Por Juan José Ronsecco, Presidente de CORPROA
La recientemente promulgada Ley 21.659 sobre Seguridad Privada ha generado un intenso debate. Si bien esta ley busca regular distintos aspectos de la industria de la seguridad y guardias privados, son varios los reparos en torno a su contenido y potenciales efectos.
A nuestro entender, la nueva ley genera un debilitamiento del Estado, ya que éste se desliga de su responsabilidad en materia de seguridad pública, delegando en los privados una función esencial.
No olvidemos que hasta hace unos años atrás, todos los gobiernos apuntaron en la dirección contraria, esto es, reducir la cantidad de armas en circulación y robustecer los requisitos para portarlas, precisamente ante el riesgo para la población civil, el potencial robo de éstas por los delincuentes y para circunscribir el uso de armas de fuego en las policías y las fuerzas armadas, quienes cuentan con personal altamente entrenado para hacer uso de ellas.
Las empresas afectadas por la nueva ley, deberán desviar su atención de la producción para contratar vigilantes armados, los cuales podrían tener interacción con trabajadores y comunidades en situaciones de riesgo, siendo el arma, carente del respaldo de la autoridad, una potencial fuente de conflicto, forzando a los “vigilantes privados” a hacer frente a diversas situaciones en las cuales decidir si hacer uso de su arma o no, con todo lo que eso implica para su integridad física, mental o la de terceros.
Si bien aún resta conocer el Reglamento que definirá la implementación de esta ley, para lo cual deberemos esperar de seis meses a un año, la Ley 21.659 sobre seguridad privada presenta diversos aspectos que generan dudas y reparos.
Esperamos que las autoridades escuchen a las distintas voces que han planteado se consideren modificaciones y ajustes, para que la ley realmente cumpla con el objetivo de mejorar la seguridad en nuestro país, sin debilitar la función del Estado ni vulnerar los derechos de los ciudadanos y los trabajadores.
