“Nadie quiere una cárcel cerca y por lo mismo dentro de los 31 proyectos de ley priorizados en materia de seguridad hay uno que está enfocado a tratar de simplificar los tramites que permitan la construcción y desarrollo de cárceles”, destacó Luis Cordero.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la idea planteada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a la necesidad de contar con un recinto penitenciario especial para líderes del crimen organizado, tomando como referencia el modelo italiano.
Cordero explicó que “la realidad penitenciaria ha cambiado mucho” y que en las cárceles que se han construido en tiempos recientes hay dispuestos módulos de alta seguridad.
“La sobre población penal que hemos estado teniendo, especialmente el último año, lo que ha provocado es aumentar la densidad de dichos establecimientos y por lo tanto, en algunas ocasiones, el aumento de densidad implica perder la condición de alta seguridad”, planteó.
En esa línea, dijo que la infraestructura penitenciaria Chile en la actualidad es exactamente el número de plazas desde el año 2012 en adelante, es decir 41.700-42.000 plazas disponibles.
“El número aumentó significativamente y entre el año 2021 y 2022 pasamos de aproximadamente 41 mil privados de libertad a 46 mil. A la fecha deben haber un poco más de 47 mil y las proyecciones de Gendarmería para principios del próximo año, es probable que sea un poco antes, pero para principios del próximo año es que vamos a tener sobre 50 mil privados de libertad”, detalló en una actividad con el Servel por la vigencia de cédulas para las votaciones de este año.
Frente a ello, Cordero indicó que esta sobre población penal llevó a activar una serie de mecanismos para habilitar nuevas plazas que se puedan encontrar dentro de los establecimientos, rehabilitar centros que se había tomado la decisión de cerrar y a largo plazo reactivar el plan de infraestructura penitenciaria para los próximos años.
“Construir una cárcel no es llegar y como invitar a alguien a una actividad pura y simple, esto no es como llegar y construir con legos”, comentó, acotando que hay varias restricciones asociadas a este tipo de proyectos, relacionadas al uso de suelo y planos reguladores.
“Nadie quiere una cárcel cerca y por lo mismo dentro de los 31 proyectos de ley priorizados en materia de seguridad hay uno que está enfocado a tratar de simplificar los tramites que permitan la construcción y desarrollo de cárceles”.
“La realidad delictual que tiene el país hoy es sustancialmente distinta a cuando se se diseñaron el sistema de justicia, el sistema penitenciario y la construcción de cárceles. ¿Es necesario avanzar en módulos de máxima y alta seguridad?: es correcto ¿Se están contemplando para los proyectos que se están activando a partir de ahora?: sí ¿Dónde? Eso forma parte de las decisiones estratégicas que se están discutiendo al interior del Ejecutivo”, expuso la autoridad de gobierno.
“Preocuparse de las cárceles, de la situación al interior de ellas y de las posibilidades efectivas de reinserción es también preocuparse de seguridad. La idea de que metiendo más gente a la cárcel lo que vamos a tener es un país más seguro es una ilusión y por lo mismo la cárcel, el sistema penitenciario y las medidas cautelares tienen que ser abordadas en términos estratégicos”, señaló.
Por ello, respecto al aumento de disponibilidad de plazas, dijo que el penal La Laguna de Talca sumará entre 2.400 y 2.600 nuevas plazas y se considera una ampliación de la cárcel de Concepción.
Por otro lado, dijo que “el Ejecutivo está estudiando la existencia de una medida cautelar intermedia, entre la prisión preventiva y el arresto domiciliario, con un mecanismo de seguimiento telemático, de modo de tratar de reducir el número de privados de libertad”.
Se trataría de personas “que tengan bajo compromiso delictual y que puedan tener seguimiento adecuado”, sostuvo.
Fuente: La Tercera
