Esta semana fuimos testigos de una situación muy grave. Dos niños son captados amenazando a otros comerciantes ambulantes, seguramente cuidando su territorio de venta, con armas cortopunzantes y a vista y paciencia de una mujer, al parecer su madre, arriesgando su vida, la de los demás y abandonando su infancia muy tempranamente. Según los medios de comunicación estas personas son de origen extranjero y al igual que muchos que migran hacia Chile su única fuente de subsistencia es el comercio ambulante.
Chile está viviendo un proceso de descomposición social y de deterioro de la civilidad, las instituciones políticas no logran estar a la altura para detenerlo. En este contexto, la incapacidad institucional para cumplir con el rol de resguardo y protección a la población está afectando a niños, niñas y adolescentes. Nos estamos acostumbrando a leer y escuchar en las noticias sobre la participación de niños en actos delictivos, algunos de ellos terminan cometiendo graves delitos, incluso asesinando y otros son muertos en el marco de procedimientos policiales donde se produce intercambio de disparos con armas de fuego.
Hace unos días se tuvo conocimiento de la noticia que más de 50 mil estudiantes abandonaron el sistema escolar entre el año 2021 y 2022. Según el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, se han detectado más de 1.230.000 niños que si bien no han abandonado el sistema escolar presentan asistencias graves, este número corresponde al preocupante 39% de la matrícula.
En todo este contexto, la migración irregular, está generando un gravísimo escenario para la efectiva protección de niños, niñas y adolescentes que están llegando a Chile. La migración irregular impide visibilizar a las personas que habitan nuestro territorio, al producirse esto, los niños, niñas y adolescentes que entran al país en estas condiciones quedan expuestos a abusos y violación de sus derechos. El Estado tiene un deber esencial de estar al servicio de la persona humana, de dar protección a la población y a las familias, resguardar los derechos de las personas y hoy no está siendo efectivo en el cumplimiento de estos deberes. Si bien son muchos los problemas que aquejan a la sociedad chilena no es posible desconocer que la migración irregular desatada es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, sino se toman medidas eficaces pronto para regularizar este tipo de migración la crisis social seguirá agudizándose, generando un mayor grado de resistencia en la población lo que se puede traducir en discriminaciones, abusos y aumento de la pobreza, escenario en que los más afectados serán los niños.
Por: Evelyn Vicencio Rojas, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.
