miras a apuntalar la gestión del Ejecutivo en esta materia. La primera de ellas es solicitar a La Moneda que se retire el proyecto de modernización presentado por Piñera para elaborar uno nuevo.
Así lo aseguraron a este medio algunos miembros de la bancada de diputados, la cual tiene tres parlamentarios en la Comisión de Defensa, en la cual está actualmente la iniciativa del gobierno anterior: Jorge Brito (RD), Tomás Hirsch (AH) y Carmen Hertz (PC), quienes ya abrieron un dialogo preliminar sobre el tema en la tarde de ayer.
“Es un tema que requiere de mucho análisis y estudio”, sostuvieron, junto con recalcar que “se debiera retirar el proyecto actual, pero no hemos dialogado aún con el Gobierno al respecto. Esperamos hacerlo en las próximas semanas al invitar a la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien será la primera invitada de la comisión”.
Fuente: Emol.com
