A nueve días de que se cumpla el plazo que tiene el Gobierno para presentar el erario del próximo año -el primero de la era Boric-, expertos evaluaron cómo debiese ser en un escenario recesivo, de alta inflación y con una corrección fiscal en curso.
Quedan exactamente nueve días para que se cumpla el plazo que tiene el Gobierno para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2023, el primero de la era de Gabriel Boric. Y si bien Hacienda continúa afinando los últimos detalles del erario, ya han trascendido algunas de sus características y lineamientos.
Es así como, tras la brusca reducción de 22,5% el año pasado -US$82.135 millones- para compensar todo lo desembolsado en 2021, el gasto público volvería a expandirse, entre 4% y 5%, el próximo año.
A este respecto, y tratándose del primer erario de la actual administración, lo que se buscará es tratar de que la inversión refleje las propuestas programáticas del Ejecutivo, aunque con la conciencia del riesgo de recesión que se prevé para el próximo año.
Y según se ha adelantado,las prioridades estarían centradas en la inversión pública para poder darle un impulso a la economía, las pensiones y la seguridad, considerando la relevancia que estos temas tienen para la ciudadanía en la actualidad.
La expansión el gasto, de acuerdo a la Dirección de Presupuestos (Dipres), es el resultado de los parámetros entregados por los comités de expertos independientes a partir de los cuales se estimó una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) No Minero Tendencial para 2023 de 1,9% anual y un Precio de Referencia del Cobre de US$3,74 la libra.
Desde la Dipres agregaron que a estos parámetros se suma un mejor 2022, lo que también dejaría más espacio de gasto. “En el actual proceso de actualizaciòn del escenario macroeconómico, estamos previendo un mejor cierre 2022 con respecto al proyectado en el Informe de Finanzas Pública (IFP) del segundo trimestre, tanto en términos de ingresos y balances, como en un menor nivel de deuda y una mayor acumulación de activos. Esto dejaría a las finanzas públicas en una posición mucho más sólida para enfrentar el próximo año 2023”, destacó la entidad a El Mercurio.
Con estas estimaciones, el gasto público volvería a crecer en 2023, luego de la fuerte caída de 24% estimada para este año, en línea con la Ley de Presupuestos 2022, que fue la última que se hizo bajo el mandato de Sebastián Piñera y que buscaba volver a estabilizar las finanzas públicas tras la inédita expansión fiscal de 33,4% en 2021.
Este año fue cuando se produjo el mayor desembolso en respuesta a la irrupción del covid-19 y se explicó principalmente por la entrega del IFE universal.
Consultado por las cifras, Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, indicó a Emol que “los números que ha manifestado el ministro Marcel cumplen dos requisitos que me parece que son importantes. Uno es que, efectivamente, continúa en una senda de corrección de la situación fiscal, que es absolutamente necesaria, que tiene otro lado de la moneda, que es la reforma tributaria”, resaltando que “hay una corrección fiscal en curso que es importante y que el país tiene que entender que es importante que se haga”.
Por otro lado, mencionó que la propuesta “juega el rol contracíclico que uno también esperaría en un momento de desaceleración económica y virtual recesión como el que estamos teniendo, y continuará la primera parte del próximo año. Entonces, uno mezcla esas dos cosas y los números dichos son números que parecen, en términos gruesos, razonables”.
Junto con ello, Larraín manifestó: “me parece muy bien que se focalice en los temas sociales, dado que hay una demanda por ello muy importante por ello en el sector salud, en el sector vivienda”.
Desde la otra vereda, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, aseguró que en materia de presupuestos “es importante mantener una posición que permita ir recuperando la responsabilidad fiscal. En esa línea, el incremento del gasto público debería situarse entre 2 y 3%, consistente con que la deuda pública converja hacia 50% del PIB en los próximos años. Estamos en la mira de las clasificadoras de riesgo, por lo que la señal que se entregue será clave en su lectura”.
Además, Lehmann advirtió que mientras no exista un acuerdo en materia tributaria -considerando que es un debate que inició recientemente-, “debe primar la cautela”.
“Habrá que mirar con cuidado los fundamentos detrás de la propuesta preliminar de Hacienda, pero a primera vista parece una cifra alta ante la necesidad de consolidar las cuentas fiscales”, agregó.
No obstante, sí dijo estar “de acuerdo en que se privilegie la seguridad y las pensiones, entendiendo que se trata de temas urgentes a abordar, en línea con las principales preocupaciones de la ciudadanía. El foco en inversión pública también es clave, de forma de apoyar la actividad en un año especialmente complejo, además de reconocer la necesidad de fortalecer la infraestructura del país y recuperar competitividad”.
El docente investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, apuntó que “el Presupuesto del Gobierno debiera ajustarse en no más allá de un 2%”, ya que “el nuevo cálculo del PIB Tendencial lo que revela, sacando la minería, es que no hay una capacidad muy grande como para endeudarse, más considerando los vaivenes que puede generar esa diferencia, a pesar que las estimaciones de precios del cobre sean positivas en el mediano plazo”.
“Creo que están siendo muy optimistas en lo que pueda pasar con la minería, con la inversión, porque los niveles de incertidumbre nos hacen ver que eso va a ser difícil de lograr. Además, con una reforma tributaria que va a tener modificaciones, que se va a demorar más en salir, y que seguramente, no va a recaudar lo que el papel dice que va a recaudar”, aseveró.
Rodrigo Fuentes, académico del Instituto de Economía UC, anticipa que la recaudación fiscal no será muy distinta a la de este año, en un escenario con paupérrimas proyecciones de crecimiento y elevada inflación. “Esto es un círculo vicioso difícil de romper: alta inflación, mayores tasas, menor actividad, menor recaudación, menor espacio fiscal”, sostuvo.
“Frente a un escenario así de complejo, el gasto del Gobierno, que incluye transferencias, no debiese crecer más allá del 2%. Sin duda, que la orientación de la política fiscal debiese ser la inversión pública que ayude a aumentar la capacidad productiva del país”, expuso, añadiendo que sin ello “se hace muy difícil contar con recursos para llevar a cabo cualquier plan responsable de incremento en gasto público”.
Finalmente, respecto de la reforma tributaria, Fuentes comentó que “es importante tener en cuenta que dicha reforma no será aprobada en forma tan rápida, y que la implementación requerirá al menos de un año fiscal entero, con lo cual recién en el tercer año de gobierno se podría empezar a ver los primeros frutos”.
Fuente: Emol
