Por Gustavo Campos, Académico Escuela de Gobierno, U.Central
La discusión sobre la propuesta del SERVEL para extender a dos jornadas las votaciones de octubre, ha demostrado la complejidad de innovar en el ámbito público. Primero por la relevancia de un proceso electoral y porque su adopción tiene implicancias en diversos ámbitos y actores. En este caso, los partidos políticos, el gobierno, municipios, el comercio y la industria, trabajadores, vocales, locales de votación y electores. Segundo, porque en el debate público y la toma de decisiones se entremezclan los criterios técnicos y políticos para la construcción de argumentos en favor o en contra.
EL SERVEL ha entregado datos que dan sustento técnico de la iniciativa, pero se han diluido en un debate basado en una lógica oposición-oficialismo, en lugar de garantizar un proceso electoral fluido para más de 6 millones de votantes, con 4 papeletas. Por último, y como todo proceso de innovación, han aparecido desconfianzas y resistencias naturales ante el cambio de un proceso sensible, las que han derivado en cuestionamientos hacia la institucionalidad, la legitimidad y validez de los resultados. La innovación responde a un objetivo superior, como es fomentar y facilitar la participación electoral, lo que no sólo es socialmente deseable, sino que es un imperativo ético, un deber democrático, que exige buscar nuevas y mejores formas de facilitar y alentar el voto ciudadano.
