El Consejo de Defensa del Estado se sumó al caso que investiga ciertas aristas en el desarrollo del proyecto llamado “Continuidad Operacional de Faena Minera Atacama Kozan”, en el cual se proyectaba el aumento de la capacidad de disposición de relaves mineros, incorporando un depósito de relaves filtrados apoyado sobre un muro del tranque de relaves actual de la empresa, el que se encuentra ubicado entre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, según lo expone la querella presentada por el CDE.
En el documento se especifica que “el proyecto fue presentado como una Declaración de Impacto Ambiental y debía someterse en su tramitación al análisis y autorización de varios servicios con competencia ambiental, donde era parte la Dirección General de Aguas de Atacama, además de autoridades regionales.
En la querella se señala la importancia que tenía en esta aprobación la DGA, debido al grave compromiso del recurso natural hídrico en la zona, atendiendo al estado actual del acuífero del río Copiapó y su sobreexplotación.
Según el Consejo de Defensa del Estado, en este proceso, la opinión técnica de la Dirección General de Aguas de la Región de Atacama fue “modificada mediante un oficio posterior de un modo absolutamente arbitrario por parte de los querellados, quienes a pesar de contar con toda la información relativa” en vez de requerir un Estudio de Impacto Ambiental, para la correcta evaluación del proyecto, solo manifestaron conformidad con una Declaración de Impacto ambiental, contraviniendo la normativa actual.
En el texto se menciona que el Director (s) de la DGA, en este momento, identificado como R.S.G.,en su informe declara que la utilización del recurso hídrico que se propone “generaría efectos adversos significativos sobre la cantidad de recursos naturales renovables, en particular, el recurso agua, por lo cual , su vía de ingreso debió ser un Estudio de Impacto Ambiental”.
En medio de este proceso, y tras cambios en la Intendencia de Atacama, donde se designó a un exgerente de la misma empresa aludida en el cargo de máxima autoridad regional, el funcionario que entregó el informe adverso al proyecto de la empresa minera fue removido de su puesto y por instrucción de la Directora Regional de la DGA de la época, entregó instrucciones a otro funcionario para que cambiara el informe adverso, con lo cual finalmente se dio luz verde al proyecto. Todo lo anterior fue corroborado con los correos electrónicos entre los involucrados, que dejaron evidencia de dichas maniobras.
En la misma querella del CDE se informó que el funcionario despedido y por orden de la Contraloría General de la República, fue reincorporado en su trabajo.
Por este hecho y otros más relativos a la otorgación de los permisos respectivos, el CDE se querelló por el delito de prevaricación administrativa, tanto en contra de L. A. U. M, como funcionario y contra M.A. F. L. como directora de la DGA y sus respectivas responsabilidades.
