La mañana de este jueves, en el Tribunal de Garantía de San Antonio, el Gobierno se hizo parte del caso que preocupa a la comuna puerto y que comenzó a descubrirse la semana pasada, cuando el colegio Gabriela Mistral anunció a través de un comunicado que las denuncias en contra de uno de sus auxiliares —separado de sus funciones en diciembre por presunto abuso sexual—habían crecido en número.
El Ejecutivo —representado por la gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela Alcalde; la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown; y los seremis de Justicia, Educación y Desarrollo Social— interpuso una querella a nombre del Servicio Nacional de Menores (Sename) en contra del funcionario, que fue detenido este martes y formalizado por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, según informó El Líder de San Antonio.
A pesar de que el colegio comunicó que inicialmente existía una única denuncia, el número de casos fue aumentando con el paso de los días. “Con fecha 12 de diciembre del año 2018, recibimos a una apoderada indicando que ella, en forma particular, haría una denuncia en contra de un asistente de la educación de nuestro establecimiento, quien habría incurrido en actos de abuso sexual contra una de nuestras alumnas”, relató el establecimiento el pasado viernes.
Tras el primer caso, el colegio activó los protocolos establecidos por el Mineduc y suspendió al funcionario de sus labores, junto con implementar “acciones tendientes a prevenir y detectar casos de vulneración de derechos y abusos”. “Es en el marco de estas intervenciones que el 25 de abril, otras alumnas decidieron denunciar hechos de similar naturaleza, los cuales habrían sucedido en años anteriores y sindicando como responsable al mismo funcionario”, agregaron.
Ante el nuevo escenario, el establecimiento dio aviso a las familias e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Finalmente, el hombre de iniciales A.G.B., y 48 años, fue arrestado este martes y en su control de detención se le imputó haber realizado tocaciones a al menos 13 escolares entre los años 2012 y 2018. Tras enfrentar los cargos, quedó en prisión preventiva.
“Estamos presentado esta querella porque para el Gobierno del Presidente Piñera es muy relevante cuidar a nuestros niños”, aseguró este jueves la gobernadora. “Cuando existe este tipo de denuncias, sabemos que tenemos que poner todos los protocolos gubernamentales a la parrilla y eso es lo que hoy día estamos haciendo”, agregó. En tanto, la subsecretaria de la Niñez afirmó que “esto es parte de lo que tenemos que hacer entre todos”.
El Ministerio Público confirmó que el imputado se encontrará privado de libertad por los 180 días que dure la investigación y que indagan la eventual existencia de más víctimas dentro del mismo establecimiento.
Fuente: emol
