La tarde del jueves, mientras el ministro de Justicia, Luis Cordero (50 años), salía muy conmovido del responso del cabo Daniel Palma -asesinado la noche anterior de un balazo en uno de sus ojos durante una fiscalización en Santiago- se le acercó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien lo descolocó con un gesto que nunca imaginó. “Me entregó la ficha de mi padre en Carabineros”, cuenta con la voz cortada.
“Mi papá fue suboficial de Carabineros, por eso he dicho en las últimas semanas -marcadas por la muerte de tres carabineros- que ‘conozco muy bien a esta familia’. Mi padre murió muy joven, a los 56 años, producto de un cáncer fulminante. Ya han pasado 17 años…”, agrega el abogado tratando de contener las lágrimas al inicio de esta entrevista.
Hace tres meses, Cordero se encontraba en Berlín, acompañando a su esposa, Magdalena Atria -la actual embajadora de Chile en Alemania-, cuando recibió el llamado del Presidente Gabriel Boric. Su exalumno de Derecho Administrativo en la U. de Chile le pidió ser su ministro de Justicia, tras la salida de Marcela Ríos, en plena crisis por los polémicos indultos a condenados en el marco del estallido social.
Nada más llegar a su oficina en Morandé 107, debió reunir todos los indultos realizados desde 1980, solicitados por el Tribunal Constitucional.
Hoy es uno de los ministros de más confianza de Boric, quien hace un par de semanas le pidió que apoyara a su par de Interior, Carolina Tohá, en la discusión de la recién promulgada Ley Nain-Retamal, diseñada para “fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial”, además de una macroestrategia para enfrentar la crisis en seguridad que hoy enfrenta nuestro país.
-¿Quedó conforme con la Ley Nain-Retamal?
-Es que es relativo… Si uno lo mira desde la perspectiva de que se pudo consensuar una regla que regulará el actuar de las policías, aunque a uno no le satisfaga completamente, creo que se logró un resultado consensuado, donde el gobierno y la oposición debieron ceder. Para mí esto ha sido un proceso de aprendizaje. Me refiero a que en este cargo uno puede tener configuraciones jurídicas muy lógicas, pero el debate político y parlamentario va moldeando esas certezas a otro tipo de situación. Estoy aprendiendo los códigos de la política.
-¿Qué le pareció que el Frente Amplio y el Partido Comunista no apoyaran esta Ley?
-Desde un inicio ellos valoraron los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno, pero señalaron con la misma claridad que tenían una posición distinta respecto de las presunciones que tenía alojada la legítima defensa de las policías. Ellos no eran partidarios de otorgar una presunción de racionalidad al uso del arma de fuego y el uso de la fuerza, y a mí me parece que esa es una opinión completamente legítima. No es correcto que se comience a juzgar entre bondad o maldad, dependiendo de las discrepancias legítimas, en un debate democrático.
-Pero no es lógico que una coalición de gobierno no respalde la posición del Presidente y sus ministros…
-Para mí lo relevante es que los diputados y diputadas del Frente Amplio y del Partido Comunista siempre fueron muy transparentes desde un comienzo. Salvo ese punto, se aprobaron una serie de otras reglas por una abrumadora mayoría con el apoyo de ellos: la que restringe beneficios de libertad condicional, la que rigidiza penas a los atentados a Carabineros, la regulación del tratamiento procesal en el caso en que el policía haga uso de su arma de fuego, en el entendido de que está obrando en el cumplimiento de un deber. Y para mí, una de las reglas que tendrá más impacto, pero que desde la perspectiva pública fue menos abordada, es el tema de que un policía que ocupe su arma en el desempeño de su función no será suspendido de su trabajo ni de sus remuneraciones hasta que finalice la investigación administrativa.
