- Tras el apoyo a la iniciativa en ambas cámaras, la Superintendencia instruyó la aplicación de la tabla de factores única y el ajuste de todos los planes de salud antes de septiembre. Posteriormente, se implementarán alzas de precios y las futuras devoluciones masivas.
Tras un año de exhaustivas discusiones centradas en las comisiones de Salud de ambas cámaras, que remataron la semana pasada en intensas jornadas para aprobar medidas de emergencia ante la crisis, finalmente el Gobierno logró sacar adelante la ley corta de isapres en el Congreso ayer lunes.
El proyecto contó con un apoyo mayoritario en ambas instancias legislativas. En el Senado, se contabilizaron 39 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. En la Cámara de Diputados, fueron 122 a favor, 14 en contra y 10 abstenciones.
A la salida de la votación, la ministra de Salud, Ximena Aguilera -quien durante la extensa tramitación realizó un trabajo permanente junto al superintendente Víctor Torres-, agradeció el apoyo transversal, señalando que se acabó “el riesgo que teníamos de tener una crisis sistémica”. Aseguró que, con esta ley corta, se cumple la sentencia y se dan condiciones para dar estabilidad al sector.
“Los mecanismos que tiene la ley son suficientes para garantizar la solvencia del sistema de salud como un todo”, sostuvo.
Origen del proyecto
Este proyecto tuvo su origen en uno de los tres fallos que, entre 2022 y 2023, la Corte Suprema dictó en contra de las isapres, tras acciones judiciales iniciadas por sus propios afiliados. Se trata de la sentencia por tabla de factores, la que más golpeó a las aseguradoras.
Estas tablas son las herramientas que utilizan las isapres para fijar los precios de los planes según nivel de riesgo. Recién en 2019 -luego de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de 2010 que sostuvo que las tablas utilizadas por el sistema vulneraban ciertas garantías-, se creó una tabla de factores única, que comenzó a regir en abril de 2020, pero solo para los planes en comercialización.
Sin embargo, antes las demandas de los usuarios, el Máximo Tribunal terminó ordenando a las isapres adecuar todos sus planes a la Tabla Única y devolver todos los cobros en exceso, lo que puso al borde de la insolvencia a un sistema ya presionado por las alzas de precio que se congelaron en la pandemia, el incremento en los costos y los altos gastos en licencias.
Así, el 9 de mayo de 2023, el Gobierno ingresó un proyecto de ley que buscaba, por un lado, instruir el método para que las isapres realizaran sus devoluciones, pero, por otro, impedir una quiebra sistémica que causara una crisis sanitaria.
Corazón de la ley
El principal artículo de este proyecto -y que fue el foco central de las acaloradas discusiones que protagonizaron su tramitación- es aquel por el cual se aplicará una adecuación de todos los planes a la Tabla Única de Factores.
Para este efecto, y solo a horas de la aprobación de la ley corta, la Superintendencia de Salud a emitió en la noche de ayer lunes una circular instruyendo esa medida (ver recuadro).
Junto con ello, las aseguradoras deberán presentar un plan de pago de devoluciones por los cobros en exceso, tanto respecto a la nueva tabla de factores, como por las cargas no natas y menores de dos años, lo que también fue instruido por la Corte.
Junto con ello, las empresas presentarán propuestas de reducción de costos y, también, para la incorporación de una prima extraordinaria por cada beneficiario, la cual fue establecida en la iniciativa para aportar a la sostenibilidad financiera de la industria. La prima no podrá implicar un alza mayor a un 10% respecto al precio vigente en julio de 2023.
Todo esto, deberá ser aprobado por la Superintendencia, que se asesorá con un nuevo Consejo Consultivo, cuya opinión no será vinculante.
Deuda: US$ 1.240 millones
Aparte de este mecanismo central, la ley introdujo otras cláusulas, arduamente negociadas en el Congreso, que tienen como fin mantener en pie al sistema.
Por ejemplo, ahora ningún afiliado pagará menos del 7% de cotización obligatoria. Los planes que pagan por debajo de ello se adecuarán hacia arriba (las isapres deberán ofrecer una mayor cobertura), lo que busca aumentar los ingresos de las compañías. Porque, como fue enfática la ministra Aguilera, el problema no era sólo la deuda con los afiliados, sino que, con la tabla única, también habrá un tema de flujo que complicará a las aseguradoras.
Asimismo, las isapres tendrán hasta 13 años para pagar la deuda y, en sus próximos tres reajustes ordinarios anuales (2025-2027) por Indicador de Costos de la Salud (ICSA), no tendrán el mecanismo de contención que opera mediante una comparación con la Modalidad de Libre Elección (MLE) de Fonasa, por lo que las alzas autorizadas serían mayores.
También se dio la opción del “pronto pago”, por el cual las isapres pueden pactar una devolución anticipada -con una tasa de descuento- a los afiliados que así lo deseen. En contrapeso, las empresas no podrán repartir utilidades mientras cumplen con los pagos.
