Principalmente se trata de materias aprobadas en las reglas de Participación Popular, aunque hay también una comisión que jamás se constituyó.
Dos meses y medio se demoró la Convención Constitucional en debatir, diseñar y votar los reglamentos que utilizaron los convencionales para generar el proyecto de nueva Constitución que se entregará el próximo 4 de julio. En total fueron cinco documentos distintos: uno para Ética, otro para Asignaciones, otro de Participación Popular, uno de Consulta y Participación Indígena y el Reglamento base.
En general, todo aquello guió el proceso o se implementó para colaborar con ese fin, pero hubo un grupo de puntos aprobados por los convencionales que nunca lograron ejecutarse y terminaron en “letra muerta”. Las razones: tiempo y recursos principalmente, según explican los mismos constituyentes.
En esa lista está, por ejemplo, lo que plantea el artículo 22° del Reglamento General, que dice que los acuerdos de la Convención y sus órganos deberán ser publicados en idioma español pero también en las distintas lenguas de los pueblos originarios, y estarían disponibles en el sitio web oficial de la Convención “dentro de cinco días hábiles”. Los acuerdos están, pero no las traducciones.
En tanto, el Reglamento de Participación Popular es el que más ausencias dejó en el proceso. Este contemplaba, por ejemplo, “Foros deliberativos” y la incorporación de sus resultados en el proceso de debate de la Convención. Aquello se descartó en la sesión de la comisión de participación del 21 de marzo, cuando luego de posponer la discusión durante varios meses, sus integrantes criticaron que no serían tan “deliberativos” si se aplicaban en mayo, con el proceso de aprobación de normas ya terminado.
También hubo dudas sobre cuánto costaría implementarlo y qué metodología debería usarse, pero los constituyentes rechazaron los foros antes de decidirlo.
En cuanto al programa de “Educación Popular Constituyente”, algunos integrantes de la comisión que lo diseñó aseguran que en realidad no se implementó, porque estaba pensado para difundir en medios de comunicación educación cívica y herramientas para “alfabetizar” a la ciudadanía sobre el proceso constituyente, lo que no ocurrió debido a “tiempo y presupuesto”, dicen en la comisión.
No obstante, según explican desde esa misma instancia, se “transformó” en la campaña de difusión que se está haciendo ahora.
“(El programa) Es una herramienta para lograr mayor participación en el proceso constituyente y fomentar el aprendizaje sobre los temas constitucionales (…) todo lo que estamos haciendo es educación popular constituyente, los convencionales seguimos en los territorios trabajando”, contesta Paulina Valenzuela (INN), coordinadora de Participación Popular.
El fracaso del plebiscito dirimente
Pero también hubo asuntos que, si bien fueron formulados por el órgano constituyente, no recibieron respaldo del Congreso para ver la luz. Un punto clave en ese marco es el plebiscito dirimente, que se diseñó para que las normas que no alcanzaran 2/3 en el pleno pero sí 3/5 fueran consultadas a la ciudadanía.
“Se necesitaban reformas en materia legal, que dependían de las cámaras, y por eso esta Convención ofició en tres oportunidades al Congreso para que ellos pudieran evaluar la posibilidad de hacer una reforma en esta línea. Sin embargo, el Congreso no la materializó y nos parece que está bien”, respondió oficialmente el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN).
Otro punto fue el diseño original de la “Jornada Nacional de Deliberación”, que debía hacerse con el fin de, precisamente, deliberar según el cronograma de discusión de la Convención Constitucional. Estas jornadas debían desarrollarse “en todo el territorio, en un día feriado y de forma simultánea”.
De hecho, el reglamento especificaba que la Convención promovería y requeriría las reformas necesarias para la aprobación “de uno o más feriados a efectos de facilitar la participación popular”.
La Convención lo intentó, como explicó Domínguez: la mesas dirigida por Elisa Loncon y María Elisa Quinteros enviaron oficios al Congreso impulsando la legislación del plebiscito dirimente y los feriados para las jornadas de deliberación, pero no hubo ningún resultado al respecto.
A fines de mayo se realizaron jornadas, pero no se dieron en días feriados -eran viernes, sábado y domingo- ni tuvieron el objetivo de deliberar, sino informar sobre las normas y el proceso.
“Ambicioso” y “se cumplieron los objetivos”
Sobre este asunto, la constituyente Paulina Veloso (RN) criticó que el trabajo de la comisión generó “altas expectativas” en la ciudadanía que luego no se cumplieron.
“Nosotros alertamos en su momento las dificultades que iban a existir por el escaso tiempo que teníamos para realizar estos foros deliberativos, las jornadas, y el tema de los plebiscitos dirimentes, que estaba fuera de toda facultad de la Convención. Más que decir que fue algo ambicioso, fue irreal”, aseveró Veloso.
En ese mismo sentido, el convencional Felipe Mena (UDI) contestó que “la cantidad de mecanismos eran excesivos e iban a generar expectativas en la ciudadanía imposibles de cumplir. Porque sabíamos que la participación era fundamental, pero debía ser oportuna e incidente. Lamentablemente no primó el sentido de realidad, y decidieron poner sus ideas maximalistas por delante una vez más”.
Otra instancia que jamás logró constituirse fue la Comisión Promocional de Ética y Buen Vivir dispuesta en el Reglamento de Ética, y que tenía la finalidad de “prevenir conductas contrarias a las reglas éticas comunes”. Por ejemplo, debía diseñar e implementar jornadas de formación preventivas y voluntarias sobre las materias vinculadas al ejercicio ético de la función constituyente; y “elaborar un protocolo de conciliación de vida laboral y personal“.
La razón del fracaso de la instancia fue falta de interés de los constituyentes: sólo postularon cuatro -se necesitaban 9- en los dos llamados que se hicieron para iniciar su constitución, que fueron Luciano Silva (RN), María Elisa Quinteros (MSC), Loreto Vidal (Ind) y Felix Galleguillos (pueblo diaguita).
“Todos llegamos a este espacio con muchas ganas de hacer temas y a veces se nos olvidaba que sólo teníamos un año. Los distintos reglamentos y otras iniciativas de acuerdo que adoptó la Convención finalmente no se pudieron llevar a cabo por tiempo (…) pero creo que si se hace la raya para la suma, el resultado es positivo. La gran parte de los objetivos que nos propusimos fueron cubiertos por el proceso”, contestó César Valenzuela (Col. Socialista).
“No creo que haya habido ambición en ese momento, sino un ejercicio deliberativo importante por identificar aquellas materias que eran muy significativas para la instalación de la Convención, y algunas de esas fueron cumplidas efectivamente a través de otros medios”, sumó Jaime Bassa (FA).
En tanto, el vicepresidente Gaspar Domínguez remarcó que “lo principal es que el reglamento permitió que estando ahora, a casi 4 de julio, podamos tener una propuesta de texto constitucional para presentar”.
Fuente: Emol