-En las negociaciones no ayudó mucho la expresión del “gatillo fácil” usada por Tohá para tildar la legítima defensa privilegiada…
-Esa expresión la ocupó la ministra Tohá en el marco del debate en la sala, para explicar los riesgos que podrían tener normas muy amplias. Fue una explicación de racionalidad jurídica, que luego se transformó en una cuña política que generó controversia.
-La oposición ha culpado al FA y al PC -por la postura crítica a Carabineros que tuvieron durante el estallido social- de lo que está ocurriendo hoy con los asesinatos a carabineros. ¿Qué opina?
-Me parece que se aleja de la realidad. Los datos indican que a partir de 2020 efectivamente la tasa de homicidios ha venido aumentando mucho en Chile. Pero, a mi juicio, el dato más relevante para explicar la actual crisis de inseguridad es el veloz aumento de homicidas con imputado desconocido (Cordero saca unas hojas con distintos gráficos y continúa). Entre 2005 y 2013, el 70% de los homicidios ocurridos en Chile tenían un imputado conocido, es decir, se identificaba y castigaba al autor. Hoy, con los datos de 2022, la situación -especialmente en la Región Metropolitana, es completamente a la inversa: siete de 10 homicidios hoy no cuentan con un imputado. Esto revela que en muy poco tiempo ha cambiado la cultura criminal en nuestro país.
-La cifra es bien alarmante, ¿cuáles serían las razones?
-Puede haber múltiples razones, por lo pronto, una puede ser la llegada del sicariato a nuestro país y el aumento de la violencia en torno a bandas y crimen organizado. El problema es que cuando existen homicidios con imputado desconocido, es decir, cuando no hay sancionados, el sistema institucional está dando la señal de que existe impunidad y eso es muy complejo para la seguridad del país y para la validez de las instituciones. Por eso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció la creación de una fiscalía suprarregional en la Región Metropolitana, solo dedicada a homicidios.
-¿Cuál es su propuesta para atacar este problema?
Los problemas de seguridad se resuelven reduciendo la impunidad y teniendo un sistema de justicia penal eficaz, que supone la combinación de distintas instituciones. Un mayor número de fiscales con cargas de trabajo adecuadas, policías en labores no solo preventivas, sino que abocadas a la investigación de delitos y gestión en tribunales para que los juicios sean realizados oportunamente y no se dilaten en el tiempo. La manera de transmitir seguridad es que la impunidad sea baja. Los actuales problemas de seguridad pública no los vamos a resolver aprobando nuevas leyes. Esa ha sido la instrucción del Presidente Boric en las reuniones que ha tenido con las policías, con la Agencia Nacional de Inteligencia y los distintos poderes del Estado.
-¿Se puede lograr?
-El Ministerio Público tiene una muy buena experiencia en Alto Hospicio, donde existía una alta tasa de homicidios con imputados desconocidos. ¿Qué se hizo? Se asignó a más fiscales por un período transitorio y se reforzó la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, lo que permitió esclarecer un número importante de homicidios en muy poco tiempo.
-Valencia anunció también que los fiscales de la Región Metropolitana pedirán a la justicia la prisión preventiva de todos los extranjeros imputados por algún delito que no cuentan con Documento Nacional de Identidad. ¿Cuál es su opinión?
-Lo que él anunció es que los cuatro fiscales de la RM fijaron un criterio para pedir a los jueces prisiones preventivas a personas extranjeras que no tengan acreditada su identidad, mientras dure una diligencia. Lo más probable es que este sea un criterio nacional.
-¿Qué le pareció la reflexión de Boric sobre sus actuaciones en el pasado sobre Carabineros?
-Me parece que tiene un gran valor. Y no sólo la de él, también la de la ministra (Antonia) Orellana. Estamos en una crisis, sí, pero al igual que la del 2019, la estamos abordando de manera institucional. La presencia de los expresidentes de Chile en el responso del cabo Palma fue una imagen muy simbólica y una señal muy potente. En las dinámicas críticas, nosotros tenemos respuestas institucionales, y ese es un gran activo de nuestro país.
Fuente: La Tercera
