La fiscalía formalizó a la imputada y el tribunal estableció la medida cautelar de arraigo nacional, además de un plazo de investigación de 90 días.
La Policía de Investigaciones (PDI) informó la mañana de hoy viernes la detención de una mujer por el delito de maltrato animal al contar con un criadero de cerdos y otras especies en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. El recinto no contaba con la autorización correspondiente.
El subprefecto Fabián Contreras, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana, sostuvo la investigación se inició luego de que la policía civil denuncio ante la Fiscalía la posible existencia de un matadero ilegal en la comuna ya mencionada. Esto ante una acusación difundida por redes sociales.
Los detectives iniciaron diligencias en el lugar y establecieron que había un “criadero de animales, constituido por la mayor cantidad de cerdos, los cuales se encontraban con patologías infecciosas”.
Desde la policía civil precisaron que se encontraron 55 cerdos en producción, 128 aves de corral, 26 chivos y un ternero sin trazabilidad.
“Estableciendo que los animales no tenían las condiciones de salubridad y no se reunían las condiciones para ser alimentado y de resguardo que exige la ley, se estableció el delito de maltrato animal y se procedió a la detención de la tenedora de estos animales“, dijo Contreras.
También aseguró que en el lugar se encontró una piscina donde se acopiaban residuos, los que escurrían hasta un canal aledaño.
El subprefecto sostuvo que “en la inspección del sitio de suceso, no se logró establecer que existía en el lugar de un matadero clandestino, ya que este delito tiene ciertas características que no se cumplían, entre las cuales está observar el reciente faenamiento del lugar, la venta al público de la carne”.
Los animales quedaron en “cuarentena” debido a las patologías infecciosas. Personal del SAG quedó al resguardo del resguardo de las especies.
La Fiscalía formalizó a la imputada y el tribunal estableció la medida cautelar de arraigo nacional, además de un plazo de investigación de 90 días.
FUENTE EMOL
