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Minvu entrega explicación por el retraso en la desocupación de toma de Maipú

Tras el operativo policial para desbaratar una célula del Tren de Aragua, el alcalde Tomás Vodanovic aseguró que la megatoma “hay que desalojarla cuanto antes”.

Tras el megaoperativo policial que se realizó ayer en la Región Metropolitana para dar con una célula de los Piratas del Tren de Aragua en el marco de la investigación por el asesinato del exteniente Ronald Ojeda, uno de los puntos clave fue la toma Santa Marta ubicada en la intersección de Camino Melipilla con Avenida Pajaritos, en Maipú.

En esa línea, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, señaló que desde el municipio “sabemos que en ese campamento hay distintos fenómenos que conviven. El crimen organizado es uno de ellos, pero también hay otros que afectan la calidad de vida, la seguridad y el diario vivir de muchos de nuestros vecinos”.

El jefe comunal enfatizó en que la toma Santa Marta no puede ser habitada por familias, ya que no cuenta con medidas de seguridad y condiciones mínimas para habitar el lugar: “Por ahí pasan ductos de gas, canales, hay una carretera. No cumple los requisitos mínimos para que gente habite ese sector. Hay que desalojarlo cuanto antes”.

“Ese sector tiene problemas graves, profundos, que deben ser abordados por el Estado a través de sus distintas instituciones y nuestro rol como gobierno local es seguir insistiendo, es seguir coordinando y no descansar hasta la erradicación total de esa toma”, puntualizó el alcalde en un punto de prensa.

Esta no es la primera vez que el alcalde Vodanovic pide erradicar la megatoma en Maipú. En marzo de 2024, luego de que se encontrara el cuerpo del exteniente Ronald Ojeda enterrado en una maleta cubierta con cemento en el campamento, pidió que se realizaran esfuerzos por parte de las autoridades para trasladar a los habitantes de Santa Marta.

Sin embargo, según lo señalado ayer por el alcalde, no se puede llevar a cabo un proceso de desocupación porque “no podemos intervenir, porque alteraríamos el proceso de investigación que está llevando la Fiscalía, pero créanme que hay una coordinación de diversas instituciones, de muchos ministerios, de Carabineros, de la delegación presidencial, del Ministerio de la Vivienda, también del Serviu y el Ministerio de Obras Públicas, que son propietarios de algunos de esos paños, para, coordinadamente, lograr avanzar, yo espero que prontamente, en la erradicación”.

Terrenos del Minvu

En tanto, la seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, Carolina Casanova, aseguró a Emol que “los terrenos ocupados por ambas tomas tienen distintas entidades involucradas, incluyendo Bienes Nacionales de Uso Público, y terrenos de propiedad del Serviu, todo lo cual hace más compleja su intervención”.

La seremi destacó que “a pesar de ese contexto, hemos logrado avanzar, mediante una coordinación intersectorial que ha involucrado al municipio de Maipú, al Gobierno Regional, a la Delegación Presidencial y al Minvu a través de la Seremi y Serviu a avanzar en la modificación normativa de un paño aledaño que dentro del marco del Plan de Emergencia Habitacional, será parte de la solución de largo plazo de dichos asentamientos”.

En esa línea, Casanova explicó que el proceso de desocupación programada de la toma es coordinado por la Delegación Presidencial Metropolitana previa articulación del municipio, que son las entidades que lideran la mesa intersectorial que define el futuro de la megatoma en Maipú.

La razón principal del retraso en la desocupación es que “acá hay medio millar de familias y menores de edad para los cuales, antes de cualquier decisión, hay que buscar una solución transitoria. Los plazos que tenemos son acotados y trabajamos para poder resolver los más urgentes durante 2025, pero se estima que el proceso completo podría demorar más de dos años por la magnitud del lugar”, puntualizó la seremi de Vivienda a Emol.

Ante los largos plazos para llevar a cabo el proceso de erradicación de la toma, Casanova explicó que este es un trabajo que se está planeando hace ya varios años: “Este sector, desde antes que el caso Ojeda saliera a la luz pública, ha sido identificado como uno de los puntos críticos de la Región Metropolitana por la alta exposición a riesgos de desastre como incendios, inundaciones y también porque están en una zona de transporte y distribución de combustible para todo el país”.

“Sin embargo, no se puede desconocer que este caso, implicó también una intervención policial y socio delictual, llevada adelante por parte del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Esto ha impactado en los tiempos previstos para la desocupación programada”, aseguró la autoridad.

“Hasta antes de las acciones judiciales iniciadas por la fiscalía a raíz del caso Ojeda en marzo de 2024, se estaba realizando un catastro de las familias que debió ser interrumpido por esas diligencias y que se pudo retomar en noviembre”, mencionó.

Finalmente, la seremi de Vivienda y Urbanismo de la RM señaló que que desde la entidad “esperamos que ese proceso pueda cerrarse en los próximos meses gracias a la coordinación entre la Delegación Presidencial y el municipio”.

Fuente: Emol

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