La deuda del sistema, siempre fue la cláusula más discutida. Y hasta la votación de este lunes, hubo algunos en la oposición, como el senador Sergio Gahona (UDI), quienes sostuvieron que un recálculo de la deuda era la mejor opción para evitar alzas en los planes. Por meses, la idea de la mutualización -principio por el cual los usuarios de un seguro comparten riesgos-, que bajaba la deuda, protagonizó las discusiones, pero nunca fue acogida por el Ejecutivo.
Con todo esto, la deuda estimada estaría en torno a los US$ 1.240 millones, gracias a la adecuación de todos los planes al 7%. Sin ese artículo, habría quedado cercana a los US$ 1.600 millones.
Además, este proyecto también agregará una nueva atribución para Fonasa, la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), que el organismo podrá licitar a compañías de seguros para que formulen ofertas a sus usuarios.
A regañadientes
El proyecto, eso sí, parece no haber dejado contento a nadie. En las votaciones, senadores y diputados argumentaron aprobarlo sólo por el sentido de emergencia, para evitar una crisis sistémica.
No obstante, desde la oposición, como dijo el propio senador Juan Antonio Coloma (UDI) esto se hizo “con resignación”, debido a que estiman que el proyecto no resuelve el problema estructural y, además, habían abogado por una menor deuda con menores alzas en los planes. En el oficialismo, en tanto, catalogaron algunas de las medidas de contención como un “salvataje” para las isapres.
En la industria, tampoco hay optimismo. Al interior de distintas isapres temen que, al encarecerse los planes, la migración de afiliados a Fonasa se profundice, emporando las condiciones financieras de las empresas. Tanto los ajustes al 7% obligatorio, como la prima extraordinaria y los mayores reajustes por ICSA hasta 2027, tenderían a subir los precios de los planes.
Las isapres hoy tienen menos de 2,7 millones de beneficiarios, muchos menos que los más de 3,3 millones que llegaron a tener. “Es una reforma de facto”, plantean desde una isapre y, adelantan, que la competencia en la industria será cada vez más dura.
Además, alertan que el equilibrio será mínimo y que, incluso, un “mal invierno” con una mayor siniestralidad podría poner en jaque a alguna de las compañías, dice un directivo del sector.
Junto con la ley corta, el Gobierno se comprometió a comenzar a tramitar en octubre una reforma más profunda al sistema de salud. Y tanto en el Parlamento como en el sector privado, esperan que, esta vez, la promesa del Ejecutivo se cumpla.
Ajuste de precios en los planes regirían desde el mes de septiembre
Con la aprobación de ley corta de isapres finalmente completada en el Congreso, muchas son las preguntas que se formulan de cara a la etapa de implementación de la iniciativa.
Una de las principales se refiere a qué pasará con los precios de los planes para los afiliados. Este mismo lunes, la Superintendencia emitió una circular mediante la cual instruyó a las isapres adecuar todos sus planes a la Tabla Única a más tardar el 31 de agosto.
“Desde septiembre entonces, habrá una sola tabla para todos los contratos de las Isapres con sus afiliados”, dijo el superintendente Torres. En ningún caso, establece la norma, esto podrá implicar un alza en el precio final de los contratos, por lo cual sólo impactará para aquellos usuarios que pasarán a pagar menos por el plan.
Esta adecuación se realizará simultáneamente con otras dos: primero, todos los planes que paguen menos del 7% de cotización legal se ajustarán a ese porcentaje, acabando así con los excedentes. Dicho artículo tiene como fin solidarizar la cotización de quienes pagan menos del 7% y tiene como efecto una reducción de la deuda del sistema isapres. Y, segundo, la prima extraordinaria que podrán aplicar las empresas para retomar el equilibrio financiero.
¿En qué plazos ocurrirá esto? A partir de que la Superintendencia emita su circular, las isapres tendrán un mes -prorrogable otro mes, por una única vez- para presentar un plan de devoluciones y ajustes.
En la industria plantean que a las aseguradoras les conviene hacer esto de la manera más expedita posible, en la premura por recuperar su solidez financiera.
Tras esto, la Superintendencia tiene cinco días para remitir los antecedentes entregados por las isapres al Consejo Consultivo que lo asesorará para aprobar los cambios en los planes. Ese Consejo tendrá treinta días para emitir su recomendación y, luego de eso, la Superintendencia tiene diez días más para pronunciarse sobre el plan. Si se instruyen cambios o se rechaza la propuesta de una aseguradora, se abrirá un nuevo proceso de revisión con el Consejo.
Según ejecutivos de la industria, todo este proceso de aprobaciones debería tardar algo más de dos meses en total, por lo que los precios finales de los planes deberían quedar definidos hacia agosto, impactando en los estados financieros de las isapres un mes después, en septiembre próximo, tal como estableció la Superintendencia de Salud en su circular.
FUENTE DIARIO FINANCIERO
